La juez archiva el caso del exjefe de Urbanismo de Zarautz que avaló el casoplón de 11 baños

Un juzgado de Azpeitia ha archivado el caso de allanamiento contra el exjefe de Urbanismo en Zarautz que avaló el casoplón de 11 baños, cuyo derribo ha sido decretado por la Justicia. La magistrada de la plaza 2 del tribunal de instancia de Azpeitia, encargada de las indagaciones, ha concluido que no hay ·indicios suficientes” de un delito en el acceso a un despacho municipal del grupo Podemos Equo Berdeak entre mayo y junio de 2023. Una de las claves del archivo ha sido la declaración del principal testigo, la limpiadora del edificio consistorial de Zarautz, quien ante la juez negó la entrada de ninguna persona. En cambio, cuando sucedieron los hechos, comunicó a los afectados que ella fue la persona a través de la que el exfuncionario accedió al despacho municipal. Y lo hizo en un día y hora diferente a la aportada por el imputado. Este testimonio fue el que llevó a la edil a presentar la denuncia.

La investigación judicial arrancó tras unos hechos ocurridos entre mayo y junio de 2023. La denunciante fue la entonces concejal de Podemos Equo Berdeak (ahora sin representación municipal tras perderla en las elecciones de mayo de 2023), Oihane Delgado, quien fue informada por la trabajadora de la limpieza que su despacho estaba revuelto. En concreto, había “dos muebles de ficheros abiertos y algunos documentos revueltos en estanterías”, según la denuncia presentada ante la Policía local el 1 de junio de 2023. La formuló poco después de que el exfuncionario le admitiese que había entrado en su despacho tras recibir la primera información a través de la limpiadora.

El juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia abrió una investigación a finales de 2023 y, en febrero de 2024, tomó declaración como investigado al exresponsable de Urbanismo. Afirmó que entró “con dos personas” en el despacho el 31 de mayo sobre las 8.15 horas porque, como iba a quedarse libre al perder Podemos su concejal, quería “tomar medidas” para usarlo para otros empleados. “No estuvimos ni dos minutos”, declaró.

Agregó que la entrada, que requiere una tarjeta electrónica, la hizo con la tarjeta de otra empleada y que no “tenía intención de espiar, ni robar nada”. Atribuyó la denuncia a la “inquina enorme” de la concejal contra su persona y aseguró que “me he sentido acosado”.

Sin embargo, había dudas de que el allanamiento se produjera el 31 de mayo, ya que el registro de entradas de la empresa que controla las tarjetas electrónicas certifica que solo hubo dos entradas ese día, a cargo de la empleada de limpieza y están fechadas hacia las 15 horas. En su declaración, el exfuncionario no supo explicar por qué no aparece en el registro su entrada sobre las 8.15 horas.

El auto dictado el pasado 6 de mayo por el juzgado de Azpeitia señala que existe una única entrada el 31 de mayo y que “no permite inferir por sí mismo la comisión de conducta ilícita alguna”.  Por ello no ve una “vulneración de la intimidad o de la integridad documental del despacho”.

El exjefe de Urbanismo de Zarautz fue el empleado municipal que refrendó la licencia para la acometida del agua al palacete, con una orden de demolición dictada el 17 de enero del pasado año por la Justicia y que fue ratificada el pasado 8 de julio por el Tribunal Supremo.

En un informe firmado el 5 de junio de 2020 (cuando el casoplón ya llevaba cinco años de investigación judicial con múltiples irregularidades e informes contrarios del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa), el funcionario de Urbanismo concluyó que sería “injusto y temerario no autorizar la acometida de agua”.

El caso del allanamiento de un despacho municipal en Zarautz por parte del exfuncionario que avaló el polémico casoplón de 11 baños ha quedado archivado. Fundamentalmente porque la principal testigo que dio pie a la denuncia ha cambiado la versión inicial de que entró con el empleado municipal en un día y hora diferente a la esgrimida por el imputado. Han pasado hasta siete jueces por estas diligencias, que estuvieron paralizadas durante casi dos años. Y se producen en el mismo juzgado que, por su inacción, propició hace ya siete años el archivo inicial del caso del palacete. Demasiados claroscuros en el trabajo de este juzgado.