Un juzgado investiga falsificaciones en el Ayuntamiento de Bermeo contra un vecino acosado los últimos cinco años

El acoso que sufre durante los últimos cinco años un vecino de la localidad vizcaína de Bermeo tiene más novedades. Un juzgado de Gernika investiga ahora la falsificación en el Ayuntamiento de un documento público en un expediente con el que el consistorio quiere entrar en la vivienda del vecino con el propósito último de derribarla. Una cruzada contra la persona que en 2013 denunció (y ganó en los tribunales) la ilegal reclasificación de un solar en Bermeo para construir 40 pisos con un informe técnico contrario.

El juzgado tomó declaración el pasado 17 de diciembre a la ex secretaria municipal y a todo el equipo de Urbanismo del ayuntamiento (el anterior arquitecto y dos técnicos) para que aclaren lo ocurrido con una consulta catastral. El delito de falsificación de un documento público lleva aparejada penas de hasta 6 años de prisión.

Esta es otra historia de alguien que denuncia un delito urbanístico y, en vez de ser protegido y más tras dictaminar los tribunales que se incumplió la ley, empieza a ser acosado por su ayuntamiento. El protagonista es José Antonio Ercoreca, que denunció en 2013 la reclasificación de terrenos  en el barrio de San Miguel. Tiene un solar en la zona y en 2008 le denegaron la petición de que pasaran de la clasificación de urbanizables a urbanos (un cambio sustancial ya que evita gastos de urbanización, la entrega al ayuntamiento del 15% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre). En cambio, un constructor, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, logró en 2012 la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo que le beneficiaba a él pero no al solar adyacente de Ercoreca.

Dos meses después de presentarse la denuncia, en abril de 2013, el constructor denunciado demandó al vecino por la construcción de un caserío a partir de, según su escrito, una caseta rural. En solo dos días, el arquitecto municipal emitió un informe contrario sobre la vivienda y en menos de un mes, el consistorio abrió un expediente disciplinario que, sorprendentemente, fue calificado de “penal” por la alcaldesa Idurre Bideguren (EH Bildu) en el Boletín Oficial de Bizkaia. A finales de ese año, en diciembre de 2013,  sin realizar ninguna inspección ocular, el consistorio bermeano inició el expediente de demolición del caserío del vecino. Seis meses después el ayuntamiento rectificó y lo transformó en una inspección urbanística.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Bermeo ha pedido en tres ocasiones a los tribunales autorización judicial de entrada al caserío, una solicitud rechazada por el Tribunal Superior de justicia en 2015 y 2017. En este último un fallo dictado el 15 de febrero de 2017 por el Tribunal Superior vasco, se concluye que “carecía de apariencia de legalidad la actuación administrativa que soportaba la autorización de entrada” al caserío. El fallo no entró, sin embargo, en el fondo del asunto, que fue abordado por el Tribunal Superior vasco en otra resolución dictada el 13 de julio, en el que avala que el consistorio investigue el caserío del vecino. La sentencia, tras ser recurrida por José Antonio Ercoreca, está pendiente de la decisión definitiva del Tribunal Supremo. Sin embargo, sin esperar a la decisión del Supremo, el Ayuntamiento de Bermeo publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia del pasado 31 de enero la nueva petición de entrada en la vivienda.

En estos últimos pleitos es cuando el juzgado ha detectado una manipulación documental: la consulta catastral sobre el caserío “ilegal”, una actuación obvia para determinar la infracción, está fechada el 9 de julio de 2015 (más de dos años del inicio del expediente). Dicha consulta de 2015 se une al informe del arquitecto municipal de 19 de abril de 2013 que informó de la ilegalidad de la vivienda.

Pero hay más. La secretaria municipal, tras la petición de aclaraciones por parte del juzgado, señaló que un técnico del área de Urbanismo se “hizo con los certificados de catastro el 15 de noviembre de 2012”. Es decir, que antes de que se presentase la denuncia contra el vecino por su caserío “ilegal”, en abril de 2013 y antes de que en ese mismo mes el Ayuntamiento abriera el expediente disciplinario.

Además, el informe catastral (ver folio numerado como 7 en el expediente urbanístico) ya calificó al caserío como vivienda, en contra de la denuncia inicial de que se trataba de una caseta rural. De hecho, según ha transcurrido el tiempo, el ayuntamiento ha modificado ese concepto y lo ha cambiado a la ejecución de obras de reforma.

En la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 1 de Gernika, las declaraciones de la ex secretaria y el equipo municipal de Urbanismo, el pasado 17 de diciembre, no han aclarado la inclusión de la consulta catastral con dos años de retraso. “No participé en el contenido del expediente”, declaró la ex secretaria. “No puedo afirmar lo que pasó en el expediente”, dijo una técnica de Urbanismo. Si coincidieron en que aquel documento se incluyó porque la fotocopia “tenía más nitidez”. Un auxiliar administrativo dio una versión sorprendente del hecho que se aportara una consulta catastral realizada cinco meses antes de abrirse el expediente. “Es habitual que en el ayuntamiento se haga eso sin necesidad de que haya ningún expediente”.

Es muy grave que desde una administración pública se inicie un expediente urbanístico de derribo de una vivienda sin incluir ni siquiera el documento catastral que certifique la situación urbanística del inmueble. Que se cuele dos años después ya incurre en un posible delito, como está investigando el juzgado de Gernika.Y el acosado es un vecino que denuncia, y gana en los tribunales, una operación urbanística ilegal. El mensaje es claro: si denuncias te hacemos la vida imposible. Es lo que está ocurriendo en este municipio de Euskadi.