Una directora foral declarará ante una juez por exigir más gastos urbanísticos en un plan de viviendas en Zierbena

La directora de Azpiegiturak (empresa pública de la Diputación de Bizkaia) tendrá que declarar ante la jueza por el caso de una familia con una empresa en Zierbena a quien exigió pagar casi cinco veces más por gastos urbanísticos. A la familia, la Diputación le reclama el pago de 1,5 millones de euros por un plan urbanístico de 90 viviendas en el que años después ha ofrecido suelo por una cantidad casi cinco veces inferior.

El pasado jueves tuvo lugar la audiencia previa en la demanda civil interpuesta por Azpiegiturak. La titular del juzgado número 11 de Bilbao admitió la petición de la defensa de la familia de la declaración, como testigo, de Itziar Garamendi, directora gerente de dicha sociedad foral.  Garamendi es hermana de la actual consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y entre 2007 y 2015 fue diputada foral de Transportes y Obras Públicas de la Diputación Vizcaína. Cuando dejó el cargo en 2015, pasó a ser directora gerente de Azpiegurak, puesto en el que lleva diez años.

Como ha publicado este blog, este caso se remonta a principios de la década de 2000 cuando el empresario Jabyer Fernández (condenado tras un fuerte enfrentamiento con la Diputación vizcaína) contactó con los propietarios de suelo con el fin de construir chalés adosados de lujo en un área de casi 64.000 metros cuadrados en Zierbena. Era la época en la que Fernández tenía un trato directo con los responsables de la Diputación, tras haber promovido el frustrado proyecto Afer de construcción de pisos en serie.

El empresario ofreció a la familia un precio (el equivalente a dos viviendas unifamiliares de esos años, con un valor de cerca de 1,2 millones de euros) muy inferior al del mercado (unos 480 millones de pesetas, 2,9 millones de euros). Los propietarios (que tenían cerca de 30.000 metros cuadrados en el área), tras pedir referencias a otras empresas, rechazaron la oferta. Un desistimiento que  molestó sobremanera a los entonces responsables políticos de la Diputación vizcaína.

Sorpresivamente, poco después, la sociedad pública de suelo de la Diputación vizcaína, Bizkailur, contactó con los propietarios para la compra de su suelo con el fin de construir viviendas de protección oficial, además de libres. Le ofreció casi 2,9 millones de euros, similar a los precios que había en el mercado  y claramente superior a la oferta del empresario Jabyer Fernández. El contrato privado se firmó en mayo de 2005.

Con el fin de descartar cualquier problema, los dueños trasladaron el acuerdo al pleno municipal de Zierbena para que el Ayuntamiento conociera la operación y cerciorarse de que era acorde con el interés público. El pleno aprobó, en una sesión celebrada en julio de 2005, el contrato privado suscrito. La familia se reservó en la zona una superficie de 3.500 metros cuadrados para promover viviendas en las mismas condiciones que Bizkailur. Así se reflejaba en el contrato privado de 2005. Una parte sustancial del dinero recibido por la familia se destinó a comprar otra ubicación para las instalaciones de su empresa y mantener así el negocio, evitando el despido de 30 trabajadores.

La sorpresa vino años después cuando se diseñó una auténtica operación de ingeniería urbanística con la urbanización de la zona. Cuando se realiza una operación de construcción de viviendas, se repercuten gastos a los propietarios por la urbanización y el valor de sus viviendas por parte de las administraciones. En este caso, quienes tenían que pagar era la sociedad foral Azpiegiturak (propietario del resto del suelo de la promoción) y estos propietarios.

La valoración de los suelos hizo que los afectados tuvieran que pagar casi 1,5 millones a Azpiegiturak, que se encargó de la urbanización. Es decir, al final obtenían prácticamente el dinero que les ofreció inicialmente el empresario Jabyer Fernández. Esa valoración quedó aprobada definitivamente en 2011 por el Ayuntamiento de Zierbena.

Los propietarios no se enteraron de ello hasta finales de 2013, cuando reciben un decreto del Ayuntamiento, que les da un mes para pagar 1.484.957,78 euros.

Como ya habían pasado los plazos para recurrir, contactaron con la sociedad Azpiegiturak para acometer de forma aplazada el pago de la deuda. En un acuerdo suscrito en 2015, pactan el pago de los casi 1,5 millones de euros durante 17 años, de forma que el abono concluiría en 2029.

La sorpresa llegó en 2018, cuando la sociedad foral Azpiegiturak pone en venta terrenos suyos de esa urbanización, pero con una valoración casi cinco veces inferior. La consecuencia es que complicaba a los afectados la venta de su suelo para viviendas, ya que cualquier promotor se quedaría con la zona de Azpiegiturak, al tener el precio mucho más bajo.

Llama la atención la reducción del precio exigido por la empresa pública. En 2005 pagó una media de 479 euros por cada Unidad de Aprovechamiento (una figura urbanística para determinar el precio administrativo en las promociones) y en la subasta de 2018 lo redujo a 97 euros por Unidad de Aprovechamiento, lo que supone una pérdida de dinero público.

Un informe pericial encargado por la familia afectada, realizado el pasado año, concluye que se trata de “de imponer unas cargas desmesuradas a un suelo de un particular, cuando estas mismas no se imponen a un suelo para la Administración aún con los mismos usos y en zonas colindantes y de iguales características”. Agrega que se rompe con el “principio básico de equidistribución” que rige el urbanismo “causando un claro perjuicio económico al propietario particular”.

Los afectados volvieron a contactar de nuevo con Azpiegiturak para renegociar la deuda y siguieron pagando los plazos de ese ejercicio, 2018. Hubo numerosas reuniones e incluso la sociedad foral suspendió el pago de los plazos después de que los afectados amenazaron, en un escrito dirigido a la directora gerente de Azpiegiturak, Itziar Garamendi, con la presentación de una demanda por prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, Azpiegiturak paralizó la venta del suelo colindante, que sigue sin impulsarse hoy día.

El pasado año ambas partes llegaron a un acuerdo verbal para desbloquear la situación, en la que los afectados renunciaban a promover vivienda libre y la convertían en vivienda protegida para jóvenes. De esa manera, no tendrían que pagar los 1,5 millones. Pero el Ayuntamiento de Zierbena ha rechazado el plan.

Finalmente, Azpiegiturak presentó, en febrero de 2022, una demanda civil a los afectados que paguen la totalidad de los 1,5 millones de euros, sin ninguna rebaja. Los propietarios han abonado hasta ahora más de 520.000 euros (dejaron de pagar desde 2019), que suponen los gastos similares a los que exigió la sociedad foral a los terrenos colindantes.

En la audiencia previa celebrada el pasado jueves, la jueza admitió todas las pruebas pedidas por la defensa. Entre ellas, la declaración de la directora gerente (fijada para el 17 de junio del próximo año) y todo el expediente de la subasta en la que Azpiegiturak vende las fincas a un precio cinco veces inferior a lo exigido a la familia, una información que hasta ahora la empresa pública foral se había negado a aportar. Además, ha aceptado la petición de los denunciantes (Azpiegiturak) de aceptar un documento enviado por la sociedad pública a la Diputación, en 2022, en el que pedía más edificabilidad y viviendas en la zona para los suelos, salvo en el de la familia afectada, para el que no aporta ninguna propuesta. Justo lo contrario de lo estipulado en el contrato privado de 2005, donde les prometieron igualdad de condiciones.

El caso de una familia con una empresa en Zierbena está ya en los tribunales. Vendieron un solar para construir 90 viviendas y la Diputación vizcaína les exige abonar casi cinco veces más en gastos urbanísticos. Tendrá que declarar la directora de la sociedad pública Azpiegiturak y explicar por qué está dispuesta a perder dinero público en esta operación. ¿O es que hay algún tipo de represalia detrás de todo esto?