El Ayuntamiento paraliza las obras de acceso al casoplón que incumple la ley de Suelo

El ayuntamiento guipuzcoano de Aia, donde se ubica el casoplón (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo, ha dictado la paralización de las obras de acceso al palacete por carecer de licencia municipal. Una decisión que, sin embargo, se ha tomado una vez acabados los trabajos y con total oscurantismo: el decreto de alcaldía no se ha facilitado a los propios denunciantes, la Federación de los Deportes Aéreos de Gipuzkoa.

Un capítulo más de irregularidades en este caso, que es investigado por los tribunales. Como ha informado este blog, el Ararteko cuestionó la actuación de la familia Garrastazu, que en el alto de Talaimendi (el paraje donde se ubica) tenían un caserío en ruinas y en 2010 presentaron una licencia  de rehabilitación al ayuntamiento guipuzcoano de Aia (un municipio de 2.000 habitantes entre Orio y Zarautz) donde se ubican los terrenos. Pero apenas dos años después pidió otra licencia para erigir otra edificación, que duplica la superficie. Del caserío en ruinas no existe ningún proyecto de demolición en el expediente. El ayuntamiento de Aia aprobó la nueva licencia condicionada a la presentación, entre otras cuestiones, del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha tramitado. Tampoco existe una declaración de ruina previa, como establecen las normas urbanísticas de Aia. Además, se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino.

El Ararteko subrayó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. “La posibilidad del cambio de ubicación está restringida única y exclusivamente a los caseríos demolidos por causa de expropiación forzosa”. Un argumento respaldado por la  Diputación de Gipuzkoa que concluyó, en mayo de 2015,  que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y “es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente”. La familia se ha escudado en que dispone de la licencia municipal y ha acusado al Ararteko de “extralimitarse en sus funciones”.

Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Talaimendi por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es una zona además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona.

El pasado 19 de agosto, la Federación que agrupa a estos parapentistas presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Aia en el que revelaba nuevas irregularidades. Detectaron «un pavimentado de un camino de tierra y creación de espacios de aparcamiento»  sin ningún tipo de licencia con el agravante de que se trata de «un suelo no urbanizable de especial protección», lo que significa una «infracción de carácter muy grave» de la ley vasca de Urbanismo.

Un informe técnico encargado por el Ayuntamiento a un arquitecto, firmado el 24 de agosto, concluye que la urbanización ejecutada «no se corresponde con la información aportada» en la licencia de construcción del casoplón. Un decreto de la alcaldía de Aia, firmado el 26 de agosto al que ha tenido acceso este blog, ordena que, ante la existencia de una posible infracción urbanística, se paralicen las obras (ya finalizadas) y se abra un expediente sancionador a los promotores: la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos.

Hace ahora poco más de un año, el ayuntamiento de Aia abrió otro expediente sancionador a la familia Garrastazu por la construcción del palacete pero lo resolvió en dos meses decretando la legalidad de la nueva  edificación. Argumentó entonces, como más llamativo, que la  “atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa”  explica que haya 11 dormitorios. “Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”. Añadía que la reconstrucción se ejecute en “un lugar diferente al del edificio original no es razón para considerarlo una nueva edificación”.

Al Ayuntamiento de Aia parecen traerle al pairo las leyes de transparencia tan en boga ahora y defendidas con ahínco por el Gobierno vasco y las diputaciones forales, en las que se prima el derecho de información al ciudadano. Se ha limitado a enviar un e mail a los denunciantes anunciado que paraliza las obras sin remitir el contenido del decreto, cuando la ley de administraciones públicas de 1992 (nada menos que desde hace 24 años) le obliga a notificarlo en un plazo de 10 días. Y eso que los denunciantes, en su denuncia administrativa, pedían ser informados de cualquier actuación, como establece la ley.

Una conducta muy lejana de la imparcialidad exigida a un ayuntamiento que ha permitido rehabilitar un caserío que a simple vista se constataba su estado ruinoso y dos años después dio luz verde a la sospechosa petición de otra licencia para construir otra nueva edificación, a más de 200 metros de distancia, casi duplicando la superficie habitable y con un diseño más propio de un hotel. Un ayuntamiento que ya recibió en abril pasado un serio apercibimiento de la Fiscalía de Gipuzkoa, dentro de la investigación judicial del caso, al advertirle de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitar el expediente urbanístico del casoplón, pedido casi un año antes tanto por la Ertzaintza como por los demandantes. Actuaciones bastante alejadas del interés general.