El primer juicio de los tres casos de corrupción en Alonsotegi llega tras 8 años de investigaciones

El primer juicio por los casos de corrupción en el municipio vizcaíno de Alonsotegi, que afectan a los tres alcaldes (todos del PNV) que tuvo la localidad entre 2003 y 2015, llegará por fin el próxiimo mes, ocho años después de iniciarse las investigaciones judiciales en tres sumarios diferentes. Paradójicamente, la vista oral  fijada para el 18 de octubre en la Audiencia de Bizkaia abordará el último de los casos abiertos, el del ex alcalde José Luis Erezuma (primer edil entre 2011 y 2015), cuya instrucción se inició en 2018 por el pago a constructoras de obras públicas que no se ejecutaron.

El caso más antiguo y de mayor gravedad de los tres implica a dos exalcaldes, Aitor Santisteban (alcalde entre 2007 y 20119 y a Gabino Martínez de Arenaza (primer edil entre 2003 y 2007), acusados de dejar un agujero económico de 15 millones de euros en el ayuntamiento. Se les culpa de gastos sin justificar en una sociedad pública municipal. La instrucción judicial se inició en 2014 y la celebración del juicio, tras dictarse el procesamiento de los dos cargos públicos en 2018, lleva bloqueada casi cuatro años. Se les acusa, junto a un abogado y el arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos.

El tercero se refiere a certificaciones falsas de obras por la que está imputado el exalcalde Aitor Santisteban, En concreto, cerca de 1,2 millones de euros por trabajos que nunca se ejecutaron. La investigación judicial lleva también un gran retraso (casi seis años de instrucción)  y es el único de los tres en los que no se ha acordado todavía el procesamiento de los imputados, el paso previo a fijar un juicio.

También están imputados el arquitecto externo y el aparejador municipal, todos ellos por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación. Aunque, a finales de 2020, la Fiscalía de Bizkaia aumentó las imputaciones a cuatro personas más: los directivos y responsables de dos constructoras que recibieron el dinero. Además, amplió los delitos cometidos al añadir otros tres más: falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y fraude de subvenciones.

La Fiscalía señalaba que los siete imputados “puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, decidieron aparentar la ejecución de una serie de obras”.

La vista oral fijada para el próximo 18 de octubre ha tenido igualmente sucesivos retrasos. Se dictó para noviembre de 2021 y se aplazó a enero pasado. Entonces los cuatro procesados (el exalcalde José Luis Erezuma, un arquitecto municipal y dos constructores) llegaron a un pacto extrajudicial para evitar el juicio: reconocían el pago de dinero público de obras que no se ejecutaron y se comprometían a abonar de casi 900.000 euros de las subvenciones públicas y los intereses. A cambio, evitaban ir a la cárcel, ya que afrontaban penas de entre 6 y 8 años de prisión.

El pacto incluía establecer un calendario de pagos y una garantía que contemplaba embargos, con bienes inmobiliarios como aval, en caso de incumplimiento de los abonos. Esta fue una exigencia de EH Bildu el partido que destapó los casos, para aceptar el acuerdo.

Todos ellos admitían los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental y prevaricación. La condena se reducía a dos años de prisión (con lo que al carecer de antecedentes penales eluden la cárcel) y tenían que devolver el dinero público que se defraudó: 600.000 euros de la subvención otorgada por la Diputación vizcaína, los 65.000 concedidos por el propio ayuntamiento de Alonsotegi y 200.000 euros en concepto de intereses.

Pero todo se fue al traste la primavera pasada. Y por solo 60.000 euros. El abogado del arquitecto municipal procesado se negó a pagar el perjuicio cometido al Ayuntamiento. El pago al consistorio correspondía al arquitecto y al exalcalde, quien sí mostró su disposición a abonarlo.  Totalizaba, según el informe de la secretaría municipal, casi 65.000 euros, a los que se añaden 24.000 euros por los intereses y 32.000 en concepto de los gastos de defensa jurídica del ayuntamiento de Alonsotegi.

En este caso hay otros dos implicados, una arquitecta y el aparejador municipal. La primera se quedaba con una condena leve, por lo que no figuraba en el pacto y no tenía que pagar ningún dinero, mientras que el aparejador falleció en noviembre.

La investigación judicial de este caso se inició en 2018, tras una denuncia del grupo municipal de EH Bildu, por el juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo para esclarecer un episodio de obras falsas ocurrido en noviembre de 2011 tras unas riadas en el municipio de Alonsotegi. Se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones y las diligencias han determinado que ese dinero se utilizó para pagar a la constructora Laneder, (en disolución tras quebrar en 2013), con la que el Ayuntamiento tenía una deuda de más de un millón de euros por una obra anteriormente realizada en 2008.

Este abono por obras no ejecutadas fue reconocido, en su declaración ante el juez en noviembre de 2018, por uno de los constructores, Eduardo Ibarra. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”. Admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró. El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

El exalcalde José Luis Erezuma, con el preacuerdo extrajudicial, reconocía que encargó de “de forma verbal” las supuestas obras y los técnicos municipales presentaron informes “con desperfectos inexistentes”.

A la tercera parece que ya va la vencida y se celebrará el primer juicio por las graves irregularidades ocurridas en Alonsotegi a lo largo de las dos décadas anteriores. Un exalcalde, un arquitecto municipal y dos constructores han admitido que defraudaron dinero público para pagar a una constructora por obras públicas que nunca se ejecutaron. Casi 700.000 euros que no se utilizaron para el fin solicitado. Y aún quedan pendientes otros dos juicios en Alonsotegi, que han causado un agujero económico de otros 16 millones de euros, según los informes periciales. Dos casos en los que están acusados otros dos exalcaldes de Alonsotegi y media docena de personas, entre técnicos municipales y constructores. ¿Seguro que Euskadi es el oasis vasco de la corrupción?