El Gobierno inicia el castigo contra los grupos independientes municipales: 50.000 euros de multa por gastarse 200 euros

La amenaza lanzada el pasado verano se ha consumado. Ayuntamientos gobernados o con concejales de plataformas municipales independientes han recibido la apertura de un expediente sancionador con multas superiores a los 50.000 euros por gastos electorales en 2015…de poco más de 200 euros.

Las elevadas sanciones afectan a 26 agrupaciones independientes en Euskadi y más de 500 en toda España. El primer ayuntamiento vasco en el que se ha recibido la notificación con la apertura del expediente sancionador ha sido el de Amurrio (Álava), en concreto a la plataforma Ahora Amurrio, que cuenta con dos de los 17 concejales del municipio.

Las multas anunciadas suponen un torpedo para estas pequeñas agrupaciones, surgidas en las mayorías de los casos por grupos de ciudadanos en municipios donde los partidos tradicionales han protagonizado una nefasta gestión y en bastantes casos han sido relevados de las alcaldías por estos grupos.

La plataforma Ahora Amurrio recibió la última semana de febrero la comunicación con el expediente sancionador. Como informó este blog, en julio pasado más de 500 agrupaciones independientes de toda España tuvieron conocimiento de un escrito del Tribunal de Cuentas, en el que se iniciaba el proceso sancionador y se concedía un plazo de 15 días para formular alegaciones a las agrupaciones afectadas.

La norma con las elevadas sanciones por gastos irrisorios fue aprobada en marzo de 2015, por el PP  y el PSOE, en la modificación de la ley de financiación de partidos políticos. El tope de gasto electoral, descontado el nailon y papeletas electorales que no computan como tal, es 0,11 euros por vecino con derecho a voto. Si la agrupación se excede en más del 10% supone una infracción muy grave, que lleva aparejada una sanción mínima de 50.000 euros y puede alcanzar los 100.000 euros, según especifica el artículo 17 bis de la ley de financiación de partidos políticos.

La normativa es discriminatoria para estas agrupaciones y favorece a los partidos tradicionales: los que se presentan en la mitad de los municipios de cada provincia se pueden gastar, además de esos 0,11 euros por vecino, hasta 150.301 euros adicionales por provincia.

En Euskadi, las plataformas municipales afectadas totalizan 26, según el listado que aparece en el Boletín Oficial del Estado del pasado 12 de mayo: nueve en Álava, otras nueve en Vizcaya y ocho en Guipúzcoa. Hay casos, como en Leza (Álava), donde el gasto electoral en la campaña de los comicios municipales fue de 253,22 euros pero la ley solo permite a una agrupación independiente gastarse en esa localidad 22 euros. En Lasarte-Oria (Guipúzcoa), la agrupación Lasarte-Oria Puede rebasó lo estipulado en 254 euros y la Candidatura Local Independiente de Balmaseda (Vizcaya) lo superó en 379 euros.

La plataforma Ahora Amurrio es la primera en Euskadi que ha recibido el expediente sancionador: se gastó en la campaña de 2015 un total de 4.573 euros y la ley fijaba el límite en 3.447

La plataforma Ahora Amurrio se gastó en la campaña de 2015 un total de 4.573 euros y la ley fijaba el límite en 3.447. Esta agrupación se enfrenta a sanciones de más de 50.000 euros, como otras 19 asociaciones independientes vascas. Solo cuatro plataformas incurren en  gastos que no superan el 10% de lo estipulado y las multas son inferiores a esa cantidad.

Algunos grupos independientes han pedido la anulación del expediente, al haber caducado por no haber recibido una respuesta a sus alegaciones en el plazo de tres meses que marca la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21.3. La mayoría cree que las elevadas multas son una maniobra para erradicar de los ayuntamientos a agrupaciones que han desalojado a partidos tradicionales, muchas veces por mala gestión o corrupción.

En cualquier caso, es la primera vez que se adopta una medida sancionadora contra estas plataformas. El propio presidente del Tribunal de Cuentas de España, Ramón Álvarez de Miranda, admitió en junio pasado, al presentar su informe sobre estas irregularidades, la necesidad de revisar la legislación y adoptar cambios en las sanciones mínimas que se imponen por esos incumplimientos porque son muy “elevadas”.

Las asociaciones apolíticas en los municipios han ido aumentando en Euskadi y ahora hay 39 ayuntamientos con alcaldes independientes, el 15% del total, y 80 municipios con grupos independientes, lo que les da representación en el 30% de las localidades del País Vasco.

Los temores del verano pasado se han confirmado y el Tribunal de Cuentas no ha aceptado las alegaciones de las agrupaciones independientes, colectivos de ciudadanos que han entrado de rebote en la política, hartos de una nefasta gestión municipal. Sancionar con 50.000 euros a quienes se han gastado 253,22 euros en una campaña suena a chiste. Más cuando siguen aflorando los casos de millones de euros de financiación opaca de partidos políticos tradicionales y el grupo que gobierna España, el Partido Popular, está acusado formalmente en un juicio de financiación ilegal. Huele a maniobra para echar de la política a ciudadanos “no profesionales” y que algunos sigan mangoneando a su gusto.