El juez de Bilbao que se va de directivo a la empresa pública Paradores deja pendientes 27 sentencias

El juez de Bilbao, Diego Íñiguez Hernández, que ha sido nombrado como directivo de Paradores (la empresa pública que gestiona 97 establecimientos hoteleros en España), un puesto con un sueldo que supera los 100.000 euros, ha dejado pendientes la resolución de 27 sentencias. Íñiguez, hasta ahora magistrado de lo contencioso-administrativo de Bilbao, ha dejado esta tarea pendiente desde febrero, cuando se aprobó su excedencia como juez para trabajar para la empresa turística española.

Como ha informado este blog, Íñiguez  carece de experiencia en el sector del turismo.  Su nombramiento como directivo (en concreto del área de personal) aparece ya el pasado 24 de abril y está publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (el conocido como Borme) del 4 de mayo.

Diego Íñiguez accedió a la judicatura sin superar las oposiciones, a través del denominado cuarto turno. Es un sistema implantado en 1994, ideado por el entonces presidente español Felipe González para renovar un colectivo de jueces excesivamente girados a la derecha, según se justificó entonces. La entrada de nuevos magistrados sin tener que recurrir a las oposiciones supuso ampliar el espectro ideológico pero, a la vez, según medios judiciales, que cada partido tuviera sus cuotas de jueces. Una politización que es comúnmente admitida y muy criticada por el mundo judicial y jurídico.

A través del cuatro turno también accedió a la judicatura otro magistrado polémico, Edorta Etxarandio, que como ha informado este blog, protagonizó uno de esos episodios de las puertas giratorias: de juez de lo mercantil pasó a ser administrador de concursos de empresas en quiebra, una labor que es fiscalizada por magistrados del área mercantil y que le reportó elevados ingresos económicos.

Diego Íñiguez entró en la judicatura en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Bilbao en 2011. Pero no debió sentirse a gusto, porque solo dos años después, en 2013, ya salió a desempeñar un cargo en la Oficina europea de patentes,  para lo que se exigía ser juez.

Volvió a la carrera judicial hasta que el pasado febrero se aprobó de nuevo su excedencia. Pidió su salida de la judicatura con la intención de formar parte del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, (el máximo órgano de los jueces en España) y de hecho aparecía en la lista de 50 jueces y magistrados que a finales del pasado año optaban a uno de los 12 puestos del CGPJ.

Pero no salió y finalmente ha encontrado acomodo en la empresa pública Paradores, que gestiona 97 establecimientos hoteleros y más de 4.000 empleados. Es una entidad pública criticada por los altos sueldos de los directivos y las bajas retribuciones de los empleados. El último recorte ha sido con motivo de la crisis del coronavirus y ha dejado salarios de 600 o 650 euros. “En el mejor de los casos, unos 700. No llegan ni al salario mínimo interprofesional (SMI)», han denunciado los sindicatos. El SMI está fijado en 950 euros mensuales.

Íñiguez ha protagonizado, a través de artículos en la Prensa, continuas críticas contra el servilismo de la Justicia hacia el poder. En octubre pasado, censuró con dureza, en un artículo en El País, los privilegios de los jueces del PP en el Consejo General del Poder Judicial y defendió la necesidad de proteger a los jueces independientes.

El hecho de que dejara 27 sentencias pendientes de dictar ha sido tratada en una de las últimas reuniones de la cúpula judicial vasca, en la llamada Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En la reunión del pasado 3 de abril, según refleja el acta (ver punto Tercero), se trata la petición del juez que sustituye a Diego Íñiguez al frente del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Bilbao para resolver este atasco de trabajo.

El juez que le sustituye, Emilio Lamo de Espinosa, (también miembro de la Sala de Gobierno), expuso dos propuestas: que Íñiguez realizase esa tarea si no hay incompatibilidad con su nuevo cargo o, en caso contrario, que el nuevo juez asumiera la tarea pero con un plan de trabajo de dictar cinco sentencias mensuales.

La cúpula judicial, sin expresar más argumentaciones, acordó eximir de dictar las 27 sentencias al anterior juez “e interesar, en su caso, el refuerzo del juzgado al que afecta la medida”.

Si ya era criticable que un juez, especialmente sin conocimientos del área, pase a ser directivo de una empresa pública turística y con un elevado sueldo, es inconcebible que deje pendientes, nada más y nada menos, que 27 sentencias pendientes de dictar. ¿No podía haber resuelto ese trabajo cuando ya sabía que iba a dejar su puesto de juez? ¿O retrasar su marcha hasta solventar gran parte del trabajo? Y sorprende el acuerdo de la cúpula judicial vasca de trasladar el trabajo pendiente al juez sustituto.