La fábrica ilegal de Bilbao pierde su quinto pleito contra el derribo… pero sigue en pie cuatro años después
La fábrica ilegal de Bilbao que estuvo elaborando hormigón sin permiso durante cinco años ha perdido su quinto pleito judicial para evitar el derribo de la factoría. Pero la empresa, Hormigones Vascos, sigue sin demoler las instalaciones en las faldas del monte Pagasarri, pese a las sentencias que, desde hace ya cuatro años, han ordenado el desmantelamiento.
Esta es la historia de una hormigonera, construida la década pasada en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri, que debió parar su actividad en 2011 pero siguió fabricando hormigón hasta 2016. Consiguió un singular y polémico permiso para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.
Su construcción fue denunciada en los tribunales por un propietario cuyos terrenos se expropiaron para habilitar la fábrica y solo la intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al consistorio, que durante cuatro años hizo caso omiso a la paralización de la actividad. El Tribunal Superior vasco ordenó en octubre de 2016 el cierre y la demolición de la fábrica por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016. Se trata además de una fábrica que recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia. Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.
Hace ahora dos años, en marzo de 2018, el Tribunal Superior vasco lanzó un severo rapapolvo a las administraciones públicas. Censuró, en una sentencia, hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos
Los reproches del Tribunal Superior al Ayuntamiento de Bilbao confirman su parcialidad en este caso. Primero permitió la ubicación de una fábrica en un suelo no urbanizable; luego incumplió el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Solo intervino en 2015 cuando recibió el toque de atención de la Fiscalía. Con la sentencia del cierre, en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.
Pese a que, en mayo de 2016, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017, la planta sigue en pie hoy en día.
La compañía ha hecho caso omiso y se ha dedicado a presentar recursos administrativos y judiciales. Pero los ha perdido sistemáticamente. Primero fue una sentencia del Tribunal Superior vasco que ordenó el cierre en 2016, confirmada por el Tribunal Supremo en 2017. El tercer fallo judicial contrario fue también en 2017 por un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao que ordenó el cese de la actividad. El 26 de octubre de 2018, otro juzgado (el número 5 de lo contencioso administrativo de Bilbao) ratificó la demolición al rechazar, como esgrimió Hormigones Vascos, que la fábrica se ubicase en suelo urbano y que el caso estuviera prescrito.
El quinto varapalo judicial a esta fábrica ilegal en Bilbao ha llegado de nuevo del Tribunal Superior vasco, que ha confirmado el último fallo de octubre de 2018. El Superior, en una sentencia dictada el pasado 19 de noviembre, ratifica que la superficie que ocupa la fábrica de hormigón es suelo no urbanizable y la instalación “no puede considerarse sino temporal, como se asumió por la mercantil apelante”, dice el fallo en alusión a Hormigones Vascos.
Además, rechaza la prescripción de cuatro años del caso como ha planteado la empresa porque se mantuvo la actividad hasta 2017 y al tratarse de suelo no urbanizable “no operaría el plazo de prescripción de cuatro años como ordena el art. 224.5 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco”. El Superior únicamente da la razón a Hormigones Vascos en una cuestión formal, como la ausencia de trámite de audiencia en la tramitación de la licencia de derribo, pero mantiene la orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Bilbao.
Los tribunales tienen todavía pendientes de resolver otros dos pleitos interpuestos por la empresa de esta fábrica ilegal en Bilbao contra la orden de demolición y el proyecto de derribo. El Ayuntamiento lo ha encargado a una empresa externa ante la negativa de Hormigones Vascos a acometer la demolición. Todo apunta a una estrategia de ganar tiempo, sobre todo tras el anuncio de la Diputación de Bizkaia de acometer una nueva fase de la Supersur. Hormigones Vascos buscaría así un argumento para mantener su planta ilegal.
El Ayuntamiento tiene, desde más de dos años, un informe sobre los costes de la demolición, que ha asegurado acometerá de manera subsidiaria tras la negativa de la empresa. El presupuesto total del derribo se eleva a 958.855 euros.
Las artimañas de los responsables de está fábrica ilegal en Bilbao han llegado hasta la insumisión judicial. Hormigones vascos se negó a pagar las costas a las que fue condenado por el pleito principal que ordenó el derribo: un total de 5.927 euros. Los tribunales tuvieron que iniciar una investigación para identificar el patrimonio y localizar las cuentas bancarias de Hormigones Vascos para proceder al cobro.
Incluso la empresa ha exigido el pago de 4,8 millones de indemnización, como aparece en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del pasado 18 de febrero de 2019, que la empresa exige el pago de 4,8 millones de euros. Hormigones Vascos argumenta que solo han podido usar la fábrica tres años cuando, según su versión, la Diputación vizcaína les prometió diez años.
Cinco pleitos judiciales perdidos en los últimos cuatro años, insumisión judicial para pagar las costas, cinco años fabricando hormigón ilegalmente, 4,7 millones de dinero público recibidos de más que dudosa justificación. Y una estrategia de seguir pleiteando mientras la fábrica, que debería haberse derribado en 2017, sigue en pie. ¿Qué más tiene que pasar para actuar sin miramientos contra esta empresa?
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