La Audiencia de Bizkaia confirma el juicio contra dos ex alcaldes de Alonsotegi acusados de corrupción por un “agujero” de 15 millones

El juicio contra dos ex alcaldes de la localidad vizcaína de Alonsotegi acusados de corrupción por un “agujero” de 15 millones de euros en el Ayuntamiento está más cerca. La Audiencia de Bizkaia ha confirmado el procesamiento y la celebración de la vista contra los que fueron primeros ediles entre 2003 y 2011, Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban, ambos del PNV. La Audiencia ha ratificado el procesamiento igualmente contra tres abogados y el arquitecto asesor. Se les acusa de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

Seis años después de iniciarse la investigación judicial, ya no caben más recursos para evitar el juicio. De hecho, ya han pasado dos años desde que el juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo decretara el procesamiento de los seis acusados. El municipio de Alonsotegi es ahora la localidad vasca con más ex alcaldes acusados de corrupción, ya que el que fuera primer edil entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (también del PNV),  ha sido igualmente procesado para ser enjuiciado, junto a dos arquitectos municipales, el aparejador y dos constructores, por desvío de fondos en el ayuntamiento.

La decisión adoptada por la Audiencia de Bizkaia se refiere al caso de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, en la que el Ayuntamiento se gastó 7,3 millones sin documentación que lo justificara, según los informes de la interventora municipal. Esta sociedad, que funcionó entre 2003 y 2011, dejó al disolverse un agujero de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora.

“Se desconoce el importe exacto de los gastos en los que la sociedad [Alonsotegi Eraikiz] incurre con motivo de la gestión propia de los asuntos municipales que, a pesar de recogerse en el Capítulo IV del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, no han sido autorizados, dispuestos ni reconocidos tales créditos”, decía textualmente la interventora. Se refería a facturas sin aprobación, contratación de personal sin conocerse el proceso de selección, datos sobre el IVA diferentes al Ayuntamiento de Alonsotegi y la Hacienda de Bizkaia. 

Las investigaciones se iniciaron en 2014 tras una denuncia presentada por EH Bildu y concluyeron en julio de 2018 con el procesamiento de los dos alcaldes de ese periodo entre 2003 y 2011, Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban. Una auditoría externa ha cifrado en 15 millones el agujero económico.

El Tribunal Vasco de Cuentas, que utiliza siempre la mesura en sus informes, fue demoledor en la  auditoría que en 2016 realizó sobre la polémica sociedad urbanística. «No ha cumplido la normativa legal que regula su actividad económica-financiera», una frase que casi nunca emplea en sus informes pese a que siempre hay incumplimientos de mayor o menor gravedad de los organismos públicos que fiscaliza. En el informe completo, se censura la deficiente gestión de los dos ex alcaldes, con sobrecostes de obras de hasta el 165%, ventas de terrenos por debajo de la tasación, o abonar dos veces la misma factura a una constructora.

 El PNV se apresuró entonces, a finales de 2014, en denunciar, en el diario Deia, que «aquí no hay ni enriquecimiento, ni financiación ilegal, ni saqueo de las arcas públicas, ni robo, que es lo que abarca la corrupción» y la Diputación de Bizkaia, por boca del ahora diputado general Unai Rementeria, aseguró en las mismas fechas que Martinez de Arenaza, en esas fechas director foral de Turismo «no roba dinero».

El auto de la Audiencia de Bizkaia, dictado el pasado 26 de mayo, acaba con las sucesivas demoras del caso y ya solo queda que cada parte formule los escritos de acusación y se fije la fecha de la vista oral, que será con un jurado. La resolución de la Audiencia reprocha los retrasos, para lo que “ha concurrido eficazmente la masiva utilización de cuantos recursos prevé la ley, y a veces incluso de los que no prevé”.

La Audiencia vizcaína relata las ilegalidades principales, como el cobro de la  sociedad municipal por la venta de terrenos de un importe de 3,9 millones de euros “sin que se conozcan el destino de dichas cantidades de dinero”; la construcción del campo de fútbol municipal con un sobrecoste del “64 % superior al importe adjudicado” y el abono “de 851.146,94 euros, desconociéndose el destino dado al importe recibido”; o que los servicios de arquitectura del Ayuntamiento “vienen siendo prestados sin ningún tipo de contrato”.

Los tribunales tienen abiertas otras dos investigaciones más por corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi en las tres legislaturas que transcurrieron entre 2003 y 2015. El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales.

La segunda se refiere a certificaciones falsas de obras en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción del caso, iniciada en 2016, ya ha revelado que Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obras falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el ex acalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación. 

La tercera investigación, la más reciente, imputa al que fue alcalde entre 2011 y2015, José Luis Erezuma, por obras falsas ocurrido en noviembre de 2011 tras unas riadas en el municipio de Alonsotegi. Se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Pero la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones.

De hecho,  uno de los dos constructores encausados Eduardo Ibarra, declaró en el juzgado que las obras no se ejecutaron. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con [su empresa] Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas falsas. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”.

Ya es hora que seis años después de iniciarse las investigaciones, se enjuicie a los dos alcaldes acusados de dejar un “agujero” de 15 millones de euros en su municipio. Y parece inconcebible que hayan transcurridos dos años desde que el juez instructor decretara el procesamiento. Lo que ha ocurrido en Alonsotegi, con un tercer alcalde igualmente procesado, y una tercera investigación judicial aun sin concluir, debería sonrojar a sus protagonistas y a quienes les han nombrado y protegido hasta hace poco.