Bilbao eliminará todas las primas por prejubilación tras 22 años de vigencia

El Ayuntamiento de Bilbao eliminará todas las primas por prejubilación para sus funcionarios, una medida aplicada durante los últimos 22 años para rejuvenecer la plantilla. La primera sentencia en Euskadi del Tribunal Supremo que ha tumbado estas gratificaciones ha llevado al consistorio bilbaíno a  eliminarlas de manera general.   Estas primas llegan a alcanzar dos años de sueldo. La sentencia del Supremo y la decisión del Ayuntamiento de Bilbao abren la vía para dejar sin estas indemnizaciones a los más de 20.000 empleados en las administraciones locales vascas.

Hasta hace dos años, pese a las reticencias de los consistorios, los juzgados vascos autorizaban siempre estos pluses. Pero, desde 2020 una sentencia del Tribunal Superior vasco había dictado jurisprudencia: solo se avalan en los ayuntamientos donde existe un plan específico de recursos humanos, empleo o de racionalización de la plantilla.

El acuerdo para aplicar estas remuneraciones estaba plasmado en el llamado Udalhitz, vigente desde hace 17 años en la mayoría de los 250 ayuntamientos vascos. En el actual Udalhizt, las primas por jubilación aparecen en los artículos 95 y 96 de dicho convenio, con cuantías que van desde medio año de sueldo si la jubilación se produce el año anterior o de casi dos años si se materializa cinco años antes.

El sistema funcionó con normalidad hasta hace poco, cuando el Ayuntamiento de Vitoria intentó revocar las primas al colectivo de bomberos. En 2017 anuló la remuneración concedida a un bombero, una decisión avalada en un principio por un juzgado de lo contencioso administrativo con el argumento de que en estos casos no había una merma de la pensión.

Pero el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia que, en una sentencia dictada en julio de 2019, dio la razón al bombero y avaló la prima porque su existencia pretende “fomentar la racionalización de los recursos humanos y, en consecuencia, la de favorecer la renovación de los funcionarios por otros más jóvenes”.

Desde entonces, hubo un goteo de sentencias de juzgados de lo contencioso que respaldaron estas primas por jubilación anticipada, frente a la postura contraria de los ayuntamientos y la asociación de municipios Eudel

Sin embargo, los consistorios, reticentes al pago de estas gratificaciones, han ido argumentado que su abono solo es posible si en el municipio está aprobado un plan de racionalización de recursos humanos. Estos planes apenas existen en los municipios vascos, salvo en casos muy concretos, como Bilbao, Basauri o Irún.

Lograron el respaldo del Tribunal Superior, que cambió en 2020 el criterio. El presidente de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, Luis Ángel Garrido, en una sentencia dictada el 27 de mayo de 2020, señaló que “no basta con la intención de racionalización, sino que es la aprobación del programa la que permite fijar la correspondiente prima de jubilación”. Con ello, estableció que solo los funcionarios de ayuntamientos con un plan de racionalización tienen derecho al cobro del plus de jubilación anticipada

La consecuencia fue que los juzgados que avalaban la concesión de la prima empezaron a dictar sentencias que la desestimaban y hubo decenas de funcionarios que se quedaron sin esta remuneración, frente a otros empleados que las han cobrado. 

El asunto se volvió a complicar cuando el Ayuntamiento de Bilbao, que dispone de un plan específico para avalar estas primas, suspendió las gratificaciones en junio de 2000 con el argumento de la crisis económica causada por el Covid-19. El Consistorio bilbaíno, según un informe de la Intervención Municipal del pasado año, ha visto disminuidos sus ingresos anuales en más de 70 millones de euros. Desde 2000, ha pagado 7,7 millones por jubilaciones anticipadas y calcula que hasta 2025 el coste superará los 50,6 millones de euros.

Entonces, llegaron las contradicciones a los juzgados vascos. con sentencias denegatorias y favorables. El Ayuntamiento de Bilbao llevó estos casos al Tribunal Supremo con el argumento, entre otros, de que existen 75 reclamaciones tanto de bomberos como de policías municipales de Bilbao para cobrar las primas.

El Supremo emitió en abril la primera sentencia en Euskadi sobre estas reclamaciones de primas. En el fallo, dictado el día 5 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo , se rechazan las sentencias emitidas anteriormente por un juzgado y el Tribunal Superior vasco que avalaron la indemnización a un bombero. Esa sección está presidida por Pablo Lucas Murillo, hermano de Enrique Lucas Murillo,  vocal del máximo órgano de los jueces, el CGPJ, quien fue propuesto por el PNV, el partido que gobierna el ayuntamiento de Bilbao y la mayoría de consistorios vascos.

El fallo del Supremo niega el cobro de la prima al argumentar que, como los bomberos tienen la posibilidad de jubilarse entre los 59 y 60 años, no se trata de una jubilación anticipada sino que tienen un “régimen específico” que posibilita “un adelanto o reducción de la edad de jubilación”.

En su resolución, el Supremo agrega la jurisprudencia de un caso en un ayuntamiento de Asturias, donde el alto tribunal también tumbó, en un fallo del pasado 16 de marzo, las primas a tres policías municipales por carecer de una norma que avalase las indemnizaciones.

En Euskadi, la Ley de la Función Pública Vasca de 1989 tiene un artículo, el 22, que claramente daba cobertura al pago de estas primas. Pero, con la sentencia del Supremo sobre el bombero, es muy posible que empiece una cascada de resoluciones denegatorias de indemnizaciones. Otra incógnita es qué pasará, si se van tumbando más casos, con los empleados municipales que están cobrando actualmente las primas. 

El fallo ha propiciado la rápida reacción del Ayuntamiento de Bilbao, la institución que llevó el caso al Supremo. La dirección de Recursos Humanos ha planteado prohibir cualquier pago de primas por jubilación a sus funcionarios, que ahora superan los 2.500. Acepta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de que “es necesaria una previsión legal básica expresa, es decir una previsión básica estatal, que no existe”, por lo que “resulta imposible mantener la vigencia de dicha medida”, señala en un informe firmado el pasado 4 de mayo.

Por ello propone derogar las primas “por invalidez legal”. El acuerdo, adoptado en la llamada mesa de negociación con los sindicatos, debe avalarse ahora por la Junta de Gobierno y posteriormente ratificado por el pleno municipal.

El lío sobre los pagos de las primas por jubilación anticipada a los funcionarios municipales en Euskadi ya se generaliza con la decisión del ayuntamiento bilbaino de extenderlo a todos sus empleados. Son cantidades millonarias (solo en Bilbao se calcula que tendría que pagar más de 50 millones en los próximos cinco años) que afectan a un colectivo de 20.000 empleados municipales de Euskadi. Llama la atención que una institución vasca apele a la normativa estatal y no haga ninguna referencia a la ley de función pública vasca que avala claramente estas primas desde hace 33 años. Una medida que buscó desde el principio rejuvenecer las plantillas públicas y crear empleo. Cuando interesa y afecta al dinero, parece que no importa tanto el autogobierno vasco.