Los tres ayuntamientos vascos que deben pagar más de 4 millones por chanchullos urbanísticos

Tres ayuntamientos vascos deben afrontar el pago de más de 4 millones de euros por chanchullos urbanísticos. Los consistorios de Barrika, Berriz y Leioa, todos ellos en Bizkaia, han sido condenados en los últimos años en los tribunales por operaciones urbanísticas o adjudicadas salpicadas por la corrupción.

La condena más reciente es la de Leioa, por el llamado caso Pinosolo, un supuesto trato de favor a dos empresas para que se llevaran una obra de casi 60 millones de euros. La Autoridad Vasca de Competencia concluyó que la empresa elegida por el Ayuntamiento para evaluar las ofertas, la asesoría Arcain, actuó en connivencia con la constructora Aros y el arquitecto catalán Joaquin Pujol para que les adjudicaran la obra. Señaló que, en la valoración, el 65% eran criterios subjetivos. El caso motivó una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Leioa, que dio por probado que Arcain, el arquitecto y Aros colaboraron con el exalcalde Eneko Arruabarrena (actual director gerente de Metro Bilbao) y el exconcejal Jon Loizaga, ambos del PNV, antes de que se convocara el concurso. El polideportivo no se ha llegado a construir ocho años después de la adjudicación.

Hace unos meses, la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bilbao, experta en litigios mercantiles, condenó al Ayuntamiento de Leioa al pago de casi 700.000 euros a las empresas adjudicatarias de la fallida obra. Concluyó que la rescisión del contrato se produjo por “causas imputables” al ayuntamiento y no a las adjudicatarias. El perjuicio podría haber sido mayor ya que exigían 3,2 millones en concepto de daños y perjuicios. En su día ya se les abonaron 1,6 millones por los trabajos realizados.

Pinosolo fue un caso sonado ya que, en la comisión municipal de investigación, el ex gerente de la sociedad pública Leioa Kirolak, que gestionó el proyecto, declaró que el concejal Jon Loizaga le conminó a que “estuviera con el pico cerrado”.

En Berriz, los vecinos verán esfumados de la cuentas públicas 1,5 millones de euros. Un juzgado de lo contencioso-administrativo condenó al ayuntamiento a pagar 1,8 millones de euros por adjudicar en 2003, a través de la sociedad municipal Susa, la construcción de viviendas a la constructora Abaroa que no presentó toda la documentación exigida, en detrimento de otra empresa, Jauregizar.

El consistorio negoció con la constructora Jauregizar y redujo el abono a 1,5 millones a cambio de pagar esa cantidad rápidamente. Entregó 300.000 euros en julio de 2016, otros 450.000 en agosto (200.000 de ellos aportados por la Diputación vizcaína como subvención en concepto de imprevistos y 150.000 del remanente municipal) y en agosto los 750.000 restantes, procedentes de  un crédito bancario que obliga al municipio de Berriz pagar anualmente 96.000 euros.

El alcalde Roland Isoird (PNV) se comprometió en 2016 a crear una comisión de investigación por esta irregular adjudicación pero sigue sin constituirse. En el último pleno municipal de 2017, anunció que se formará la comisión sin dar más datos. La sociedad municipal Susa no ha ejecutado ninguna obra desde 2005.

En Barrika, sus residentes aún aguardan conocer la manera en que deberán pagar un millón de euros por permitir la construcción de 14 chalés en suelo ilegal, en el área de Barrikabaso. Es uno de los mayores despropósitos urbanísticos en Euskadi, en el que desde hace casi 30 años, dos instituciones (la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Barrika) se han saltado sin ningún pudor la ley que impedía construir en un suelo protegido. Los ecologistas lo denunciaron a los tribunales y ganaron tres pleitos en largos litigios que se prolongaron durante 12 años. Pero en ese intervalo se permitió la construcción de los 14 chalés.

 

El juez lleva desde hace casi un año sin adoptar una decisión sobre el plan del Ayuntamiento de Barrika de pagar un millón de euros en 8 años

 

Las promotoras de las viviendas, que entraron en concurso de acreedores por la fallida operación, reclamaron perjuicios en los juzgados y el Tribunal Superior vasco sentenció en 2016  que la Diputación y el Ayuntamiento debían abonarles, de forma subsidiaria, casi dos millones de euros, 1,5 millones de indemnización y cerca de 400.000 euros en intereses. La Diputación vizcaína dio la orden de pago de la sanción, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia el 14 de marzo de 2016: casi un millón de euros a la cuenta del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Bilbao.

Pero el Ayuntamiento de Barrika no ha aportado su parte, un millón de euros (el 70% de su presupuesto municipal), al menos que se conozca oficialmente. El consistorio aprobó, en abril pasado, un plan de pagos durante ocho años que, sorpresivamente, aún no ha sido contestado y aceptado por el juzgado. Pero además dicha propuesta no contempla el abono de 200.000 euros en intereses, considerados “abusivos” por el consistorio. Asimismo, no ha podido consignar un adelanto de 200.000 euros que fueron aportados por la Diputación vizcaína a fondo perdido para destinarlos al pago: la oposición lo rechazó y quedó aparcado ya que el PNV gobierna en minoría con 4 de 9 concejales que conforman la corporación.

Tres casos de deficiente gestión pública que hipotecan gravemente a ayuntamientos, siempre apretados de gastos. Y en este caso también reducen la capacidad de inversión para los vizcaínos, debido a los 1,2 millones aportados por la Diputación de Bizkaia. Como casi siempre, no hay ningún responsable ni sanciones o apercibimientos por una demostrada pésima administración de lo público.