El Superior niega a la Hacienda vizcaína datos de clientes de un abogado investigado por fraude fiscal
El Tribunal Superior vasco ha negado a la Hacienda vizcaína datos de clientes de un abogado investigado por fraude fiscal. En un acuerdo inusual, aduce que “no deben verse inmersos en una investigación tributaria” ni aportarse datos sobre sus relaciones con el letrado, como las minutas abonadas. Por ello, considera que no se incumple la ley tributaria de 2005 en Bizkaia que obliga a la Justicia a facilitar datos de trascendencia tributaria a Hacienda.
El abogado investigado lleva desde 2021 sin presentar declaraciones de sus ingresos a la Hacienda vizcaína, lo que ha motivado el inicio de las pesquisas tributarias. A través de la consulta de 32 sentencias en el área de lo contencioso administrativo del Superior, Hacienda quiso saber quiénes han sido los clientes de los letrados. De esta manera, contactaría con ellos para pedirles datos de sus relaciones con el letrado, en cuanto a las minutas pagadas, actuaciones extrajudiciales o consultas. Debido a las leyes de protección de datos, en los fallos judiciales se omiten las identidades de las personas que aparecen.
“Al haber localizado las sentencias correspondientes con las partes anonimizadas”, explica el alto tribunal vasco, “lo que se pide es la identidad, con todos sus datos identificativos, de los clientes representados por el Letrado”. Agrega que los clientes “no son obligados tributarios”, por lo que no pueden verse afectados en la investigación fiscal ·desvelando datos de los casos en los que fue contratado, cuantía de lo cobrado, posibles actuaciones extrajudiciales, consultas, etc, que no aparecen como una obligación jurídica de tales clientes”.
El Superior señala que, aunque la norma tributaria de Bizkaia exige facilitar datos fiscales de actuaciones judiciales, “habría de entenderse que la norma se refiere datos de obligados tributarios, no de terceros que, en su caso, debieran aportar datos sobre los primeros”.
Por ello ha rechazado facilitar a Hacienda los datos de los clientes del abogado “al exceder la petición del artículo 93.3” de la norma general tributaria de Bizkaia “afectando la solicitud a datos personales de terceros que no son obligados tributarios”.
El acuerdo, adoptado en junio pasado por el Tribunal Superior ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces en España, para su conocimiento y control de la legalidad del mismo.
Parece razonable la decisión del Tribunal Superior vasco de preservar la identidad de personas que han tenido relación con un abogado investigado por fraude fiscal. Las leyes de protección de datos están por encima, según el Superior, de una investigación tributaria que debe centrarse en el afectado y no en sus clientes.
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