Un funcionario sin conocimiento jurídico autorizó actuar contra el vecino de Zamudio acosado 17 años

Un funcionario que actuó como secretario municipal “accidental”, sin ningún conocimiento jurídico, autorizó una investigación del Ayuntamiento de Zamudio contra el  vecino al que este consistorio vizcaíno acosa desde hace 17 años. El funcionario, que es animador sociocultural en Zamudio, suele asumir de manera temporal las funciones de secretario municipal.

“No tengo conocimientos de derecho urbanístico”, reconoció Asier Amarika al juez el pasado 2 de febrero. Declaró que firmó, como secretario municipal, un informe contrario al vecino que había sido elaborado por un asesor externo “porque confío que actúa de buena fe”. “Asumo los informes como propios, porque no tengo capacidad para dilucidar”,agregó.

La declaración se produjo en el marco de la  investigación abierta hace más de un año por el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao. Este juzgado indaga sobre un  acuerdo adoptado a principios de 2020 por pleno municipal de Zamudio (gobernado con mayoría absoluta del PNV) que aprobó declarar un camino como público. Esta vía pasa al lado del caserío donde reside el vecino acosado, José María Zarate, quien sufre la persecución del ayuntamiento por la colocación de unas simples estacas en su propiedad.

Los palos fueron derribados ilegalmente en 2006 por la entonces alcaldesa Sorkunde Aiartza (PNV). Por esa decisión, fue condenada por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público, y las estacas tuvieron que reponerse.

Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Pero meses después, el actual alcalde Igoitz López informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y no ha facilitado a día de hoy la licencia de fin de obra.

Desde entonces, la estrategia del Consistorio se ha dirigido a querer demostrar que el camino es público, cuando las sentencias judiciales que condenaron a la anterior alcaldesa señalan que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro. La intención final era volver a derribar las estacas. Solo en la gestión para declarar el camino público, el Ayuntamiento se ha gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según ha certificado el interventor municipal.

Desde 2018 ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 el ayuntamiento aprobó declarar el camino como público. El afectado está convencido de que, con esta declaración, el Consistorio quería volver a ordenar la retirada de las estacas que ya le costaron el cargo a la entonces alcaldesa hace 11 años. Por ello, hace más de un año interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento, en investigación por el juzgado de Bilbao.

En su declaración sobre esta denuncia del pasado 2 de febrero, el funcionario Asier Amarika admitió que en los expedientes sobre el vecino José María Zarate ha actuado como secretario municipal accidental, ya que el titular José Ignacio Arberas es familiar del vecino que ha protagonizado denuncias contra Zarate.

“Lo que hago es recurrir a la asesoría jurídica [externa] del ayuntamiento o técnicos de administración general que son abogados o similar y suscribo sus informes. Los leo en la medida de mis posibilidades. Los asumo como propios, porque no tengo capacidad para dilucidar una situación similar”.

El animador sociocultural declaró al juez que, en el caso que se investiga, asumió “íntegramente el informe del asesor, con una lectura que muchas veces es de mera curiosidad porque sigo estando muy limitado a nivel de concepto jurídico. Asumo los informes que se me pasan teniendo en cuenta la buena fe del asesor”.

El caso del hostigamiento a un vecino de Zamudio, acosado desde hace 17 años por este ayuntamiento vizcaíno por unas simples estacas, sigue dando más capítulos. Es incomprensible que un informe, con el que se interviene contra el vecino, esté autorizado por un funcionario (el animador sociocultural del ayuntamiento) que actúa como secretario municipal pero dice no tener ningún conocimiento para realizar esa función. Y lo reconoce ante un juzgado. Este caso ya acabó con la carrera política de la anterior alcaldesa de Zamudio y el litigio sobre el camino ha supuesto 12.500 euros de gastos de dinero público.