La Diputación rechaza negociar para solucionar el aumento de gastos urbanísticos en Zierbena

La Diputación de Bizkaia rechaza negociar con la familia a la que le piden cinco veces más de gastos urbanísticos por un plan de viviendas que está paralizado desde hace más de 10 años. “Después de muchos años de negociación, no hay más vías. Será el juzgado quien determine. No hay ninguna otra puerta abierta”, ha asegurado en las Juntas Generales de Bizkaia el diputado vizcaíno de Infraestructuras Carlos Alzaga.

El responsable foral no ha dado ninguna respuesta a la última oferta de los afectados, que propusieron renunciar a beneficios para solucionar el conflicto. En concreto, pidieron oficialmente al Ayuntamiento de Zierbena que en sus terrenos haya viviendas protegidas para jóvenes en vez de pisos libres, con los que se obtienen muchas mas plusvalías. Así, evitarían el pago de las cantidades tan desproporcionadas que le reclama la Diputación por un plan urbanístico de 90 viviendas.

Como ha informado este blog, la Diputación de Bizkaia ha llevado a juicio a una familia de Zierbena a quien exigió pagar casi cinco veces más por gastos urbanísticos.  Además, la directora de Azpiegiturak (empresa pública de la Diputación de Bizkaia) tendrá que declarar ante una jueza.  La titular del juzgado número 11 de Bilbao admitió la petición de la defensa de la familia de la declaración, como testigo, de Itziar Garamendi, directora gerente de dicha sociedad foral.  Garamendi es hermana de la anterior consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco, Olatz Garamendi, y entre 2007 y 2015 fue diputada foral de Transportes y Obras Públicas de la Diputación Vizcaína. Cuando dejó el cargo en 2015, pasó a ser directora gerente de Azpiegiturak, puesto en el que lleva diez años.

Este caso se remonta a principios de la década de 2000 cuando el empresario Jabyer Fernández (condenado tras un fuerte enfrentamiento con la Diputación vizcaína) contactó con los propietarios de suelo con el fin de construir chalés adosados de lujo en un área de casi 64.000 metros cuadrados en Zierbena. Era la época en la que Fernández tenía un trato directo con los responsables de la Diputación, tras haber promovido el frustrado proyecto Afer de construcción de pisos en serie y el también defenestrado proyecto Puerta de Bilbao , creado por Iurbentia , en las antiguos terrenos de la Sefanitro.

La propuesta llegó por mediación del Ayuntamiento de Zierbena, con la alcaldía dirigida por Marce Elorza (PNV), ya que la familia tenía un negocio de autoescuela en el solar y no estaba interesada en vender sus terrenos.

El empresario ofreció a la familia un precio (el equivalente a dos viviendas unifamiliares de esos años, con un valor de cerca de 1,2 millones de euros) muy inferior al del mercado (unos 480 millones de pesetas, 2,9 millones de euros). Los propietarios (que tenían cerca de 30.000 metros cuadrados en el área), tras pedir referencias a otras empresas, rechazaron la oferta. Un desistimiento que molestó sobremanera a los entonces responsables políticos de la Diputación vizcaína.

Sorpresivamente, poco después, la sociedad pública de suelo de la Diputación vizcaína, Bizkailur, contactó con los propietarios para la compra de su suelo con el fin de construir viviendas de protección oficial, además de libres. Le ofreció casi 2,9 millones de euros, similar a los precios que había en el mercado y claramente superior a la oferta del empresario Jabyer Fernández. El contrato privado se firmó en mayo de 2005 y, en su cláusula tercera, especifica que tendrá “las mismas condiciones” que las otras parcelas de esa zona “destinadas a vivienda libre”.

Con el fin de descartar cualquier problema, los dueños trasladaron el acuerdo al pleno municipal de Zierbena para que el Ayuntamiento conociera la operación y cerciorarse de que era acorde con el interés público. El pleno aprobó, en una sesión celebrada en julio de 2005, el contrato privado suscrito. La familia se reservó en la zona una superficie de 3.500 metros cuadrados para promover viviendas en las mismas condiciones que Bizkailur. Así se reflejaba en el contrato privado de 2005. Una parte sustancial del dinero recibido por la familia se destinó a comprar otra ubicación para las instalaciones de su empresa y mantener así el negocio, evitando el despido de 30 trabajadores.

La sorpresa vino años después cuando se diseñó una auténtica operación de ingeniería urbanística con la urbanización de la zona. Cuando se realiza una operación de construcción de viviendas, se repercuten gastos a los propietarios por la urbanización y el valor de sus viviendas por parte de las administraciones. En este caso, quienes tenían que pagar era la sociedad foral Azpiegiturak (propietario del resto del suelo de la promoción) y estos propietarios.

La valoración de los suelos hizo que los afectados tuvieran que pagar casi 1,5 millones a Azpiegiturak, que se encargó de la urbanización. Es decir, al final obtenían prácticamente el dinero que les ofreció inicialmente el empresario Jabyer Fernández. Esa valoración quedó aprobada definitivamente en 2011 por el Ayuntamiento de Zierbena.

Los propietarios no se enteraron de ello hasta finales de 2013, cuando reciben un decreto del Ayuntamiento, que les da un mes para pagar 1.484.957,78 euros.

Como ya habían pasado los plazos para recurrir, contactaron con la sociedad Azpiegiturak para acometer de forma aplazada el pago de la deuda. En un acuerdo suscrito en 2015, pactan el pago de los casi 1,5 millones de euros durante 17 años, de forma que el abono concluiría en 2029.

Una nueva sorpresa llegó en 2018, cuando la sociedad foral Azpiegiturak pone en venta terrenos suyos de esa urbanización, pero con una valoración casi cinco veces inferior. La consecuencia es que complicaba a los afectados la venta de su suelo para viviendas, ya que cualquier promotor se quedaría con la zona de Azpiegiturak, al tener el precio mucho más bajo. Y además incumplía el convenio de 2005 que fijaba las mismas condiciones a los terrenos de esa área.

Llama la atención la reducción del precio exigido por la empresa pública. En 2005 pagó una media de 479 euros por cada Unidad de Aprovechamiento (una figura urbanística para determinar el precio administrativo en las promociones) y en la subasta de 2018 lo redujo a 97 euros por Unidad de Aprovechamiento, lo que supone una pérdida de dinero público.

Un informe pericial encargado por la familia afectada, realizado el pasado año, concluye que se trata de “de imponer unas cargas desmesuradas a un suelo de un particular, cuando estas mismas no se imponen a un suelo para la Administración aún con los mismos usos y en zonas colindantes y de iguales características”. Agrega que se rompe con el “principio básico de equidistribución” que rige el urbanismo “causando un claro perjuicio económico al propietario particular”.

Los afectados volvieron a contactar de nuevo con Azpiegiturak para renegociar la deuda y siguieron pagando los plazos de ese ejercicio, 2018. Hubo numerosas reuniones e incluso la sociedad foral suspendió el pago de los plazos después de que los afectados amenazaron, en un escrito dirigido a la directora gerente de Azpiegiturak, Itziar Garamendi, con la presentación de una demanda por prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, Azpiegiturak paralizó la venta del suelo colindante, que sigue sin impulsarse hoy día.

Desde febrero de 2022 existe una demanda civil de Azpiegiturak contra los afectados para que paguen la totalidad de los 1,5 millones de euros, sin ninguna rebaja. Los propietarios han abonado hasta ahora más de 520.000 euros (dejaron de pagar desde 2019), que suponen los gastos similares a los que exigió la sociedad foral a los terrenos colindantes.

“Tenemos derecho a cobrar lo que se debe. Nos hemos visto obligados a acudir a la vía judicial por incumplimiento grave de la deuda””, ha argumentado el diputado foral Carlos Alzaga. Sin embargo, no ha aclarado por qué suspendieron el pago de  los plazos en 2018 ni la diferencia en la exigencia de los gastos urbanísticos. “La valoración de los terrenos se hace por tasación oficial, estamos atados de pies y manos. Lo que dice la prensa me da igual, sino lo que dicen los informes, las tasaciones.”

Sin embargo, no ha aportado ningún informe ni tasación para justificar la exigencia de más gastos urbanísticos ni ha refutado el informe pericial presentado por los afectados.

El caso de la familia afectada por el aumento exagerado de gastos urbanísticos en un plan de vivienda en Zierbena  sigue sin resolverse. La Diputación de Bizkaia ha hecho caso omiso a la propuesta de los afectados a renunciar a gran parte de sus beneficios planteando que se acometan viviendas protegidas para jóvenes en vez de libres. Parecía una buena solución para un conflicto en el que es difícilmente entendible que una administración pública, la Diputación de Bizkaia, exija en un solar cinco veces más de gastos urbanísticos que en los terrenos colindantes. Pero la institución foral se ha remitido a la decisión que adopte la Justicia.