Una lista de seis alcaldes vascos condenados y pendientes de juicios por corrupción

Euskadi, el lugar que presume de elevados índices de honradez en las administraciones públicas, asiste en los últimos tiempos a condenas judiciales de alcaldes y al paso de ediles por el banquillo de los acusados. Sin contar los casos de las otras instituciones vascas, como el Gobierno y las diputaciones forales, solo en los ayuntamientos existe ahora una lista de seis alcaldes condenados y pendientes de juicio por corrupción. Este martes el alcalde de Erandio, Joseba Goikuria, y dos ex concejales del municipio son enjuiciados por prevaricación. El miércoles tenía que celebrarse el juicio contra el ex alcalde de Zierbena, Marce Elorza, acusado de malversación, pero la vista ha quedado aplazada por un recurso de su abogado. Este lunes tendrán que declarar como investigados (lo que antes se denominaba imputados) los ex alcaldes de Alonsotegi Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban por malversación y prevaricación.

Solo en los dos últimos meses los tribunales han considerado culpables de delitos a dos ex alcaldes, los de Bakio y Muskiz. Txomin Renteria, regidor e Bakio por el PNV durante 16 años, fue sentenciado en marzo por la Audiencia de Bizkaia a  dos años y seis meses de prisión por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración. La Justicia consideró probado que modificó el contrato de un centro de talasoterapia al eximir a una empresa del pago del canon al ayuntamiento: casi medio millón de euros.

En abril, el juzgado de lo penal número 1 de Barakaldo condenó a siete años de inhabilitación al ex alcalde de Muskiz Gonzalo Muskiz (entonces alcalde por EA y ahora concejal por el PNV) para empleo o cargo público por adjudicar un contrato verbalmente «de forma descarada y obviando cualquier procedimiento». En este caso, se trató de la adjudicación de unos cursos de formación durante dos años por un importe, en cada ejercicio, de 36.000 euros.

La corrupción en ayuntamientos vascos tiene su primer caso relevante en la década de los 90, en el municipio vizcaíno de Mallabia. El alcalde entre 1991 y 1995, Juan Luis Pagalday (PNV), fue condenado a tres años y seis meses de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial: se embolsó, junto a la secretaria-interventora, casi 400.000 euros, procedentes de un proyecto de un polígono industrial. Tras un larga instrucción iniciada en 2006, la Audiencia de Bizkaia les condenó en 2007 a 7 años de cárcel, una pena rebajada a la mitad por el Tribunal Supremo en 2009.

Ha habido otros casos que no han acabado en los tribunales, como el del ex alcalde de Lemoa, Javier Beobide (PNV), quien se tuvo de dar de baja de su partido tras descubrirse que se gastó solo en puros 6.000 euros, dentro de un partida de 175.000 para gastos protocolarios.  Además, Beobide, otro concejal peneuvista y cinco trabajadores del Ayuntamiento ingresaron casi 50.000 euros en dietas de kilometraje sin ninguna justificación entre 2007 y 2011, según la documentación recopilada por el consistorio.

O el del ex alcalde de Orozko, Juan Antonio Ollaguenaga, quien percibió un sobresueldo de 50.000 euros durante tres años y medio de una sociedad pública municipal cuando también cobraba un sueldo como primer edil. La ilegalidad fue constatada por el Tribunal Vasco de Cuentas.

El alcalde de Erandio Joseba Goikuria (PNV), quien se sienta en el banquillo este martes del juzgado de lo penal número 2 de Bilbao, se enfrenta a ocho años de inhabilitación por permitir el funcionamiento sin licencia de una empresa de recuperación de metales. En la instrucción del caso, se certificó la «pasividad» de los imputados (también son enjuiciados dos ex concejales de Urbanismo de Erandio) en facilitar la actividad industrial, sin licencia durante varias décadas.

Más grave es el caso del ex alcalde de Zierbena, Marce Elorza (PNV), quien  debe hacer frente a tres años y medio de cárcel por por malversación de fondos públicos y delitos societarios en una sociedad pública municipal. Mantuvo a otro concejal cobrando un sueldo de alta dirección -51.812 euros anuales- de la sociedad pública cuando ya no dirigía nada y sin un contrato durante más de un año. Como en la mayoría de los casos, la instrucción ha sido larga (cinco años) y, cuando el juicio se había fijado para este miércoles 24, se ha aplazado debido a un recurso presentado por el abogado del ex alcalde. Elorza fue contratado como asesor por la Diputación cuando el caso estaba en la fase de instrucción y le mantuvo en el cargo durante siete meses, incluso ya cuando fue procesado. Solo le destituyó ahora hace un año cuando se fijó la apertura del juicio.

El caso más escandaloso es el de Alonsotegi, el municipio vizcaíno con sus dos últimos alcaldes imputados por un «agujero» económico de 4 millones de euros. El Tribunal Vasco de Cuentas, que utiliza siempre la mesura, fue demoledor en el informe que realizó el pasado año sobre la polémica sociedad urbanística. “No ha cumplido la normativa legal que regula su actividad económica-financiera», una frase que casi nunca emplea en sus informes pese a que siempre hay incumplimientos de mayor o menor gravedad de los organismos públicos que fiscaliza. En el informe completo, se censura la deficiente gestión de los dos ex alcaldes, con sobrecostes de obras de hasta el 165%, ventas de terrenos por debajo de la tasación o abonar dos veces la misma factura a una constructora. Los dos ex alcaldes de Alonsotegi Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban están imputados por malversacíón y prevaricación y tienen que declarar este lunes ante el juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo.

Alonsotegi tiene el dudoso récord de ser el segundo municipio vasco más endeudado (más de 1.700 euros por habitante cuando la media de Euskadi no llega a 300 por cada vecino).  Según datos del pasado año, con un el 22% de desempleo, el segundo municipio de Bizkaia con la tasa de paro más elevada y diez puntos más que la media de Euskadi,  Es uno de los siete municipios intervenidos en Bizkaia por la Diputación debido a su abultada deuda y junto a Bakio ha sido el único al que se le ha prolongado de 10 a 15 años el plazo para pagarla. La condición es que no puede acometer inversiones.

Está pendiente también la celebración del juicio contra el ex alcalde (entre 1999 y 2015) de Errigoiti, Iñaki Madariaga, a quien un juzgado de Gernika le ha procesado por cuatro delitos electorales por empadronar ilegalmente a 22 personas para las elecciones municipales de 2011. Se enfrenta a penas que suman 9 años de cárcel.

Demasiados juicios a alcaldes por graves deficiencias en su gestión municipal y, en algunos, perjuicios económicos claros para el erario público. Parece que la corrupción asoma bastante por estos lares.