La Justicia ordena seguir la investigación contra Bizkaia por dejar a un municipio sin ayudas para saneamiento

El Tribunal Superior vasco ha ordenado seguir la investigación contra la Diputación de Bizkaia por dejar sin ayudas para mejorar la red de saneamiento de agua en el municipio de Karrantza, una inversión de más de 20 millones de euros. El alto tribunal ha rechazado el archivo del caso pedido por el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (demandado en el caso junto a la Diputación vizcaína) que alegó que los convenios firmados habían expirado.

El conflicto por la gestión del agua en el municipio de Karrantza se ha judicializado por la decisión que tomó la Diputación de Bizkaia, hace ahora casi un año, de rescindir dos convenios suscritos hace 10 años para garantizar el agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. La ley obliga a las diputaciones, como entidad supramunicipal, a prestar asistencia a los ayuntamientos que, con su propio músculo financiero, no pueden ejecutar infraestructuras de alto coste como las estaciones depuradoras o de abastecimiento de agua.

En el fondo del conflicto está la reticencia del Ayuntamiento de Karrantza, gobernado por la plataforma independiente Karrantza Zabala, de integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, por el perjuicio económico para el municipio. “Las condiciones de entrada al CABB (Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia) no son viables para la estabilidad presupuestaria”, concluye un informe del interventor municipal del pasado año, que “informa desfavorablemente a la entrada en el CABB bajo el condicionado requerido”.

Un informe de la auditoría Deloitte, elaborado en mayo de 2018, concluye que, con la integración, las nuevas tarifas de agua supondrían el cierre del 70% de las explotaciones ganaderas del municipio al ser “incapaces de remunerar su mano de obra propia”. Además, incide en que se exige el Ayuntamiento que, antes de integrarse en el Consorcio, debe reparar toda la red secundaria de abastecimiento (más de 9 millones de euros) y ejecutar la planta de tratamiento (más de 20 millones).

La Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Karrantza suscribieron un convenio para mejorar el saneamiento en 2011 pero, tras diversos trámites y elaboración de proyectos, las gestiones están paradas desde 2013, justo cuando el Ayuntamiento acordó no integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Pese a ello, la Diputación suscribió con el Consistorio en 2014 el convenio del abastecimiento de agua que se paralizó en 2016. La depuradora que se construyó (y que debía conectarse a otras tres que operan actualmente en Karrantza) está sin utilizar tras una inversión de 9 millones de euros.

La paralización de estos convenios ha llevado al Ayuntamiento de Karrantza a presentar dos denuncias en los tribunales, por la no ejecución de las redes de saneamiento y abastecimiento, respectivamente.

Sobre la primera denuncia, admitida a trámite el pasado 3 de marzo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Consorcio vizcaíno de Aguas pidió el pasado mayo el archivo de la causa al alegar que el convenio suscrito en 2011 ha quedado extinguido.

Pero, el Tribunal Superior, en un auto dictado el pasado 22 de junio, ordena proseguir con la investigación y propina un tirón de orejas al Consorcio provincial de Aguas. Argumenta que pretende evitar la investigación judicial de lo sucedido. “Aspira a que tal controversia quede imprejuzgada sin pronunciamiento alguno por este orden contencioso-administrativo”, señala y, de hecho, le impone las costas judiciales de su reclamación.

La Justicia obliga a seguir con la causa abierta por la decisión unilateral de la Diputación de Bizkaia de denegar ayudas, comprometidas hace ya 10 años, para algo tan fundamental como es la gestión del agua. Se trata de 20 millones en saneamiento que ningún ayuntamiento vasco, que no sean las capitales, pueda asumir. Y menos uno pequeño como el vizcaíno de Karrantza.