La irrisoria multa de 600 euros a la fábrica ilegal de Bilbao que debía haberse derribado hace un año

El caso de la fábrica de Bilbao ilegal desde hace siete años sigue instalado en el sainete. El Ayuntamiento de Bilbao, después de un año de requerimientos a la empresa Hormigones Vascos para que acometa el derribo ordenado por la Justicia, le ha impuesto la irrisoria multa de 600 euros. El consistorio ha encargado además un estudio sobre los costes de la demolición, que la han cifrado en casi un millón de euros.

La planta, ubicada en un suelo no urbanizable, debía haber parado su actividad en 2011 pero ha seguido fabricando hormigón hasta 2016. Esta hormigonera se construyó la década pasada en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao.  El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Su construcción fue denunciada en los tribunales por un propietario cuyos terrenos se expropiaron para habilitar la fábrica y solo la intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al consistorio, que durante cuatro años hizo caso omiso a la paralización de la actividad. El Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre de 2016 el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016.  Se trata además de una fábrica que recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.  Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

Hace dos meses, el Tribunal Superior vasco lanzó un severo rapapolvo a las administraciones públicas. Censuró, en una sentencia, hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos

Los reproches del Tribunal Superior al ayuntamiento confirman su parcialidad en este caso. Primero permitió la ubicación de una fábrica en un suelo no urbanizable; luego incumplió el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Solo intervino en 2015 cuando recibió el toque de atención de la Fiscalía. Con la sentencia del cierre, en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.

Pese a que, en mayo de 2016, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017, la planta sigue en pie hoy en día. En respuesta a una pregunta del grupo municipal de EH Bildu, este concejal detalló las gestiones realizadas desde hace un año, que han pasado por exigir a la empresa la presentación de una licencia de derribo. La compañía ha hecho caso omiso y se ha dedicado a presentar recursos administrativos y judiciales. El último, formulado en marzo ante el juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Bilbao, exige cambiar el plan general de Bilbao para que el área donde está la fábrica se recalifique como urbana.

Todo apunta a una estrategia de ganar tiempo, sobre todo tras el reciente anuncio de la Diputación de Bizkaia de acometer una nueva fase de la Supersur. Hormigones Vascos buscaría así un argumento para mantener su planta ilegal.

Y el Ayuntamiento bilbaíno, ¿qué ha hecho? Incoar una multa de 600 euros “con advertencia de la imposición de posibles nuevas multas coercitivas”. La “amenaza” municipal incluye la ejecución por el consistorio del derribo. El Ayuntamiento  encargó a la empresa Activa Ingenieros la elaboración de un informe con los costes de la demolición, elaborado el pasado 20 de marzo, en el que se concluye que el presupuesto total del derribo se eleva a 958.855 euros. Una inversión inasumible ahora en el ayuntamiento bilbaíno, cuya partida para este tipo de actuaciones es de 170.000 euros, según fuentes municipales. Sería necesario crear otra partida específica.

De nuevo, estamos con una empresa poderosa a la que la administración consiente demorar el derribo de una fábrica ilegal. No se suele ser tan condescendiente con una modesta tienda o un bar que incumple la ley. Y cuando los tribunales reiteran “pasividad” y tolerancia en la actuación de las administraciones con una empresa que ha recibido 4,7 millones de dinero público de más que dudosa justificación, ha facturado millones de euros por fabricar hormigón durante cinco años de actividad ilegal y tiene dos sentencias que certifican la ilegalidad de la fábrica. ¿Asistiremos a más irrisorias multas mientras la fábrica sigue en pie?