El exalcalde de Iurreta, Iñaki Totorikaguena.

El exalcalde vizcaíno condenado por desviación de poder, colocado como directivo de una empresa pública de la Diputación

El exalcalde vizcaíno condenado por desviación de poder que dimitió en marzo ha encontrado rápidamente acomodo público. Inmediatamente después de dejar el cargo, el exprimer edil de Iurreta Iñaki Totorikagüena (PNV) ha sido colocado como director de una empresa dependiente de la Diputación de Bizkaia, con un salario de más de 91.000 euros anuales. Totorikagüena es desde marzo director general de la Fundación Biscaytik, una fundación que se dedica al impulso de las nuevas tecnologías en los ayuntamientos vizcaínos y cuya labor es muy cuestionada por los empleados de los consistorios. Varios partidos políticos lo califican de “chiringuito”.

Totorikagüena fue condenado en febrero del pasado año por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por un delito de desviación de poder debido al cese ilegal de la secretaria municipal Irma Domingorena, después de que la empleada pública desvelara irregularidades en la gestión municipal.

La secretaria municipal, con 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal, descubrió cómo se había autorizado al arquitecto municipal para la adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a su hija por un valor cercano a los 3.000 euros, sin que acometiera ningún trabajo para el Ayuntamiento de Iurreta. Detectó además hasta alrededor de 60 contratos menores (los que se adjudican sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) sin que se hubieran cumplido las exigencias legales de control.

Poco después, a finales de 2020, se le despidió de forma fulminante. Un mes antes de hacerse efectivo el cese, el entonces alcalde ordenó que no se diera trabajo a la secretaria mediante un correo electrónico y en día festivo por la noche.

El Tribunal Superior de Justicia vasco inició hace casi tres años, en junio de 2021, la investigación para determinar si se ocultaron las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del exalcalde Iñaki Totorikagüena. Y es que el primer edil argumentó, cuando decidió prescindir de Irma Domingorena, que el Ayuntamiento de Iurreta “se encuentra inmerso en una serie de proyectos estratégicos especialmente complejos en el ámbito urbanístico, organizativo y de Administración electrónica que requieren para su consecución de la prestación de servicios por parte de personal especialmente cualificado; con experiencia y un adecuado conocimiento tanto de la organización como de la idiosincrasia municipal”.

En su sustitución, se nombró, por el llamado mecanismo de acumulación, a la secretaria de la localidad cercana de Amorebieta. Se trató de Aizbea Atela, quien fue juntera (miembro del Parlamento de Bizkaia) en representación del PNV durante 8 años, de 2003 a 2011. Permaneció en el cargo únicamente 13 meses, hasta que pidió ser sustituida. Su puesto fue ocupado por una administrativa, como secretaria accidental, y diplomada en Magisterio, una categoría nada habitual para este cargo, ya que suelen ser técnicos y no administrativos y además con una licenciatura en Derecho o Empresariales que le permite tener conocimientos jurídicos. Un perfil muy alejado del que argumentó el anterior alcalde cuando prescindió de la secretaria.

El puesto de secretario es clave en un ayuntamiento y un perfil “crítico” es molesto para determinados alcaldes que no quieren “obstáculos” legales en cuestiones como el urbanismo.

Hace más de un año, en febrero de 2023, el Tribunal Superior vasco dictó una sentencia que apreciaba desviación de poder por parte del ayuntamiento y declaró nulo el despido de la secretaria, con la restitución a su puesto y el abono de los salarios de la exsecretaria durante los dos años y medio que llevaba entonces sin su trabajo.

Pese a la sentencia, la afectada continuó sin su trabajo. Por ello, pidió la ejecución provisional de la sentencia referida a su reincorporación. Y de nuevo el Superior, en un auto dictado el 9 de julio de 2023, desestimaba los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Iurreta, que rechazaba la reincorporación, y ordenó su reincorporación inmediata. El entonces alcalde cumplió entonces el requerimiento y, desde agosto pasado, la secretaria está de nuevo reincorporada a su puesto, aunque actualmente se encuentra de baja laboral.

La sentencia del Superior solo fue recurrida por el Ayuntamiento ante el Supremo. La Diputación vizcaína, la institución que formalmente tramitó la destitución, no lo hizo. En un fallo dictado el pasado 24 de abril, el Tribunal Supremo rechaza la petición del Consistorio de Iurreta y hace firme el fallo del Superior vasco.

Eso supone el pago de los salarios atrasados a la secretaria municipal durante tres años y medio, que, sin incluir los intereses, suponen más de 200.000 euros. Una cantidad que, junto a otros conceptos y el pago de la cuota empresarial a la Seguridad Social, se acercará a los 300.000 euros, según fuentes municipales.

A finales de febrero, tras 17 años como primer edil de Iurrreta, Totorikagüena envió un e mail a sus empleados en el que anunciaba su abandono, que fue efectivo a partir del 7 de marzo, sin concretar las razones. “Necesito dar un paso al lado, necesito un cambio. Los últimos años han sido duros a nivel profesional y también a nivel personal, también con un problema de salud imprevisto y que no esperaba cuando accedí a presentarme por quinta vez”, aseguró.

Sin embargo, fuentes municipales han atribuido la salida del ayuntamiento a las dos sentencias judiciales por el cese ilegal de la secretaria. De hecho, en la campaña de las últimas elecciones municipales, en mayo pasado, pocos meses después de la primera condena, Totorikagüena no participó. Estuvo de baja desde el 27 de abril hasta junio, una vez pasados los comicios y cuando fue reelegido por quinta vez consecutiva.

En el anuncio de su marcha como alcalde, no revelaba su próximo destino laboral, que ya conocía. Ha sido también en el sector público y en una fundación de la Diputación vizcaína, Biscaytik, dedicada a ayudar en el uso de las nuevas tecnologías y calificada como “chiringuito” por varios partidos políticos de Bizkaia. Además, empleados de ayuntamientos han criticado de manera reiterada los fallos de funcionamiento y los retrasos en los aplicativos informáticos (control de horario, contratación, registro de documentos, atención a la ciudadanía) que ofrecen a los municipios.

Pese a ello, Biscaytik ha quintuplicado su plantilla en los últimos cinco años. De la media docena de empleados que tenia en 2019, ha pasado en 2024 (según consta en los presupuestos de la Diputación de Bizkaia de este ejercicio), a 24 trabajadores. El presupuesto de personal ha pasado de medio millón de euros a los más de 1,5 millones de euros en 2024.

Totorikagüena ha reemplazado en el cargo a otra exalcaldesa, Alaitz Etxeandia, primer edil del municipio de Lezama entre 2007 y 2015 y a quien la Justicia ha anulado (en un caso inédito en Euskadi) por cuatro veces un plan urbanístico que beneficiaba a su familia. El pelotazo impulsado por Etxeandia obligó a su familia a devolver 1,5 millones de los casi 2,2 millones de euros percibidos en 2007 como adelanto de una operación que les iba a reportar unos beneficios de 5,5 millones de euros.

Se repite la historia. Un alcalde condenado por un delito (desviación de poder en este caso) que es colocado de manera inmediata en un “chiringuito” público con un sueldo millonario. Si a quien gestiona de manera deficiente lo público se le premia, pocos profesionales de valía querrán planificar y manejar los recursos de todos nosotros.

1 Comentario
  • Gorka García

    20 mayo, 2024at1:07 pm Responder

    Gracias por este y otros artículos, Alberto. Es muy triste que la mayor parte de la población o no se entera de estos -por desgracia abundantes- temas o, en muchos casos, simplemente no quiere enterarse. O no le importa.

    La corrupción política siempre ha existido, pero en los últimos años está llegando a niveles extremos. Y está afectando a nuestra economía mucho más allá del dinero que se llevan directamente: las empresas están abandonadas a su suerte ante una administración pública centrada exclusivamente en la promoción personal de sus protegidos y en que toda la economía se supedite a su control. Un auténtico caso de mafia napolitana que no tiene pinta de ir a acabar en plazo alguno.

    Un saludo.

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