El nuevo plan de protección de Urdaibai rechazado por casi todos

Urdaibai, la única reserva de la biosfera de Euskadi, dispone de un nuevo plan de protección que es rechazado por casi todos. De nuevo la joya ambiental vasca, como se ha repetido a lo largo de sus 32 años de vida, es motivo de trifulca.

Imagen de Urdaibai, en su parte central.
Imagen de Urdaibai, en su parte central.

Solo el PNV, a través de sus representantes en el Gobierno vasco, la Diputación vizcaína y sus ayuntamientos, ha avalado el proyecto. El Patronato de Urdaibai, el órgano de gestión de la reserva, aprobó en julio el llamado PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) con 11 votos a favor y siete en contra, entre ellos los ayuntamientos gobernados por Bildu, ecologistas, un representante del Parlamento vasco, la Demarcación de Costas del País Vasco (dependiente del Gobierno central), el Consejo de Cooperación (que agrupa a una docena de grupos sociales y culturales de la comarca) y la asociación de forestalistas, un grupo siempre cercano a los peneuvistas. La UPV, que iba a votar en contra, no acudió a la reunión. El documento, aprobado a finales de septiembre por el Consejo de Gobierno vasco, solo espera su entrada en vigor a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Es el primer gran cambio del PRUG desde su aprobación en 1993. Entonces ya requirió tres años y 35 reuniones entre el Gobierno y la Diputación de Bizkaia, en las que se discutió artículo por artículo. Pero, nada más entrar en vigor, empezó a ser cuestionado por la Diputación vizcaína. “El error ha sido hacer desde Vitoria un diseño de gabinete de Urdaibai, sin contar con los residentes”, decía en 1995.

Uno de los principales motivos de rechazo es la menor protección ambiental, según los detractores del plan. Una reserva de la biosfera no es un parque natural en el que casi todo está prohibido. Es una figura de protección que la combina con el desarrollo socioeconómico. Y en los 32 años de vida de Urdaibai como reserva de la biosfera las restricciones han sido importantes: en las zonas rurales no se ha podido construir salvo excepciones y actividades económicas como la forestal tienen grandes limitaciones.

Viviendas en el barrio de Kanala, en Urdaibai
Viviendas en el barrio de Kanala, en Urdaibai

Así, hasta ahora los vecinos han tenido que solicitar al menos dos permisos (uno a su ayuntamiento y otro al Patronato de Urdaibai) para cualquier actuación, desde una simple chabola o vallado hasta la construcción de una vivienda. Dos informes vinculantes hasta ahora. En el anterior plan de protección, se regulaba en el artículo 130 la necesidad del informe “preceptivo” del Patronato, que, como la práctica lo establecía, era vinculante. En el nuevo plan, ya se introduce, en el artículo 5.1.2, la asertación de que esos informes tendrán “la consideración de preceptivos y no vinculantes”. Un sutil cambio que deja en manos de los ayuntamientos la concesión de licencias y que, según han denunciado los ecologistas,”es poner al zorro a cuidar el gallinero”. Y es que en estas dos últimas décadas se han detectado una docena de casos de chalets ilegales, construidos a espaldas del Patronato de Urdaibai y con el único amparo de los municipios. Incluso persiste la situación de una vivienda unifamiliar ilegal desde hace 17 años en la localidad de Mendata, que fue el primer caso en que el Gobierno vasco llevó a los tribunales a un ayuntamiento por incumplir la ley de Urdaibai.

[pullquote]Los ecologistas calculan que se abre la puerta a la recalificación de más de 200 hectáreas de suelo rural[/pullquote]

El colectivo Zain Dezagun Urdaibai, que ha presentado alegaciones al plan de protección, argumenta que se pone en “en manos de las corporaciones una responsabilidad para la cual no tienen ni medios materiales, ni personal capacitado. Y en algunos casos una larga tradición de licencias ilegales contrarias a la ley”. Los ecologistas calculan que se abre la puerta a la recalificación de más de 200 hectáreas de suelo rural y que todo el plan de protección es una suma de los planes urbanísticos existentes y previstos por los ayuntamientos de la reserva. El Gobierno vasco, en su respuesta a las alegaciones, sostiene que “todos los actos de construcción y uso del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales sean informados por el Pleno” del Patronato y que sus informes no pueden ser vinculantes según la jurisprudencia del Tribunal Superior vasco.

El Gobierno vasco ha señalado además que el nuevo plan aumenta un 4% la superficie protegida. Un dato que tiene trampa, según los ecologistas, porque “ese aumento del 4% se refiere a suelos de protección normal que pasan a especial protección, debido a que Europa obliga a establecer esta figura a las riberas de los ríos”. A las más de 200 hectáreas de suelo rural que pueden perderse, añaden las 178 hectáreas de suelos protegidos o especialmente protegidos en su inicio por la Ley de Urdaibai que se perdieron entre 1993 y 2003, según un informe oficial del Patronato.

El descontento es patente. El Consejo de Cooperación de Urdaibai, un organismo de carácter consultivo que se gestó para impulsar la participación ciudadana con una docena de colectivos sociales, ecologistas, culturales o sindicales de la comarca, se posicionó en contra del nuevo plan por unanimidad. Zain Dezagun Urdaibai  va a plantear una queja directa ante la Unesco, el órgano que declara las reservas de la biosfera en todo el planeta, y el Parlamento vasco. Y también ha decidido formular una denuncia en los tribunales una vez que el plan esté oficialmente en vigor.

Urdaibai es un vocablo y un paraje bonito pero su gestión ha sido más bien pésima. En los 20 años desde que se aprobó el plan de protección de Urdaibai por parte del Gobierno, no se ha podido desarrollar ningún plan económico. El resultado es que la comarca se ha quedado casi sin tejido industrial, al perder más de 4.000 empleos en estas tres décadas. La bronca entre el Gobierno vasco y la Diputación vizcaína, que defendía a los ayuntamientos en sus planes urbanísticos, llegó a la amenaza de la institución foral en los 90 con romper la ley de Urdaibai en la mayor crisis vivida hasta ahora. Durante cuatro años, entre 2008 y 2012, ni siquiera hubo director-conservador, la figura clave en cualquier reserva de la biosfera. Ahora el nuevo plan de protección nace con un rechazo mayoritario. Y mientras es la única comarca de toda Euskadi sin un plan integral de saneamiento tras haberse gastado más de 155 millones.

 

 

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