El concejal de Urbanismo de Erandio, investigado por prevaricación al negar información

Un juzgado de Bilbao investiga por un posible delito de prevaricación al concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Erandio Egoitz Bilbao (PNV) debido a la negativa a aportar información urbanística a un vecino desde hace más de un año. El Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco) le ha reprochado esta actitud al edil, dada la “obligación” por ley de tramitar “de forma rápida” las solicitudes de información de cualquier residente.

Este caso tiene su origen en los problemas de la normativa urbanística de Erandio, que funciona con las normas subsidiarias de hace 27 años. Debería haber renovado su planeamiento en 2001 y tampoco ha aprobado el nuevo Plan General, que tendría haberse puesto en marcha en 2006. Esta situación ha provocado que multitud de negocios y edificios en la localidad no cumplan las obsoletas normas de 1993.

De hecho, el anterior alcalde de Erandio, Joseba Goikuria (PNV), fue juzgado por permitir el funcionamiento sin licencia de una empresa de recuperación de metales. El juez instructor certificó la «pasividad» de los imputados (también fueron enjuiciados dos ex concejales de Urbanismo de Erandio) en facilitar la actividad industrial, sin licencia durante varias décadas. Finalmente, solo fue condenada una ex concejal por prevaricación a 7 años de inabilitación y el alcalde y el otro edil imputado quedaron absueltos.

Este juicio llevó al actual concejal de Urbanismo, Egoitz Bilbao, a ordenar el cierre de varios locales y negocios. Entre ellos, el del denunciante del caso, propietario de una local de hostelería (un bar-restaurante). Pero un juzgado de lo contencioso de Bilbao anuló, en marzo de 2019, la orden de clausura del establecimiento hostelero y ordenó al Ayuntamiento de Erandio dar la opción de legalizarlo.

El concejal imputado no cumplió el mandato judicial (aunque el bar-restaurante sigue ahora abierto en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas) y se ha remitido, para justificar el incumplimiento, al nuevo plan urbanístico que sigue sin tramitarse. Ante esta situación, el afectado solicitó al ayuntamiento las licencias de obras y de primera utilización de seis inmuebles y empresas de la localidad. El objetivo era demostrar que el consistorio actuaba de manera diferente en unos y otros casos de situaciones irregulares.

Esta petición, según constan en las diligencias que investiga el juzgado, se tramitó el 29 de julio del pasado año. El concejal solo facilitó en el plazo legal (un mes según establece la ley de transparencia y tres, en base a la ley de las administraciones públicas) los datos de uno de los seis expedientes. Adujo que no facilitó el resto por “su volumen” y “la necesidad de su previa identificación”.

Ante la falta de respuesta, el afectado recurrió en enero pasado al Ararteko, quien emitió un informe en abril pasado, señalando que la información debía haberse tramitado en un mes. Agregaba que el consistorio de Erandio se había comprometido a facilitar los expedientes “en fechas próximas”. Entonces estaba decretado el estado de alarma por el Covid19.

Pero con el levantamiento del estado de alarma, el 1 de junio, siguió sin recibir la información e interpuso la denuncia penal por haber transcurrido un año. La demanda acusa al concejal de Urbanismo de Erandio de prevaricación por “denegar expresamente una solicitud de información pública de forma arbitraria e injusta”.

El pasado 1 de julio, el juzgado de instrucción número 9 de Bilbao abrió una investigación contra el edil Egoitz Bilbao por “la posible existencia de un delito de prevaricación”. En el auto, citó a declarar al imputado para el 23 de septiembre.

Sin embargo, la declaración se suspendió porque el concejal investigado adujo que en marzo ya había facilitado la información al denunciante. El ayuntamiento ha enviado al vecino, el pasado 17 de septiembre, un escrito  en el que señala que en marzo puso a su disposición otros tres expedientes (faltarían entonces dos más) en una notificación que no recibió el afectado.

El concejal investigado, quien firma el escrito (que a su vez  ha sido remitido al juzgado por el denunciante), concluye que “la Administración municipal ha actuado correctamente en este procedimiento” y que se ha cumplido “debidamente la petición cursada por el particular de acceso a los expedientes”. Insta al vecino a pedir nuevamente, si está interesado, los expedientes urbanísticos, lo que “será objeto de análisis y de la tramitación correspondiente”.

En el mismo escrito, a pesar de haber sido llamada a declarar ante el juez, el concejal asegura que el ayuntamiento “no tiene constancia oficial alguna” de la investigación judicial contra su persona.

Otro caso que huele a persecución contra un vecino que “incordia” al ayuntamiento de turno. Incluso con un mandato judicial, un concejal se niega repetidamente a legalizar un negocio y, cuando se le pide información sobre su actitud en casos similares, se da la callada por respuesta. Se incumple la ley de transparencia (que obliga a dar esos datos un mes, cuando ha transcurrido más de un año). Y solo tras la intervención del Ararteko, se comunica que puede consultar tres de los cinco expedientes pedidos. ¿Qué pasa con los otros dos? No sabe, no contesta. Ni tampoco tiene constancia de que un juzgado le investiga por prevaricación desde julio, cuando ha sido citado a declarar. Y pide al vecino que vuelva a pedir la información si está interesado. Todas las facilidades para los residentes  de Erandio que pagan el sueldo de este concejal.