Las contradicciones y «olvidos» ante la juez del alcalde vizcaíno imputado por el acoso a un vecino durante 18 años

El alcalde de Zamudio, Igoitz López (PNV), imputado por los delitos de prevaricación continuada, malversación, falsedad y desobediencia debido al acoso a un vecino, que lleva más de 18 años de hostigamiento del ayuntamiento por la simple colocación de unas estacas en su terreno, no ha aclarado a la juez las razones del hostigamiento que él considera «un conflicto entre vecinos». Y no ha explicado la existencia de un decreto “fantasma” que estuvo oculto tres años y cuya existencia es negada por los dos secretarios municipales de Zamudio.

López tomó declaración ante el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao el pasado 4 de julio, más de un año después de que se iniciaran las investigaciones debido a la paralización del caso por parte de la titular del juzgado, Yolanda Paredes. Al alcalde se le imputan los delitos prevaricación continuada por los diversos expedientes abiertos contra el vecino José María Zarate; un delito de desobediencia judicial por no cumplir las sentencias que dieron validez a la colocación de las estacas; otro de malversación de caudales públicos, por los fondos públicos destinados en todas las actuaciones contra el vecino y la falsedad en documento público por el decreto «fantasma» de 2014.

Esta historia se remonta a  2001 cuando el vecino empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio y, tras multiples gestiones, el aparejador municipal le aconsejó delimitar su terreno con unas estacas. En 2006 pidió la licencia municipal de obras pero no recibió respuesta en ocho meses.  Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas entre el 21 y el 23 de mayo de ese año. Entonces no hubo silencio municipal. La entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado.

En 2010 un juzgado de lo penal de Bilbao condenó a la anterior alcaldesa por prevaricación, un fallo confirmado ese mismo año por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia.

Pese a las dos sentencias judiciales, el ayuntamiento se resistió a cumplirlas ya con el nuevo alcalde, Igoitz López, que entró en el cargo en 2011. Fue necesaria otra intervención  de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de “renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados”. En julio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

Pero desde entonces, el consistorio se ha negado a conceder la licencia fin de obra. Hasta que  un decreto del alcalde, firmado el 12 de julio de 2017, anunció al vecino que no iba a disponer, tres años después, de la licencia de fin de obra “por incumplimiento de la misma” sin aportar más explicaciones. En una enrevesada argumentación, señalaba que se debía determinar si el camino es público y, en ese caso, se podría anular la colocación de las estacas y derribarlas. En ese escrito se informaba de otro decreto del alcalde de 2014 que desestimaba la licencia de fin de obra sin que el interesado haya sido informado de ello en estos tres largos años. La ley fija que debe notificarse en un plazo de 10 días.

Entre mediados de 2017 y principios de 2010, el vecino recibió tres comunicaciones del alcalde anunciándole la apertura de un expediente cuyo objetivo último es el derribo de las estacas. Harto del hostigamiento, José María Zarate presentó una denuncia el 14 de febrero del pasado año en la que habla de un «plan delictivo» del alcalde contra él con actuaciones que son una «represalia o mobbing institucional al ciudadano». «Una actuación municipal deliberadamente arbitraria, ilegal e irrespetuosa con los derechos constitucionales (del vecino)», agrega.

Zarate declaró en el juzgado el 15 de mayo del pasado año y aseveró que el “el alcalde [de Zamudio] me dijo que se quitaba un muerto de encima” cuando en 2014 le concedió el permiso para instalar las estacas pero luego el primer edil cambió su actitud.

Tras esta declaración, el caso ha estado paralizado y la jueza ha intentado apartarse alegando que ya había investigado una denuncia similar. La Audiencia de Bizkaia, en un auto dictado el 11 de junio, rechazó de plano la petición de la magistrada y le obligó a retomar la investigación.

El alcalde compareció el 4 de julio y no aportó explicaciones claras sobre uno de los elementos claves del caso, el decreto “fantasma” de 2014 en el que negaba la concesión de la licencia de fin de obras de las estacas, que habría zanjado el conflicto. López declaró que el aparejador municipal hizo un informe que decía que la obra “no se ejecutó de manera adecuada y que era un cierre”.

Agregó que en esas fechas, en octubre de 2014, llamó a una reunión al vecino para notificar estos hechos “pero, junto a su abogado, me dijo que no se le notificase y que iba a presentar una denuncia penal”. A preguntas de la fiscal, el alcalde no aclaró por qué ese decreto “fantasma” no llevaba firma del secretario, a diferencia del que firmaría en 2017 negando la licencia de fin de obra.

El abogado del vecino señaló, en el interrogatorio, que la licencia de obras era para colocar estacas de delimitación en su terreno, incluyendo un presupuesto y un informe adjunto, y no para hacer un cierre. “Nosé, que quiere que lo diga”, respondió al alcalde. Sobre el hecho de que en tres años el vecino no recibiera ninguna información sobre su licencia, López dijo que “el decreto se queda en el ayuntamiento, lo que se hace es notificar. Son cuatro notificaciones”.

En cambio, los secretarios municipales, que declararon ante la juez posteriormente, negaron la existencia del decreto “fantasma” ni las notificaciones del mismo.  José Ignacio Arberas, secretario de Zamudio desde 1990, quien se ha abstenido en en este expediente al ser suegro de uno de los vecinos en litigio con el denunciante, afirmó”: “No he visto que se hayan notificado esos documentos de 2014 a 2017 a Zarate”.

El secretario que le sustituye, Asier Amarika, declaró: “No firmé el decreto de 2014” y aseguró que “no controlo” si se produjeron las notificaciones entre 2014 y 2017 a las que alude el alcalde.

El primer edil, que varias veces resumió el caso en un “conflicto entre vecinos”, se limitó a afirmar que “no me acuerdo” cuando fue preguntado por el rapapolvos de la Audiencia de Bizkaia por no permitir la colocación de las estacas ni el contenido de la reunión, en agosto de 2014, con el vecino denunciante en la que, según Zarate,  “el alcalde me dijo que se quitaba un muerto de encima” al darle el permiso de las estacas.

Tampoco aportó el dato, que tuvo que facilitar hace casi un año el Ayuntamiento por petición del juzgado y fue publicado en la prensa, sobre los gastos municipales en investigar al vecino: 12.584 euros en asesores y técnicos externos durante 2017 y 2018. “No sé. Firmo a diario facturas”.

La fórmula del “no me acuerdo” se repite en las declaraciones de imputados en los juzgados cuando se quiere eludir una respuesta. La declaración del alcalde de Zamudio, en un caso de acoso que dura 18 años con sentencia condenatoria a la anterior alcaldesa, arroja demasiadas sombras, sobre todo en el hecho de que durante tres años no respondieran a un permiso solicitado.Y no parece de recibo gastarse más de 12.500 euros de dinero público en un “conflicto entre vecinos”.