Los vecinos de Glefaran denuncian de nuevo contaminación y el Gobierno vasco niega emisiones ilegales

Tras más de medio año de calma, los vecinos vuelven a denunciar la actividad de Glefaran, la empresa que  prometió hace tres años 60 empleos directos y otros 300 indirectos pero causó durante un año, entre 2006 y 2017, la contaminación en la comarca vizcaína de las Encartaciones. La plataforma Güeñes Bizia, que en junio pasado dio por concluido el problema, retomará sus protestas ante lo que considera “un engaño” del Gobierno vasco “al persistir la contaminación”. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo ha elaborado una Autorización Ambiental Integrada (AAI), sujeta ahora a las alegaciones, “que beneficia a la empresa”, apuntan. Medio Ambiente rechaza que se estén incumpliendo los límites de emisiones y que se han impuesto valores “más restrictivos” de los legales.

Glefaran, ubicada en los municipios de Güeñes y Zalla, causó un sinfín de molestias de humos y ruidos a los vecinos durante 14 meses (entre 2016 y principios de 2017). Un largo periodo en el que los responsables de la factoría insisitieron en que siempre habían cumplido con la legalidad y que no causaban contaminación.

Sus propietarios son el grupo vizcaíno Orue (una familia vizcaína dedicada históricamente al sector de la madera), que adquirieron en 2014 in extremis la antigua papelera Pastugren, en un proceso concursal. Fue una operación singular porque tres meses antes ya estaba decidida la venta a otro empresario guipuzcoano pero el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a los administradores que se esperaran un trimestre más. Hasta que llegó la oferta del grupo Orue.

Anunciaron una inversión de hasta 12 millones de euros para la producción  de astilla y pellets de madera, un producto cada vez más utilizado como combustible en chimeneas del hogar, la fabricación de pasta  y la generación de energía renovable a partir de la biomasa.  Pero la planta arrancó en 2016 con una única actividad: la cogeneración a través de la quema de residuos. Nada de producción de pellets, fabricación de pasta o generación de energía renovable. Los 300 empleos se han quedado en una decena de trabajadores y la actividad se limita a la cogeneración.

Desde el principio de la actividad, empezaron los problemas con sucesivos episodios de náuseas e irritaciones respiratorias entre los vecinos cercanos a la planta y a menudo cenizas y polvos en sus vehículos y viviendas. El anterior equipo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco apenas intervino en el problema. Hasta que la presión vecinal (se creó la plataforma Güeñes Bizia,  que junto a Aranguren Aurrera, recogieron 1.450 firmas y  movilizaron a 2.000 personas en una manifestación) hizo mella y Medio Ambiente, con un nuevo equipo, paralizó la actividad de la planta. Se comprobó la realidad del problema: las emisiones superaban hasta cinco veces los límites legales de emisión de partículas y se constató que Glefaran había eludido la instalación de un electrofiltro (uno de los principales aparatos anticontaminación en una empresa).

Los controles de emisión impuestos y la desaparición de emisiones molestas tranquilizaron a los vecinos. Hasta ahora. Este fin de semana, la plataforma vecinal ha celebrado una asamblea en la que denuncian el incumplimiento de las promesas de la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno. Aseguran que persiste la contaminación. “En los 84 días de mediciones, entre octubre y diciembre, en 60 días se na rebasado el valor de 30 mg/Nm3 de las partículas de suspensión establecido para todas las plantas de biomasa”.

Censuran con dureza que la Autorización Ambiental Integrada (el permiso impuesto por la Unión Europea que debe contar cualquier empresa contaminante para funcionar) elaborada por Medio Ambiente establece los valores de las partículas de suspensión (uno de los contaminantes más graves para la salud humana) en 75mb/Nm3 “cuando la viceconsejera nos dijo que sería de 50. Eso es porque Glefaran tiene problemas para funcionar en el parámetro de 50. Además, el valor para emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), que iba a ser de 300, ahora inexplicablemente se lo suben a 650.  Y eliminan los valores para monóxido de carbono”.

“Le han hecho una AAI a la carta y a la medida de sus deficiencias”, afirman. “Lo han hecho a nuestras espaldas y engañándonos. El pueblo está completamente indignado: por lo que han hecho y por la manera de hacerlo”.

El Ayuntamiento de Zalla, la institución activa la institución más activa el pasado año en buscar una solución (con cerca de 30 escritos de quejas y peticiones de reuniones), ha interpuesto un recurso contra la Autorización Ambiental Integrada y denuncia que se están produciendo “episodios puntuales de contaminación”. Zalla es la única institución a la que Glefaran ha denunciado a los tribunales por anular la licencia para fabricar pasta al caducar el plazo estipulado. Curiosa esta preocupación de la empresa por la licencia  cuando en dos escritos, de la Confederación Hidrográfica del Norte y del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, aparece su rechazo a la fabricación de pasta de papel.

El Departamento de Medio Ambiente rechaza cualquier episodio contaminante en los últimos meses. Las mediciones de las emisiones realizadas entre octubre y diciembre han registrado “una media de 21,474 mg/Nm3” de partículas en suspensión, cuando la “única referencia específica” existente actualmente para plantas de biomasa  “es de 150 mg/Nm3”. Asegura que los picos, que llegan a alcanzar los 500 mg/Nm3, se deben a “los procesos de arranque y parada. Es como cuando el coche arranca y emite más entonces. Pero lo que se tiene en cuenta es el valor diario y ese cumple la legislación”.

Medio Ambiente enfatiza que en la AAI elaborada se ha bajado “el límite de 150 a 75 mg/Nm3” y que es más restrictivo al ser “un límite diario” y no anual, el cual puede tergiversarse si hay jornadas en las que la planta no tiene actividad. Precisa que el límite de 50 mg/Nm3 que esgrimen los vecinos es a partir de 2025, según establece el decreto de 2017 de la ley de calidad de aire (ver página 17) sobre plantas de biomasa con una potencia de entre 5 y 20 megawatios, como es el caso de Glefaran. Defiende el límite impuesto en los óxidos de nitrógeno “porque es el que está establecido en el reglamento que va a sacar” el Gobierno central y considera “irrelevante” la eliminación de valores para el monóxido de carbono porque “ni siquiera se considera un contaminante en ninguna normativa”. Mantiene su disposición a la comunicación de los vecinos, interrumpida los últimos meses porque “la plataforma ha cambiado de interlocutores”.

El caso de Glefaran vuelve a la palestra por los recelos de los vecinos, que estuvieron un año ninguneados por casi todas las administraciones. Es razonable que no se fíen de una empresa que contaminó sin pudor durante un año y no ha cumplido prácticamente nada de lo que prometió en creación de empleo. El Gobierno vasco no debe bajar la guardia, como hizo en el pasado, y le convendría, además de vigilar el cumplimiento de la legalidad, buscar de nuevo la confianza de los afectados.