Otro juzgado investiga la falta del estudio de impacto ambiental en el polémico plan urbanístico de Mungia

Un juzgado de Bilbao investiga la falta del estudio de impacto ambiental en el polémico  plan urbanístico en Mungia, que impone el pago de más de 2,1 millones de euros a más de medio centenar de propietarios. La demanda judicial presentada por los afectados del área de Larrabizker se refiere además al sobreprecio dictado por el ayuntamiento en las cargas de urbanización, que casi se han duplicado, hasta alcanzar esos 2,1 millones. El Tribunal Supremo también está investigando este proyecto.

Como ha informado este blog, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. Pero es que a 20 propietarios de las viviendas más nuevas (unos chalets adosados) solo se les impone un pago de alrededor de 600 euros por cada inmueble.

Desde hace 10 años, los propietarios de una urbanización en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. El Tribunal Supremo investiga desde el pasado año (abrió diligencias el 10 de diciembre de 2018) si es legal o no la pretensión del Consistorio, que ha mantenido oculta durante años esta petición económica. El Supremo indaga sobre la caducidad del expediente. De confirmarse,  tumbaría el proyecto urbanístico en este barrio de Mungia.

Esta historia se sitúa en el barrio de Larrabizker, una zona de 11 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación  del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 25 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, ya se incluye un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no aparecía por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esta cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

La demanda -presentada el pasado 31 de enero y que está ya bajo investigación, desde el 3 de febrero, por parte del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao-, incide este sobreprecio, al señalar que “incumple el porcentaje del 11,50% garantizado para los propietarios del suelo urbano en el vigente planeamiento urbanístico general de Mungia”.

Además, los demandantes aluden a la falta del estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización “que afectan a 36 hectáreas de suelo muchas de las cuales son de naturaleza rústica, soporte de diversos hábitats de especies arbóreas y llegan a afectar a zonas ambientalmente sensibles”. Agregan que solo se ha sometido a informe de evaluación ambiental la modificación de las normas subsidiarias pero “no el proyecto de obras como tal”.

Las irregularidades se suceden en este proyecto urbanístico. Primero, obligar al pago de unos costes de urbanización a vecinos que estaban en un suelo urbano. Segundo, la arbitrariedad de estos pagos: es difícilmente justificable que algunos paguen 600 euros y otros muchos, 20.000, 40.000 o incluso 112.000 euros. Y usar la justificación de que pueden ampliar viviendas, que ninguno de los afectados ha pedido ni quiere, suena a excusa. Y ahora aparece la falta del obligatorio estudio de impacto ambiental. ¿No son suficientes anomalías para el Ayuntamiento de Mungia?