La Fiscalía ordena por segunda vez ampliar la investigación del casoplón de Gipuzkoa

La Fiscalía de Gipuzkoa ha ordenado por segunda vez ampliar la investigación del caso del casoplón de Aia (Gipuzkoa), el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo.  Si en junio decretó continuar con sus indagaciones sobre la construcción del polémico palacete, ahora ha reclamado extender las pesquisas sobre un posible delito contra el patrimonio en las obras de urbanización de acceso al palacete acometidas sin licencia, como reconoció el propio ayuntamiento de Aia.

Actualmente son tres los tribunales que investigan las obras acometidas por la familia de la concejal del PNV en Zarautz, Maite Garrastazu: aprovecharon un caserío en ruinas pero ejecutaron una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. Los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos.

El primer tribunal que investigó el caso, tras una denuncia de la Federación Gipuzkoana de Deportes Aéreos por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, fue el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia. Este juzgado decretó en mayo de 2016 el archivo provisional: no veía ni  prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba  por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido y la Audiencia de Gipuzkoa tiene desde hace un año pendiente si confirma el archivo u ordena proseguir la investigación.

En el ámbito contencioso-administrativo, el juzgado 1 de San Sebastián indaga desde 2015 sobre la polémica edificación pero las diligencias están paralizadas hasta que se resuelva la investigación penal. El tercer tribunal es el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, que abrió en marzo pasado una investigación por las obras de urbanización de acceso al palacete. La juez remitió además el caso a la Fiscalía de Gipuzkoa para que intervenga.

Ahora, la Fiscalía de Gipuzkoa, en un escrito firmado el 30 de agosto, ha solicitado al juzgado que se amplíe la instrucción durante año y medio, “teniendo en cuenta que resulta necesaria la práctica de más diligencias para el esclarecimiento de los hechos investigados en esta causa”.

El  Ayuntamiento de Aia legalizó en diciembre de 2017 las obras de acceso al chalé, que había paralizado meses antes aunque estaban ya terminadas, sin aportar la documentación técnica que lo avale, sin datos del expediente sancionador que abrió a los promotores y sin facilitar ningún dato del expediente a los denunciantes, la Federación de Deportes Aéreos de Gipuzkoa. Estas irregularidades llevaron a los demandantes a presentar un recurso administrativo, que fue rechazado por el ayuntamiento, y otra nueva denuncia en los tribunales, que es la que investiga ahora el juzgado.

En esta investigación, los denunciados son dos hermanas de la familia Garrastazu (quienes pidieron las licencias de obras de acceso), la alcaldesa y el anterior alcalde así como el secretario, el arquitecto y el aparejador municipales, que han avalado con sus informes las obras del casoplón.

Estas obras de urbanización provocaron, debido a la falta de licencia, la apertura en el verano de 2016 de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento. Tras medio año sin tener noticias, la resolución dictada en febrero de 2017 fue rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convierte el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, califica el tipo de sanción (cuando tenía que haberla hecho en agosto), y cambia al instructor del expediente, que era el secretario municipal, por… otro funcionario del ayuntamiento cercano de Getaria. En vez de recurrir a la Diputación de Gipuzkoa, como establece igualmente la ley vasca de Suelo.

El área de Medio Ambiente de la Ertzaintza pidió hace más de un año al juzgado 1 de Azpeitia que el Instituto de Geología y Minas de España elaborase un estudio detallado del área donde se ubica el casoplón,  otro informe sobre sonometría (el ruido y el riesgo de deslizamiento han sido los motivos esgrimidos por la familia Garrastazu para justificar el cambio de ubicación), una medición exacta de la edificabilidad y volumetría del palacete y la toma de declaración del aparejador municipal de Aia, quien concedió la primera licencia de rehabilitación. No ha habido ninguna respuesta hasta ahora.

Los promotores han estado avalados en todo momento por el Ayuntamiento de Aia, que ha argumentado que la “atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa”  explica que haya 11 dormitorios. “Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”. Considera que la reconstrucción se ejecute en “un lugar diferente al del edificio original no es razón para considerarlo una nueva edificación” y alude a un “eventual riesgo de deslizamiento” esgrimido por los propietarios en un informe técnico. Algo que ha sido rebatido por otro geóloga.

La actuación municipal en este caso ya motivó un tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa que en 2016 apercibió al Ayuntamiento de Aia de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitar el expediente urbanístico, pedido casi un año antes tanto por la Ertzaintza como por los demandantes.

El cerco a los promotores del casoplón se estrecha cada vez más y urge aclarar lo ocurrido: cómo se pide un permiso para remodelar un caserío en ruinas en 2010, se modifica la licencia para ubicarlo 200 metros más allá en un área de especial protección y duplicando la superficie original, se acometen las obras de acceso sin licencia, el sospechoso amparo municipal… Demasiadas sombras y con un poderosa familia implicada.