Los siete años de acoso a una empleada pública vizcaína que ha ganado cinco pleitos judiciales

Cinco pleitos judiciales ganados en menos de dos años y un contundente informe de la Inspección de Trabajo que certifica un «entorno intimidatorio, humillante, degradante y ofensivo”, “lesiones psicológicas a la trabajadora” o “falta de intervención del empresario”. El calvario laboral de una empleada pública de la Mancomunidad de las Encartaciones (la entidad que gestiona servicios de nueve municipios vizcaínos de esta comarca) cumple ya siete años y continúa hoy día, pese a las sentencias de los juzgados, sistemáticamente contrarias a la entidad pública. Todo ello con el agravante de que la  trabajadora, A.I.D., una técnica de Empleo, fue despedida después de quedarse embarazada y tuvo que ser readmitida tras ganar el pleito. 

Esta rocambolesca historia releja un sinfín de humillaciones y ofensas a una empleada de la Mancomunidad, una entidad con 12 empleados cuya gestión ya ha sido cuestionada por otros asuntos y que  desde 2014 por primera vez en su historia ha puesto sueldo a su presidente. Desde 2015 la actual presidenta Esther Lasa, concejal del PNV de Zalla, tiene dedicación completa.

El origen se sitúa cuando la empleada se queda embarazada en agosto de 2010. A su vuelta en febrero de 2011, tras la baja de maternidad, empiezan los problemas: le quitan las funciones y el trabajo que acometía.  A.I.D. presenta ese mismo mes una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la respuesta de la Mancomunidad es el despido en marzo de 2011.

Tras recurrir ante los tribunales, gana el pleito y tienes que ser readmitida ese mismo año, 2011. Sin embargo, el fallo judicial no cambia la actitud de los responsables de la Mancomunidad, el entonces presidente Rubén Edesa (ex concejal del PNV en el municipio de Karrantza) y la secretaria-interventora Esperanza Bejo.

El informe de 65 folios de la Inspección de Trabajo, elaborado en 2013 y ratificado en mayo de 2014 por el director de Trabajo del Gobierno vasco, es contundente al calificar la situación vivida por la trabajadora de “acoso y abuso de autoridad”, con la retirada de funciones, quitarle el móvil y el portátil que requería para su trabajo o amonestarle por atender a clientes.

El informe constata como “abuso de autoridad” el hecho de “vaciar de tareas durante meses” a la afectada, que tiene que buscarse labores por su cuenta “que nunca llegan a ser respaldados por la empresa”. Agrega que se llega a “amonestar a la trabajadora” por atender a los usuarios y “se da de baja su correo electrónico”, lo que perjudica a los ciudadanos, además de destruir todos sus archivos y el vaciado de su e mail al ser despedida. La investigación comprueba que incluso los usuarios afectados llegan a culparle a ella de la mala gestión al haber perdido ayudas económicas que le supusieron “episodios humillantes de reclamaciones e incluso enfrentamientos en la calle”.

El acta de inspección constata “la negativa al contacto y la ausencia de cauces de comunicación” y destaca el trato “déspota y despreciativo” de la secretaria-interventora Esperanza Bejo, la responsable de la gestión del personal. En la investigación de la Inspección, Bejo ni siquiera quiso inicialmente realizar ningún comentario con la inspectora al aducir que no era de su competencia. “Se comporta [la interventora] en su presencia como si [la empleada] no estuviese”. “De esa persona es que no quiero ni hablar”, llega a decir e la afectada. También censura gravemente al entonces presidente de la Mancomunidad,  Rubén Edesa, por su “actitud de exclusión” a la trabajadora. “Sí se reúne y mantiene contactos periódicos con los restantes responsables de área pero no con [la afectada] a la que evita sistemáticamente”.

 

La Inspección de Trabajo  resalta la «pasividad» de la presidencia de la Mancomunidad, con un «absoluto vacío hacia cualesquiera solicitud o reclamación» por la afectada

Califica de “pasividad” la actitud del entonces presidente de la Mancomunidad (de quien si destaca que no constan “insultos ni descalificaciones” como los de la interventora), que protagoniza “un absoluto vacío hacia cualesquiera solicitud o reclamación planteada” por la trabajadora, que al final le lleva a un trastorno motivado por stress laboral.

El informe de Trabajo certificó hasta tres infracciones graves o muy graves por el trato humillante, las secuelas psicológicas y la pasividad de la Mancomunidad pero las engloba en una “infracción única y continuada” por la “pluralidad” de acciones contra la trabajadora “en ejecución de un plan preconcebido”, por lo que procede aplicar una sanción por una infracción laboral muy grave, su grado máximo.

La entidad pública, en vez de normalizar la situación, denunció el acta de Inspección ante los juzgados, ya con la nueva presidenta de la Mancomunidad Esther Lasa. El juzgado de lo social número 5 de Bilbao volvió a dar la razón a la empleada, en un fallo dictado el 30 de septiembre de 2015, que concluye la existencia de un maltrato «de manera persistente y reiterada». Agrega que hubo una «conducta afeante de su dignidad y consideración debida por su empresario» y «trato no respetuoso». La Mancomunidad volvió a recurrir y el Tribunal Superior de nuevo falla a favor de la  trabajadora, en otro fallo emitido el 8 de marzo de 2016, con los mismos argumentos que el juzgado.

El tercer y cuarto fallos judiciales favorables a la empleada son de abril y septiembre de 2016, de nuevo por denuncias presentadas por la Mancomunidad de las Encartaciones: en este caso por las bajas laborales de A.ID., hasta tres desde 2011 hasta el pasado mes de abril (por periodos de hasta siete meses) debido al stress por el acoso laboral. En la sentencia del Tribunal Superior del pasado 26 de septiembre, se concluyen que las bajas obedecen a «a aquel ambiente de acoso y conductas contrarias a la dignidad de la trabajadora», por lo que «nos hallamos ante una enfermedad contraída por razón exclusiva del trabajo».

El quinto y último (por ahora) pleito ganado por la afectada es del juzgado de lo social número 9 de Bilbao, fechado el pasado el pasado 17 de febrero. En este caso, A.I.D. presenta por vez primera una demanda contra la Mancomunidad por los daños y perjuicios del acoso. El juzgado condena a la institución a pagarle más de 24.000 euros y reprocha la conducta de la entidad pública por no cumplir los fallos y ocultar los hechos. «No resulta jurídicamente admisible ignorar o eludir lo resuelto en sentencia firme y determinar que no han existido tales incumplimientos». Agrega que ha habido «actos ofensivos por parte de la empresa que han ocasionado a la trabajadora lesiones psicológicas». La empleada ha recurrido el fallo porque pedía una indemnización de 150.000 euros.

Hoy día sigue el hostigamiento: tiene el ordenador capado, no se responde a sus e mails y debe justificar por escrito los «objetivos alcanzados» de una simple salida de trabajo

Pese a los cinco pleitos perdidos, la Mancomunidad ha proseguido con el hostigamiento. Hoy día la empleada carece de ordenador portátil, a diferencia del resto de sus compañeros de trabajo y pese a que solía desplazarse por trabajo por los ayuntamientos de la comarca, ni teléfono móvil e incluso le han capado gran parte de las funciones de su ordenador de mesa. No puede utilizar dispositivos externos. Ha sido apartada de reuniones a las que acudía, no se responde sistemáticamente a sus e mails (una pasividad de la dirección que ha llevado a perder subvenciones millonarias para empleo) e incluso debe pedir un permiso y aportar un informe justificado «con los objetivos alcanzados» si sale de la sede de la Mancomunidad a realizar un trabajo, según la orden de la presidenta Esther Lasa del pasado 3 de noviembre. Su salario es un 15% inferior a sus compañeros de su misma categoría: desde 2010 no se he ha aplicado ninguna de  las subidas generales aplicadas al resto de empleados.

Un episodio esclarecedor ocurrió en julio pasado. La empleada tenía que entregar un informe laboral sobre la comarca  y, una semana antes del plazo de entrega con el trabajo casi culminado, desapareció el archivo del ordenador. El informático de la Mancomunidad le comenta  que no se puede recuperar y la presidenta Esther Zalla duda de que hubiera realizado el trabajo. La empleada recurre, como se certifica en un escrito, a otro informático externo y recupera sin problemas el archivo.

A. I. D. no es la única empleada de esta Mancomunidad que ha sufrido acoso. En 2012, una compañera suya ganó la primera condena en España por acoso a un funcionario público basándose en la legislación laboral (hasta entonces iban por la vía contenciosa, mucho más lenta). Esa otra empleada, M. P. L. permaneció siete años sin apenas tareas. En 2011 también había ganado otro pleito: condenaron a la interventora Esperanza Bejo (una de las protagonistas del acoso a A. I. D) por injurias en la vía penal.

Poco más hay que comentar de esta escandalosa situación. Una entidad pública condenada por acoso a dos de sus 12 empleados, que tras cinco sentencias judiciales mantiene el hostigamiento a una trabajadora durante siete años y con sus responsables campando a sus anchas: haciendo caso omiso a los tribunales y recurriendo todas las sentencias, eso sí con dinero público. ¿Alguien va a intervenir drásticamente en la Mancomunidad de las Encartaciones para atajar este disparate? Esperaremos, me temo, sentados.