El Superior ve desviación de poder en el cese de la secretaria de Iurreta y ordena su readmisión

El Tribunal Superior vasco ha apreciado desviación de poder por parte del Ayuntamiento de Iurreta en el cese, hace ya dos años y medio, de una secretaria municipal que había denunciado irregularidades en la gestión del Consistorio. El alto tribunal ha declarado nulo el despido y ordena la restitución a su puesto de trabajo con el abono de los salarios de la exsecretaria durante los dos años y medio que lleva sin su trabajo.

La secretaria cesada a finales de 2020, Irma Domingorena, con 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal, desveló numerosas irregularidades en el consistorio. Entre ellas, la autorización al arquitecto municipal para la adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a su hija por un valor cercano a los 3.000 euros, sin que acometiera ningún trabajo para el Ayuntamiento de Iurreta. La entonces secretaria detectó además hasta alrededor de 60 contratos menores (los que se adjudican sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) sin que se hubieran cumplido las exigencias legales de control.

Por ello, presentó una demanda en la vía contencioso administrativa. El Tribunal Superior de Justicia vasco inició hace casi dos años, en junio de 2021, la investigación para determinar si se ocultaron las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV). Y es que el alcalde argumentó, cuando decidió prescindir de Irma Domingorena, que el Ayuntamiento de Iurreta “se encuentra inmerso en una serie de proyectos estratégicos especialmente complejos en el ámbito urbanístico, organizativo y de Administración electrónica que requieren para su consecución de la prestación de servicios por parte de personal especialmente cualificado; con experiencia y un adecuado conocimiento tanto de la organización como de la idiosincrasia municipal”.

En su sustitución, se nombró, por el llamado mecanismo de acumulación, a la secretaria de la localidad cercana de Amorebieta. Se ha tratado de Aizbea Atela, quien fue juntera (miembro del Parlamento de Bizkaia) en representación del PNV durante 8 años, de 2003 a 2011. Permaneció en el cargo únicamente 13 meses, hasta que pidió ser sustituida. Su puesto está ocupado ahora por una administrativa, que actúa como secretaria accidental, y es diplomada en Magisterio, una categoría nada habitual para este cargo, ya que suelen ser técnicos y no administrativos y además con una licenciatura en Derecho o Empresariales que le permite tener conocimientos jurídicos.

El puesto de secretario es clave en un ayuntamiento y un perfil “crítico” es molesto para determinados alcaldes que no quieren “obstáculos” legales en cuestiones como el urbanismo.

En Iurreta, fuentes municipales han señalado que el alcalde ha llegado a admitir en privado que el nombramiento de la hasta hace poco secretaria fue “un apaño” para que la administrativa volviera al cargo. De hecho, la recién nombrada secretaria municipal promovió en 2020, cuando salió la denuncia contra el alcalde, una campaña de recogida de firmas entre los trabajadores de un documento de apoyo al primer edil. Pero solo logró su firma y la de otro empleado que también es de la máxima confianza de Iñaki Totorikaguena.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia dictada el pasado 6 de febrero, da la razón a la exsecretaria cesada. Asegura que se comete una” clara desvalorización de las capacidades” de la destituida y que su reemplazo por una secretaria de otro consistorio “tenía una finalidad medial e instrumental para lograr el cese de la secretaria interina”.

El alto tribunal vasco alude a que la acreditación del “móvil anómalo” del cese se corrobora con las “alusiones imprecisas [del alcalde] a la mayor experiencia de la Secretaria de Amorebieta”. Se refiere igualmente a la sentencia de la Audiencia de Bizkaia (que investigó el caso en la vía penal y finalmente lo archivó), en la que “no se descartan los hechos” de la desviación de poder “y antes bien, dicha resolución se remite a lo que pueda determinarse en vía administrativa o contenciosa sobre los motivos del cese”.

Por ello, el Tribunal Superior concluye que en este caso “se revelan suficientes inferencias de una voluntad predominante de emplear el expediente de acumulación (la sustitución por la secretaria de Amorebieta) para esa finalidad de cese”.

El fallo judicial declara “disconforme a derecho” la destitución la exsecretaria Irma Domingorena y anula la resolución. Ordena además su readmisión en el puesto con el pago de los salarios atrasados desde la fecha del cese, en noviembre de 2020, “incluidos intereses de demora”. Impone igualmente el pago de las costas judiciales al Ayuntamiento de Iurreta y la Diputación de Bizkaia, la institución que tramitó oficialmente la destitución. La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo (la última instancia para que sea firme) por el consistorio, pero no por la Diputación vizcaína.

Como ya publicó este blog, la designación de secretarios municipales en Euskadi es arbitraria y escasamente imparcial. La gran mayoría no son plazas fijas y los ayuntamientos optan por concursos que requieren un plazo de seis meses, en vez de acudir al propio Gobierno vasco, que resuelve la contratación en una semana.

Así, están vacantes más de la mitad de las plazas. En los 251 ayuntamientos vascos, según datos de 2021, un total de 136 puestos de secretarios e interventores estaban sin cubrir de manera fija, un porcentaje que en Gipuzkoa llega al 73%.

La sentencia del Tribunal Superior vasco es un fuerte varapalo a la gestión en el ayuntamiento vizcaíno de Iurreta. No es nada habitual que la Justicia vea desviación de poder en la actuación de un acalde, al cesar a una secretaria municipal que denunció múltiples irregularidades en la gestión del primer edil. La orden judicial de restituirle en su puesto y pagar los salarios de dos años y medio ilustra la gravedad de lo ocurrido. Lo ocurrido en Iurreta ilustra la opacidad en la gestión de muchos ayuntamientos vascos y el empeño en tener funcionarios dóciles que no cuestionen las decisiones políticas.

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