Imagen del Ayuntamiento de Iurreta.

El juzgado amplía a la interventora de Iurreta la investigación penal por acoso laboral

El juzgado de instrucción número 3 de Durango ha ampliado la imputación del caso de irregularidades en el ayuntamiento vizcaíno de Iurreta. Además del alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV), extiende la investigación por acoso laboral a la interventora municipal Leire Morejón. Ambos habían sido denunciados por la hasta hace poco secretaria municipal del consistorio, quien fue cesada por la Diputación de Bizkaia el pasado 24 de noviembre, solo ocho días después de que el juzgado abriera las diligencias de investigación.


En la demanda, se acusa al alcalde de cuatro delitos diferentes (prevaricación, coacciones, contra la integridad moral y lesiones) y a la interventora municipal, de acoso laboral a empleados del ayuntamiento. La denuncia revela que el alcalde comunicó a principios de octubre a toda la plantilla, un mes antes de hacerse efectivo el cese, que no se diera trabajo a la secretaria mediante un mensaje telefónico y en día festivo por la noche; la ocultación de los contratos menores que se adjudicaban en el ayuntamiento o situaciones de acoso laboral de la interventora a empleados del ayuntamiento.

La ex secretaria municipal Irma Domingorena, que estaba en su puesto desde el 24 de marzo, había detectado un sinfín de irregularidades en la gestión municipal. Cuatro meses después de la llegada a su cargo, relata la denuncia que investiga la jueza Ana Gómez, descubre que “no ha suscrito ninguna resolución de adjudicación de contratos menores” (los que se tramitan sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) y que solo son controlados por la interventora, Leire Morejón. Esos contratos no se plasman en decretos “y no hay dación de cuentas ni en el pleno ni en las comisiones informativas”.

Entre estas adjudicaciones sin control, destaca una directa de un contrato de servicios a la hija del arquitecto municipal a propuesta de él mismo. “Es un contrato de servicios de apenas 3.000 euros y cuando lo detecto ya se ha ejecutado y abonado”, señala la denuncia. Es un contrato “propuesto por el padre, responsable de área y certificada, también por el padre, la buena ejecución del contrato”.

Una parte importante de la demanda se centra en la actitud de la interventora municipal Leire Morejón, a quien acusa de acoso laboral a los empleados, especialmente a quien ocupó su puesto antes de su llegada. “Alega que llevarse mal con el personal subordinado es inherente al cargo”.

La interventora es acusada de retirar a empleados complementos salariales que debieron ser repuestos, retrasar el día de pago de las nóminas o la inasistencia a reuniones específicas de su labor como las comisiones y plenos de presupuestos. “Esgrime motivos de conciliación familiar a dichos órganos colegiados, aun cuando percibe un complemento específico del 5% por ampliación de jornada”.

Y a ello se unen casos de absentismo laboral. “Esta secretaria ha podido constatar que al menos un tercio de su jornada no se ha presentado a su puesto de trabajo. Ausencia que ha sido justificada personalmente por el alcalde. Este absentismo es público y notorio, conocido por todo el personal municipal y por algunos de los concejales que han tenido enormes dificultades para contactar con ella”.

La situación se agrava al final de las vacaciones de verano, cuando la interventora emite un informe de fiscalización negativo a las nóminas del personal. La secretaria municipal, señala la denuncia, entiende que “el retraso en el pago de las nóminas es un acto premeditado y deliberado, para enfrentarse directamente a esta secretaria municipal, aprovechando mi ausencia del Ayuntamiento y continuar con su costumbre de hacer a su antojo.”. Traslada esta opinión al alcalde, con quien mantiene un duro enfrentamiento por wasap. Este episodio sería determinante para el cese de la secretaria.

El juzgado de Durango abrió la investigación el pasado 16 de diciembre con la única imputación al alcalde y por un delito de acoso laboral. Sin embargo, la Fiscalía de Bizkaia envío un escrito, apenas una semana después (el 23 de noviembre), en el que señala que la denuncia se dirige, además del alcalde,  contra la interventora “por posible delito de acoso o contra la integridad moral”.

Por ello, pide que el proceso penal se amplíe contra la interventora “a menos” que la jueza expongan las razones “por las que considerase que los hechos a ella imputables no serían constitutivos de infracción penal”.

El juzgado de Durango emitió dos días después (el 25 de noviembre) una diligencia en la que acepta la petición de la Fiscalía e incluye así también como investigada, además del alcalde, a la interventora.

Ya son dos las personas investigadas en las presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Iurreta: un alcalde que promueve el cese de una secretaria municipal después de que detectara anomalías en contrataciones y la interventora que está acusada de acoso laboral y encima se jacta de que “llevarse mal con el personal subordinado es inherente al cargo”. No parecen las óptimas maneras de gestionar una responsabilidad pública.

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