Mungia obvia tres sentencias judiciales y sube las cargas a los vecinos de su polémico plan urbanístico

El Ayuntamiento de Mungia ha aprobado definitivamente la nueva subida de las cargas urbanísticas a medio centenar de vecinos del polémico plan urbanístico de Larrabizker, pese a tres sentencias judiciales que han certificado la ilegalidad de las alzas. El Consistorio ha elevado los costes en casi 450.000 euros, por lo que ya sumarán más de 2,5 millones, debido a lo que denomina “circunstancias fácticas”.

La decisión se ha aprobado el pasado 26 de mayo mediante un decreto de alcaldía, justo el día anterior a las elecciones municipales. Ha sido de las últimas decisiones del ya el exalcalde Ager Izagirre antes de dejar su cargo. El decreto supone que estos vecinos tengan que pagar el 23,45% del total de costes y pasa por alto la sentencia de un juzgado de Bilbao y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han dictaminado que solo debían abonar un 11,50%.

En poco más de un año, el Ayuntamiento vizcaíno ha recibido tres varapalos judiciales por este asunto. En mayo del pasado año, el mismo juzgado anuló el proyecto de urbanización por incrementar casi el doble los pagos y la falta de información pública.

El Consistorio exige desde 2020 el pago de estas cantidades y la mayoría de los vecinos han abonado el dinero. Pero una docena de residentes ha llevado el tema a los tribunales y ya ha conseguido estas tres sentencias favorables.

Como ha informado este blog, la polémica del plan de Larrabizker reside en que  los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 26 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se incrementó hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial subían hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los vecinos llevaron a los tribunales estas irregularidades. El juzgado 5 de lo contencioso, en un fallo dictado el 6 de mayo del pasado año, declaró nulo el proyecto de urbanización de Larrabizker. Argumentó que el incremento del cobro de las cargas (del 11% a casi un 20%) incumple las propias normas urbanísticas del municipio de Mungia. A ello añadía que el proyecto de urbanización carece del preceptivo trámite de información pública, una ausencia que es criticada duramente en el fallo.

Pese a esta sentencia, el Ayuntamiento no tramitó la elaboración de un nuevo proyecto de urbanización, sino que ha procedido a una modificación.  Primero, aprobó de manera inicial los cambios, plasmados en un decreto de alcaldía del pasado 5 de octubre, en los que el Consistorio no solo rebajaba las cargas del 19 al 11% como exigía la sentencia judicial, sino que las incrementaba al 23,45%. Sin embargo, estos sobrecostes no se aplican a las obras del resto del proyecto, las 24 hectáreas de la nueva urbanización, que mantiene inalterables sus gastos y ve así reducida su carga total del 80% al 76%.

La decisión recibió hasta 40 alegaciones de los vecinos. El Ayuntamiento solo ha admitido una, pero referida a un asunto menor de lindes, y ha aprobado de manera definitiva (se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia del pasado 9 de junio) el incremento de costes obviando las sentencias judiciales contrarias. En el nuevo decreto, dictado el 26 de mayo, se hace una referencia genérica al primer fallo que anuló la urbanización, pero pasa por alto las otras dos sentencias que han declarado ilegales la subida de las cuotas.

Mientras sigue este lío judicial sobre el proyecto de Larrabizker, las obras continúan sin freno y ya están terminadas un centenar de las 437 viviendas proyectadas.

De nuevo, el Ayuntamiento de Mungia se salta sentencias judiciales en el polémico proyecto urbanístico de Larrabizker, con el quiere que medio centenar de vecinos que residen desde 50 años en sus casas paguen una millonada para sufragar una nueva urbanización adyacente. Tras declararse ilegal el proyecto de urbanización por casi duplicar las cargas y la falta de información pública y otros dos fallos judiciales que declaran ilegales dichas cargas, el Ayuntamiento, en vez de cumplirlos y rebajar los costes, aprueba definitivamente subirlos hasta el 23%. Y solo lo aplica a los damnificados y mantiene los costes a los que promueven toda la urbanización. Suena a que la tramitación urbanística va de la mano de la promotora privada, en vez del ayuntamiento.