El Ayuntamiento de Bermeo deberá indemnizar al constructor al que permitió una reclasificación ilegal

El Ayuntamiento de Bermeo deberá indemnizar con más de 100.000 euros a un constructor al que permitió una reclasificación ilegal para construir 40 pisos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado que el Consistorio es responsable de aprobar una operación considerada ilegal por los juzgados (en dos sentencias, del propio Tribunal Superior y del Supremo, esta última ya firme) que sin embargo benefició al constructor, que finalmente logró edificar 16 pisos. Concluye que el constructor incurrió en gastos de proyectos y urbanización por casi 109.000 euros que deben ser asumidos por el Ayuntamiento. Los pisos, pese a ser decretados ilegales, se construyeron y quedaron legalizados por un acuerdo municipal, en un ejemplo de urbanismo a la carta.

Este asunto se remonta a 2012, cuando el Ayuntamiento de Bermeo, gobernado entonces por EH Bildu, aprobó que un suelo en el barrio de San Miguel pasara de la clasificación de urbanizables a urbanos. Un cambio clave para propiciar muchos más beneficios al constructor: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 15% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de plusvalías que la libre.

El beneficiado era un constructor, Tomás Tardío, quien había empezado a comprar los terrenos en esa zona antes de la reclasificación. En cambio, otro propietario de terrenos colindantes vio denegada su petición, tramitada hace ya 13 años, de recalificación del suelo y fue el que llevó el asunto a los tribunales. Una decisión que le ha supuesto un auténtico acoso al vecino, que ha ganado seis pleitos al Ayuntamiento de Bermeo.

Una sentencia en 2014 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, confirmada en 2016 por el Supremo, decretaba la ilegalidad de los pisos construidos. Pero el Ayuntamiento de Bermeo, en un pleno municipal en diciembre de 2017, sorteó a la Justicia: aprobó un urbanismo a la carta en el solar al asumir que el que el suelo seguía como urbanizable, pero sin las cargas urbanísticas que obliga esta calificación. Es decir, sin el 65% de vivienda protegida, ni dotaciones docentes y deportivas. La «solución» fue traspasar esas cargas, y los costes económicos que conllevan para los promotores, a futuros bloques de viviendas en todo el municipio de Bermeo.

Por ejemplo, al suelo adyacente del vecino que denunció el caso se le impusieron 276 viviendas de protección oficial y 81 tasadas, lo que imposibilita cualquier viabilidad económica para que un promotor acometa una operación inmobiliaria.

Esta decisión apareció avalada por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, que, en un informe fechado el 21 de octubre de 2016 , autorizaba la solución a medida. La «legalización» de los pisos choca, como apuntó el portavoz del PNV en Bermeo (ahora alcalde ya que los peneuvistas ganaron las últimas elecciones municipales de 2019) en el pleno municipal que la aprobó, con la sentencia del Tribunal Superior que alerta de que el traspaso de la vivienda protegida de un solar a otro es un caso de urbanismo a la carta.  Fue precisamente una de las razones por las que se declaró ilegal la operación. «Evidencia una desproporción, una clara desigualdad de trato…y es expresiva de un urbanismo a la carta que no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad», señalaba el fallo del Tribunal Superior.

El promotor ha llegado incluso a presentar una demanda contra la prensa que se limitó a recoger las resoluciones judiciales y la denuncia fue desestimada por un juzgado de Gernika. Y el Tribunal Vasco de Cuentas concluyó, en la auditoría del municipio de Bermeo de 2013, que el consistorio perdonó al constructor del pago de 200.000 euros por aprovechamientos urbanísticos.

Aunque el constructor ha podido ejecutar las viviendas, reclamó una indemnización por la anulación de la reclasificación. Pidió casi 233.000 euros por los gastos en proyectos y lucro cesante.

El Tribunal Superior vasco de Justicia, en una sentencia dictada el pasado 21 de junio, ha estimado parcialmente la petición de indemnización. Considera que el Ayuntamiento de Bermeo es responsable “por haber aprobado un instrumento [urbanístico] no conforme con la legalidad”. Rechaza, sin embargo, que deba pagar por el lucro cesante y acepta solo el pago de los gastos que no puedo aprovechar cuando se “legalizó” el proyecto a finales de 2016. Por ello rebaja a más de la mitad la indemnización.

Estamos, por tanto, ante un caso en el que un constructor se beneficia de una reclasificación ilegal de un ayuntamiento para edificar viviendas. Tras ser tumbado el proyecto por la Justicia, logra un urbanismo a la carta para mantener prácticamente intactas las características de la recalificación anulada. Y finalmente consigue que el Consistorio le tenga que abonar más de 100.000 euros de indemnización. Que alguien me explique dónde está la Justicia.