Bilbao incumple el plazo para derribar la hormigonera ilegal desde 2011

El Ayuntamiento de Bilbao ha incumplido su promesa de derribar una  hormigonera que ha funcionado ilegalmente durante cinco años. Pese a que en mayo pasado anunció que se demolería a finales de 2017, hoy día la planta sigue en pie y los responsables de la empresa, Hormigones Vascos, no parece que tengan intenciones de acometer el derribo.

Como publicó este blog, una sentencia del Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre pasado el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016. Esta hormigonera se construyó la década pasado en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao.  La empresa Hormigones Vascos tenía una hormigonera en un lugar cercano, que tuvo que derribarse por la Supersur. La solución fue permitir otra fábrica aunque incumpliendo la ley al tratarse de suelo no urbanizable. El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Además. la fábrica recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.  Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

Pese a que debía haber concluido su actividad en 2011, la hormigonera siguió trabajando para obras diversas: allí se fabricó, por ejemplo, el hormigón para la construcción del nuevo campo de fútbol de San Mamés. Un propietario expropiado denunció el caso en la Fiscalía, que mandó un escrito en enero de 2015 al Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre la continuación de la actividad industrial pese a estar finalizadas las obras de la Supersur.

Solo esa intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al Ayuntamiento… con cuatro años de retraso. Ordenó, en un informe emitido el 22 de mayo de 2015, el cierre de la hormigonera y su derribo al haberse finalizado, cuatro años antes, las obras de la Supersur. La empresa judicializó el caso y el 20 de enero de 2016, solo ocho meses después, el ayuntamiento aceptó la petición de la empresa de mantener la actividad con los argumentos de que generaría “perjuicios de muy difícil reparación” como el cierre de la planta y la pérdida de 30 empleos esgrimidos por la empresa. Es decir, no defendía su propio acto de clausura.  El juzgado aceptó entonces que la hormigonera siguiera con su actividad. Sin embargo, dos meses después, en marzo de 2016, el Ayuntamiento presentó otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, donde volvía a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera “cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente”.

Este informe ratificando la ilegalidad llevó a la Fiscalía a pedir, el pasado 13 de julio, que se le remitan todas las diligencias del caso para comprobar la actitud del Ayuntamiento: por un lado consideraba ilegal la actividad de la hormigonera y al mismo tiempo no se oponía a que siga funcionando.

En octubre llegó la sentencia del Tribunal Superior Vasco que denegó la petición de Hormigones Vascos de continuar con su fábrica, al resaltar que dicha actividad «sólo se contempla en suelo industrial» y que no existe la justificación de su existencia por las obras de la Supersur: «desde septiembre del año 2011 no hay obras realizándose en la infraestructura viaria». Por ello concluía que la fabricación de hormigón “no tiene por qué ser desarrollada en la actual ubicación” y que el mantenimiento de la fábrica “no tiene otra explicación que alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente dada la inexistencia de obras”.

El Ayuntamiento bilbaíno nunca se ha mostrado diligente en este caso. Primero, por permitir la ubicación en un suelo no urbanizable y, luego, por incumplir el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Ya con la sentencia judicial del Tribunal Superior,  en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.

En mayo pasado, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017 y, en caso de negativa de la empresa, el consistorio se encargaría de ello. Hoy 17 de enero no se adoptado, al menos que se conozca, ninguna medida y la planta sigue en pie, como aparece en imágenes de la semana pasada. Incluso responsables de la fábrica han comunicado a vecinos que pretenden mantener la actividad ya que la Diputación de Bizkaia ha anunciado que acometerá una nueva fase de la Supersur.

EH Bildu ha pedido explicaciones al Consistorio para el próximo pleno municipal sobre las razones de la demora en el derribo, si se van a imponer sanciones a Hormigones Vascos y el coste que supondrá la demolición.

Este caso demuestra, una vez más, la permisividad de las administraciones con empresas relevantes. Tuvo que intervenir la Justicia para que el Ayuntamiento de Bilbao se “enterase” que la planta ya no podía fabricar hormigón desde 2011 y, con una sentencia desde hace año y medio, la hormigonera sigue impoluta. Por no hablar de los 4,7 millones de dinero público que ha cobrado Hormigones Vascos. ¿Todo normal?