Imagen del Ayuntamiento de Iurreta.

Otra empleada del Ayuntamiento vizcaíno de Iurreta denuncia acoso laboral

Otra trabajadora del ayuntamiento vizcaíno de Iurreta ha declarado a un juzgado que sufrió acoso laboral, en la causa que se investiga por este presunto delito al alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV) y a la interventora municipal. “Vi que iba a por mí (en alusión a la interventora) en un ataque gratuito y directo. Le dije varias veces al alcalde que me estaban atacando. El consideraba que eran chiquillerías entre mujeres y que teníamos que hablar entre nosotras para sacar el trabajo”.

Sobre el alcalde, “me ha decepcionado.  No ha querido solucionar el tema, no ha tomado medidas para evitar ese ataque frontal”, ha asegurado a la juez Josune Rada, empleada municipal en Iurreta desde hace 27 años y en baja por ansiedad desde febrero pasado.

Contra este ayuntamiento vizcaíno están abiertas tres investigaciones. La primera se abrió hace ahora casi un año por acoso laboral, en la que están imputados el alcalde y la interventora. La denuncia fue de la anterior secretaria municipal que fue  cesada por la Diputación de Bizkaia tras desvelar las irregularidades en el ayuntamiento. La declaración de la empleada Josune Rada, en julio pasado, forma parte de la causa abierta por el juzgado de instrucción número 3 de Durango, en la que también se ha tomado ya testimonio al alcalde, la interventora y la secretaria municipal cesada.

La segunda investigación fue abierta el pasado 26 de febrero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Bilbao, por ocultar las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del alcaldeY la tercera está gestionada por el Tribunal de Cuentas del Estado por irregularidades en la gestión municipal, como adjudicaciones sin control (entre ellas a la hija del arquitecto municipal) o falta de transparencia en contratos.

En la causa penal por acoso laboral, la empleada Josune Rada (quien ocupaba las tareas de tesorera municipal) ha declarado que la interventora Leire Morejón ha intentado de manera repetida “controlar mi trabajo, fiscalizaba expedientes, me desautorizaba delante del alcalde, el asesor y la secretaria, las auxiliares administrativas”. “No me tenía en cuenta en temas que me competían, me puenteaba reuniones con el alcalde, manifestaba públicamente que no tenía conocimiento [para realizar sus tareas en el ayuntamiento].

La empleada ha aseverado que no emprendió ningún protocolo de acoso “porque eran mi jefa y el alcalde y tenía miedo en denunciar. Me veía muy aislada en el ayuntamiento, no podía hablar prácticamente con nadie”. Ha justificado que solo ha recurrido a los tribunales una de las irregularidades (un caso de retribuciones salariales, que está ahora en el Tribunal Superior de Justicia del País) “porque tengo miedo a ella y a que no se me respalde, que es lo que estoy viendo que ocurre”.

En su declaración, admite que, aunque “no he tenido trato degradante del alcalde”, ha echado en falta una mejor respuesta y respaldo.

Sobre el absentismo laboral de la interventora que aparece en la denuncia, la empleada ha afirmado que Leire Morejón respondía, al ausentarse de reuniones internas del consistorio, que  “no hay nada interesante y que no podía porque tenía que atender a sus niños. Solía faltar bastante, no sabíamos por qué, a veces porque iba a algún curso y otras no explicaba por qué”.

En julio pasado también declaró ante la juez la exsecretaria municipal Irma Domingorena, quien empezó a trabajar en el consistorio en marzo de 2020, y aseguró que se encontró con que la interventora describía “al personal, con descalificaciones durísimas, de inútiles, tontas y torpes. Especialmente cruda es contra Josune Rada. Se lo comenté al alcalde que hay más que una mala relación. El alcalde dice que hay quejas generales del mal carácter y la interventora me dice que es inherente al cargo llevarse mal con el personal”.

La exsecretaria municipal expresó a la juez la existencia de un “sentimiento unánime del personal de problemas con la interventora. Le digo al alcalde que hay un abuso de una persona que se cree superior y que se abra una investigación pero me dice que el problema del acoso no le va a arrastrar”.

Añadió que, tras una comunicación verbal, el 14 de julio le traslada por escrito “el malestar de todo el personal, que es una bomba de relojería y que acabaría estallando si no tomábamos medidas. El alcalde me dijo que le diera tiempo y que se abordaría en septiembre, que es cuando me cesó”.

Ya no es solo la exsecretaria municipal de Iurreta (cesada hace un año tras desvelar múltiples irregularidades en este ayuntamiento vizcaíno) la que denuncia al juzgado casos de acoso laboral. Una empleada afectada ha confirmado estas prácticas, de las que acusa a otra trabajadora, la interventora municipal, con la pasividad del alcalde del municipio. Esta investigación judicial es una de las tres existentes contra el Consistorio, que incluyen adjudicaciones sin control (entre ellas a la hija del arquitecto municipal) o falta de transparencia en contratos. Demasiado hechos de suma gravedad que deben ser aclarados.

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