Más acoso al vecino de Zamudio que ya lleva 17 años de litigios con el ayuntamiento

El vecino que lleva 17 años de litigios con su ayuntamiento, el municipio vizcaíno de Zamudio, sigue amenazado. El alcalde Igoitz López (PNV) se ha negado, en un decreto firmado en julio, a conceder la licencia de fin de obra de unas simples estacas, pese a dos fallos judiciales firmes, que obligaron a que la anterior alcaldesa tuviera que dejar el cargo por prevaricación.  Otra historia más de abuso de poder con el trasfondo de otro vecino influyente del municipio que ha sido “molestado”.

Este caso nace en 2001 y el protagonista es José María Zarate. Este vecino ya soliviantó en la década de los 90 a la Diputación de Bizkaia por revelar la existencia de unos restos históricos en el trazado previsto para el corredor del Txorierri, la carretera de circunvalación en torno a Bilbao abierta en 2003. Esos restos formaban parte de la ruta juradera del Camino de Santiago. El trayecto tuvo que variarse con un sobrecoste de seis millones de euros.

En 2001,empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio: debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos. Entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aconsejó delimitar sus tierras con unas estacas. Dicho y hecho. En 2006 pidió la licencia municipal de obras pero no recibió respuesta en ocho meses.  Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas entre el 21 y el 23 de mayo. Entonces no hubo silencio municipal. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y antes de finalizar la obra la ex parlamentaria del PNV y ex  viceconsejera de Educación Arantza Aurrekoetxea, “que es la que corta el bacalao en Zamudio”, dice Zarate, le conminó a que “parara inmediatamente”.

La entonces alcaldesa dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado le condenó por prevaricación, un fallo confirmado en 2011 por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó pero permanece en el cargo.

Las dos sentencias judiciales fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, ya con el nuevo alcalde, Igoitz López. Fue necesario un nuevo tirón de orejas de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de “renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados”. En junio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

La tranquilidad le duró unos pocos meses a Zarate. En noviembre de 2014, el alcalde, en una reunión celebrada en el ayuntamiento con el afectado, le informó que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos”. Y durante estos tres años no ha dispuesto de la licencia de fin de obra.

 

Un decreto del alcalde, firmado el pasado 12 de julio, ha anunciado al vecino que no va a disponer, tres años después, de la licencia de fin de obra “por incumplimiento de la misma”. Aduce, en otro enrevesada argumentación, que debe determinar si el camino es público y, en ese caso, se podría anular la colocación de las estacas. Llama la atención que ahora se informe de un decreto de 2014 que desestimaba la licencia de fin de obra sin que el interesado haya sido informado en estos tres largos años. La ley fija que debe notificarse en un plazo de 10 días. Y es significativo que el ayuntamiento aluda al inicio de una investigación sobre si el camino es público, cuando las sentencias judiciales que condenaron a la anterior alcaldesa señalan que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el castastro.

En el fondo del tema está otro vecino, Angel Aurre, suegro del secretario municipal de Zamudio y padre de una trabajadora del consistorio, a quien le molestó especialmente la colocación de las estacas por parte de Zarate. Un residente influyente a quien, sin licencia, si se le permitió en su propiedad un cierre con verja metálica.

Suena todo esto a persecución de un vecino que se ha atrevido a tocar las narices a un ayuntamiento. Con la condena firme de una alcaldesa por prevaricación y por unas simples estacas, cuesta entender la actuación de un ayuntamiento con uno de sus residentes por una asunto tan nimio. 17 años de litigios son incomprensibles y más la tozudez en incumplir las sentencias judiciales, buscando subterfugios administrativos para saltarse la legalidad. El esfuerzo y el dinero público debería dedicarse al interés general y no al particular de vecinos con pedigrí. Y convendría desterrar conductas con tufillo vengativo.