El juez archiva la denuncia por prevaricación contra el concejal de Urbanismo en Erandio pese a admitir que incumplió la ley

El juez ha archivado la denuncia por un posible delito de prevaricación al concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Erandio Egoitz Bilbao (PNV) debido a la negativa a aportar información urbanística a un vecino desde hace más de un año. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Bilbao considera que el incumplimiento del plazo legal de dos meses para facilitar los datos “no es un acto prevaricador” porque “no ha habido dejación o inacción por parte del Ayuntamiento” de Erandio durante todo un año.  El Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco) había reprochado al edil su actitud, dada la “obligación” por ley de tramitar “de forma rápida” las solicitudes de información de cualquier residente.

Este caso tiene su origen en los problemas de la normativa urbanística de Erandio, que funciona con las normas subsidiarias de hace 27 años. Debería haber renovado su planeamiento en 2001 y tampoco ha aprobado el nuevo Plan General, que tendría haberse puesto en marcha en 2006. Esta situación ha provocado que multitud de negocios y edificios en la localidad no cumplan las obsoletas normas de 1993.

De hecho, el anterior alcalde de Erandio, Joseba Goikuria (PNV), fue juzgado por permitir el funcionamiento sin licencia de una empresa de recuperación de metales. El juez instructor certificó la «pasividad» de los imputados (también fueron enjuiciados dos ex concejales de Urbanismo de Erandio) en facilitar la actividad industrial, sin licencia durante varias décadas. Finalmente, solo fue condenada una ex concejal por prevaricación a 7 años de inhabilitación y el alcalde y el otro edil imputado quedaron absueltos.

Este juicio llevó al actual concejal de Urbanismo, Egoitz Bilbao, a ordenar el cierre de varios locales y negocios. Entre ellos, el del denunciante del caso, propietario de una local de hostelería (un bar-restaurante). Pero un juzgado de lo contencioso de Bilbao anuló, en marzo de 2019, la orden de clausura del establecimiento hostelero y ordenó al Ayuntamiento de Erandio dar la opción de legalizarlo.

El concejal imputado no cumplió el mandato judicial (aunque el bar-restaurante sigue ahora abierto en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas) y se ha remitido, para justificar el incumplimiento, al nuevo plan urbanístico que sigue sin tramitarse. Ante esta situación, el afectado solicitó al ayuntamiento las licencias de obras y de primera utilización de seis inmuebles y empresas de la localidad. El objetivo era demostrar que el consistorio actuaba de manera diferente en unos y otros casos de situaciones irregulares.

El vecino pidió esta documentación en julio del pasado año, pero el concejal solo facilitó en el plazo legal de dos meses los datos de uno de los seis expedientes. Adujo que no aportó el resto por “su volumen” y “la necesidad de su previa identificación”.

Ante la falta de respuesta, el afectado recurrió en enero pasado al Ararteko, quien emitió un informe en abril, señalando que la información debía haberse tramitado en un mes. Agregaba que el consistorio de Erandio se había comprometido a facilitar los expedientes “en fechas próximas”. Entonces estaba decretado el estado de alarma por el Covid19.

Pero con el levantamiento del estado de alarma, el 1 de junio, siguió sin recibir la información e interpuso la denuncia penal por haber transcurrido un año. La demanda acusaba al concejal de Urbanismo de Erandio de prevaricación por “denegar expresamente una solicitud de información pública de forma arbitraria e injusta”.

El pasado 1 de julio, el juzgado de instrucción número 9 de Bilbao abrió una investigación contra el edil Egoitz Bilbao por “la posible existencia de un delito de prevaricación”. Tras esta actuación judicial, el ayuntamiento envió al vecino, el pasado 17 de septiembre, un escrito  en el que señalaba que en marzo puso a su disposición otros tres expedientes (faltarían entonces dos más) en una notificación que no recibió el afectado y añadía que ha cumplido con la petición “cursada por el particular de acceso a los expedientes”.

En apenas cuatro meses, el juzgado de instrucción número 9 de Bilbao ha resuelto el caso con un archivo. En un auto dictado el 22 de octubre, el juez señala que los 6 expedientes solicitados están disponibles desde el 1 de septiembre (más de un año desde la petición). “Es cierto que hay demora en la entrega de los expedientes, pero esta demora no engloba este tipo penal”, en alusión al delito de prevaricación.

Añade que el vecino ha podido acceder “hasta a cuatro expedientes” en febrero pasado (siete meses después de la petición y tras la queja al Ararteko), lo que unido a los meses de pandemia supone que “no ha habido dejación o inacción por parte del Ayuntamiento durante este tiempo”.

Es discutible la argumentación judicial de carencia de inacción por parte del Ayuntamiento cuando a un vecino se le hurta de información durante más de un año, cuando el plazo legal es de dos meses. Pasa por alto que solo se aporta parte de la información tras la intervención del Defensor del Pueblo vasco y transcurridos siete meses. Se podrá debatir si hay un delito penal o no, pero quedan pocas dudas de que ha habido un incumplimiento de la ley de transparencia. Y que estos casos son la mejor manera de que el ciudadano rehúse a exigir cualquier tipo de información de la administración. Encima, más de un dirigente público seguirá alardeando de transparencia en su gestión.