Un juzgado de Azpeitia tiene paralizada desde hace más de tres meses la apertura de una nueva investigación sobre el polémico casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple
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La fábrica ilegal de Bilbao que estuvo elaborando hormigón sin permiso durante cinco años ha perdido su quinto pleito judicial para evitar el derribo de la factoría. Pero la empresa, Hormigones Vascos, sigue sin demoler las instalaciones en las faldas del monte Pagasarri, pese a las
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La catástrofe ambiental y humana (todavía hay dos personas desaparecidas casi tres semanas después del derrumbamiento) del vertedero de Zaldibar ha puesto en el foco la falta de control de estas instalaciones. En Euskadi, es en los basureros de residuos no peligrosos o los de
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El Gobierno vasco dispone de ocho inspectores para vigilar el funcionamiento de los 11 vertederos de residuos no peligrosos y de inertes, similares al de vertedero de Zaldibar donde el pasado 6 de febrero desaparecieron dos trabajadores tras el corrimiento de medio millón de
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La investigación apunta como causas a la falta de compactación del suelo o un drenaje incorrecto en el interior del basurero La empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) donde el pasado jueves desaparecieron dos trabajadores tras el corrimiento de medio millón de metros cúbicos de
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Un juzgado de Bilbao investiga la falta del estudio de impacto ambiental en el polémico plan urbanístico en Mungia, que impone el pago de más de 2,1 millones de euros a más de medio centenar de propietarios. La demanda judicial presentada por los afectados del
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El polémico plan urbanístico en Mungia, que impone el pago de más de 2,1 millones a más de medio centenar de propietarios, tiene más elementos irregulares. Las cargas urbanísticas suponen una media de 42.000 euros por vecinos, aunque en nueve casos se exigen pagos de
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Desde hace 10 años, los propietarios de una urbanización en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales.
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El ex alto dirigente del PNV Alfredo De Miguel, condenado el pasado diciembre a penas que sumaban 13 años de cárcel por el cobro de comisiones por obras públicas en el Parque Tecnológico de Álava tiene opciones de evitar la prisión. La clave es que
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La sentencia del llamado caso De Miguel, el cobro de comisiones por obras públicas en el Parque Tecnológico de Álava que va a llevar a la cárcel a ex dirigentes del PNV, ha roto el espejismo del oasis vasco, el término que se ha acuñado
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