La juez llama a declarar, tras un año de parálisis, al alcalde vizcaíno imputado por acoso a un vecino durante 18 años

La juez de Bilbao encargada de investigar al alcalde de Zamudio, Igoitz López (PNV),  por delitos de prevaricación continuada, malversación, falsedad y desobediencia debido al acoso a un vecino, que lleva más de 18 años de hostigamiento del ayuntamiento por la simple colocación de unas estacas en su terreno, ha fijado la toma de declaración del primer edil para este 4 de julio. Una decisión que ha tomado tras más de un año desde que se abrió la investigación.

Pese a que el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao ya tomó declaración en mayo del pasado año al vecino denunciante, no había practicado más diligencias, entre ellas la toma de testimonio del único imputado y dos secretarios del ayuntamiento, ambos como testigos, quienes también declararán este jueves.

La titular del juzgado, Yolanda Paredes, ya recibió un varapalo, en julio pasado, por parte de la Audiencia de Bizkaiapor la intención de la magistrada de apartarse del caso. Una jueza que se define a sí misma como “influencer” de la moda, como apareció el pasado 27 de mayo en una entrevista en El Correo de Bilbao.

La odisea de este vecino de Zamudio, José María Zarate, se remonta a 2001, cuando empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio: debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos. Entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aconsejó delimitar su terreno con unas estacas. Dicho y hecho. En 2006 pidió la licencia municipal de obras pero no recibió respuesta en ocho meses. Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas.

Entonces no hubo silencio municipal. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y antes de finalizar la obra la ex parlamentaria del PNV y ex  viceconsejera de Educación Arantza Aurrekoetxea le conminó a que “parara inmediatamente”.

La entonces alcaldesa dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado de lo penal de Bilbao le condenó por prevaricación, un fallo confirmado ese mismo año por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó pero permanece en el cargo.

Pese a las dos sentencias judiciales, el ayuntamiento se resistió a cumplirlas ya con el nuevo alcalde, Igoitz López. Fue necesaria otra intervención  de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de “renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados”. En julio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

Pero el consistorio nunca le ha concedido la licencia de fin de obra. Zarate estuvo esperando tres años a una respuesta municipal. Hasta que  un decreto del alcalde, firmado el 12 de julio de 2017, anunció al vecino que no iba a disponer de la licencia de fin de obra “por incumplimiento de la misma” sin aportar más explicaciones. En el escrito le informaba de otro decreto, elaborado supuestamente en octubre de 2014, que desestimaba  la licencia de fin de obra sin que el interesado haya sido informado de ello en estos tres largos años. La ley fija que debe notificarse en un plazo de 10 días. La defensa de Zarate consideró que es un documento falso y pidió al juzgado el original de ese decreto de 2014 y las declaraciones de dos funcionarios (entre ellos el secretario municipal) sobre dicho decreto, “desaparecido” hasta hace unos años.

Entre mediados de 2017 y principios de 2010, el vecino recibió tres comunicaciones del alcalde anunciándole la apertura de un expediente cuyo objetivo último es el derribo de las estacas. Harto del hostigamiento, José María Zarate presentó una denuncia el 14 de febrero del pasado año en la que habla de un «plan delictivo» del alcalde contra él con actuaciones que son una «represalia o mobbing institucional al ciudadano». «Una actuación municipal deliberadamente arbitraria, ilegal e irrespetuosa con los derechos constitucionales (del vecino)», agrega.

La jueza inició el 8 de marzo del pasado una investigación contra el alcalde de Zamudio por los delitos deprevaricación continuada por los diversos expedientes abiertos; un delito de desobediencia judicial por no cumplir las sentencias que dieron validez a la colocación de las estacas; otro de malversación de caudales públicos, por los fondos públicos destinados en todas las actuaciones contra el vecino y la falsedad en documento público por el decreto «fantasma» de 2014.

Zarate declaró en el juzgado el 15 de mayo del pasado año y aseveró que el “el alcalde [de Zamudio] me dijo que se quitaba un muerto de encima” cuando en 2014 le concedió el permiso para instalar las estacas pero luego el primer edil cambió su actitud. Tras este testimonio, la jueza tenía intención de tomar declaración al alcalde pero, sorpresivamente, dos semanas después dictó un auto, el 1 de junio, en el que pedía “la abstención” en esta instrucción. Lo justificaba porque en 2012 ya investigó otra denuncia del vecino contra el alcalde por denegarle la licencia de obras de colocación de las estacas. ”Se tratan de los mismos intervinientes y siendo idénticamente igual la naturaleza de los hechos”, aducía.

La Audiencia de Bizkaia, en un auto dictado el 11 de julio, rechazó de plano la petición de la magistrada. “No es causa de abstención el hecho de instruir denuncias entre las mismas personas y por hechos análogos, conexos o relacionados”.

El caso ha estado paralizado desde entonces y la Fiscalía de Bizkaia, en un escrito del pasado 27 de mayo, aseguró que la instrucción debe concluir el próximo 29 de octubre. Señaló que, tras la declaración del denunciante, estaban pendientes la toma del testimonio de dos secretarios municipales como testigos y recabar todos los expedientes administrativos del caso. Y, añadía en un toque de atención a la jueza, “sin que conste que se haya resuelto aún sobre la práctica” de estas diligencias.

Apenas diez días después de las advertencias de la Fiscalía, la juez ha dictado una providencia, fechada el pasado 7 de junio, en la que llama a declarar al alcalde y el secretario municipal titular y el que actúa como sustituto. El primero es yerno del vecino colindante con José María Zarate y a quien el afectado le atribuye las presiones al ayuntamiento para acosarle.

Además la juez exige, como también pidió la Fiscalía, “que remitan a este Juzgado en el plazo de diez días todos los expedientes administración de investigación” del caso tramitados desde julio de 2017.

Tras más de un año desde que se abrió este caso y se tomó la declaración al denunciante, el juzgado ha llamado por fin a declarar al único imputado, el alcalde de Zamudio. Ha tenido que ser tras las advertencias de la Fiscalía. Ahora toca esperar a que cumpla con su trabajo y se aclare la actuación del ayuntamiento.