El «pelotazo» urbanístico de 20 millones en Erandio ya afecta a las arcas municipales

El “pelotazo” urbanístico público-privado de más de 20 millones de euros en Erandio afecta ya al dinero del Ayuntamiento: desde hace ocho meses el consistorio ha tenido que abonar ya casi 300.000 euros de sus presupuestos.  Todo por una enrevesada operación para solventar una chapuza: proporcionar viviendas a 66 familias desalojadas de sus pisos hace ya 17 años por la negligencia de una constructora y a costa de recalificar la única zona verde del municipio. En el alquiler de los realojos, se han gastado ya casi 8 millones de euros en la última década.

El Ayuntamiento de Erandio, gobernado por el PNV y PSE, ya pagó el pasado año más de 200.000 euros y este año ha consignado otros 430.000 euros en gastos de los realojos. Mientras, hay dos beneficiarios: una constructora, Murias, que puede obtener plusvalías por más de 16 millones de euros, y una sociedad pública de la Diputación de Bizkaia, Azpiegiturak, que va a embolsarse al menos 4,5 millones de euros.

Esta historia se remonta a 2005, cuando en una zona central de Erandio (el barrio de Altzaga), empieza una promoción de viviendas a cargo de la constructora Abaroa. Al de unos meses empiezan a aparecer grietas en unos pisos cercanos y finalmente 66 viviendas deben ser desalojadas por riesgo de derrumbe. Se suscita un gran conflicto y el entonces alcalde de Erandio Mikel Arieta-araunabeña (PNV) se compromete públicamente, en un pleno municipal en 2007, a facilitar una vivienda nueva a todos los afectados.

El ayuntamiento convence a los vecinos a renunciar a emprender acciones legales contra la constructora, Abaroa, para evitar una larga espera. Lo que al final no se ha evitado, ya que han trascurrido 15 años. Se compromete al realojo de los afectados, que curiosamente gran parte de ellos se realizan en otros pisos de la constructora, que desde 2009 está cobrando 200.000 euros al año por estos alquileres. Los seguros de la empresa y los afectados acuerdan en 2011 una indemnización de 6 millones de euros, insuficiente para construir las 66 nuevas viviendas. Entonces se calculaba que se requerirían 13 millones. Esos 6 millones ya terminaron de consumirse en mayo del pasado año en el pago de los alquileres.

Recalificación de la única zona verde

El ayuntamiento idea entonces la recalificación de la única zona verde del municipio, conocida como Tartanga, con 20.000 metros cuadrados. En vez de gestionarlo directamente, decide delegar toda la operación en la sociedad foral de infraestructuras, Azpiegiturak, dependiente de la Diputación vizcaína. Ambas instituciones firman en 2011 un convenio para acometer la operación.

El acuerdo supone que Azpiegiturak se encargue del derribo de las viviendas afectadas y la construcción de las nuevas en el barrio de Altzaga. A cambio, la sociedad foral recibe gratuitamente el solar de 20.000 metros cuadrados de la única zona verde. Pero no solo eso: puede construir, además de las 66 viviendas para los vecinos afectados, otras 47 adicionales en su beneficio y se le cede otro solar municipal donde puede ejecutar 75 viviendas más.

La sociedad foral, con el suelo de la zona verde gratis, solo tiene que abonar tres millones de euros: 1,5 millones en realojos y otros 1,5 para la adjudicación de los terrenos de la zona verde de Tartanga, ya que el suelo se valora en cerca de 10 millones. En mayo de 2017, Azpiegiturak  adjudicó por 10,8 millones de euros, sin IVA, a la constructora Murias el derribo de los inmuebles afectados (las demoliciones empezaron en enero de 2018) y la edificación de las nuevas  viviendas para los afectados y las 47 adicionales. Esta empresa, a cambio, puede construir, si ninguna carga y sin pago alguno por el suelo, 402 pisos en la zona verde de Tartanga.

Es decir, la sociedad foral de la Diputación vizcaína obtendrá al menos 4,5 millones de euros de plusvalías, procedentes de los 47 pisos que se construyen de más en Altzaga. El dato procede de los precios de venta de esos pisos en la web , cuya suma ronda los 7,5 millones de euros. A ello habrá que añadir el dinero que obtenga de las otras 75 viviendas que puede edificar en el otro solar cedido, aunque esta operación es a medio plazo.

La constructora Murias puede obtener, según fuentes del sector, unos beneficios de 28 millones de euros por los 402 pisos de la zona verde, que, descontando los 12 millones (incluyendo el IVA) del pago por las viviendas que debe construir Altzaga, le proporcionan un “pelotazo” de 16 millones.

Pago mensual de 35.000 euros

Mientras, debido a los grandes retrasos en la construcción de los nuevos pisos para los vecinos afectados, el Ayuntamiento ha tenido que empezar a pagar por los realojos. Los seis millones del seguro acordado con la constructora causante de esta chapuza y los 1,5 millones de la sociedad Azpiegitura, destinado al abono de los alquileres se agotaron en junio pasado.

A partir de entonces, el Consistorio paga cerca de 35.000 euros mensuales. Las nuevas viviendas llevan un considerable retraso (las obras empezaron hace cinco años) y se prevé que estén entregadas en su totalidad este verano. El coste para las arcas municipales, si se cumple este plazo, será de casi medio millón de euros.

Y a todo ello se añade la pérdida de la única zona verde de Erandio, unos terrenos comprados hace 29 años por el Ayuntamiento y ahora cedidos gratuitamente. Desde 2017 existe una asociación, Tartanga Berdea, que pugna por anular la recalificación aprobada ya por el avance del nuevo plan general de Erandio. Han protagonizado multitud de protestas en estos años y el domingo han convocado una gran manifestación en Erandio.

Esta operación urbanística es un auténtico despropósito. Primero la protección a la constructora que ocasionó el problema, Abaroa, que se libró de las demandas judiciales de los vecinos. Que además se ha beneficiado luego por el cobro de alquileres de los realojos durante estos 14 años. Poco comprensible resulta que el Ayuntamiento no haya gestionado directamente la solución, que podía pasar por construir solo viviendas de más en la zona afectada, como por cierto finalmente se ha hecho. Y más sorprendente el papel de una sociedad pública de la Diputación vizcaína, que hace negocio a costa de urbanizar un área verde. Para financiar la construcción de 66 viviendas, se facilita edificar hasta 575 viviendas, casi nueve veces más. Solo los cuantiosos millones que se mueven detrás parecen estar claros en este desaguisado. Y encima, desde hace casi un año, el ayuntamiento tiene que pagar de sus arcas 35.000 euros mensuales en realojos de los vecinos afectados. Que cada uno califique está gestión pública.