El Supremo confirma la desviación de poder en Iurreta, que deberá pagar más de 200.000 euros a su secretaria

El Tribunal Supremo ha confirmado la “desviación de poder” en el Ayuntamiento de Iurreta por el cese hace casi cuatro años de la secretaria municipal. La sentencia del alto tribunal, que es firme, obliga además al Consistorio vizcaíno al pago, en concepto de salarios atrasados, de más de 200.000 euros a la secretaria, quien fue restituida en su puesto en agosto del pasado año.

Este caso ha tenido como consecuencia la dimisión del anterior alcalde Iñaki Totorikagüena, que dejó su cargo en marzo pasado tras 17 años como primer edil de Iurreta. Fue el responsable de la fulminante destitución de la secretaria municipal a finales de 2020, Irma Domingorena. Un mes antes de hacerse efectivo el cese, ordenó que no se diera trabajo a la secretaria mediante un correo electrónico y en día festivo por la noche. Con 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal, la secretaria había desvelado meses antes numerosas irregularidades en el consistorio.

Entre ellas, la autorización al arquitecto municipal para la adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a su hija por un valor cercano a los 3.000 euros, sin que acometiera ningún trabajo para el Ayuntamiento de Iurreta. La secretaria detectó además hasta alrededor de 60 contratos menores (los que se adjudican sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) sin que se hubieran cumplido las exigencias legales de control.

El Tribunal Superior de Justicia vasco inició hace casi tres años, en junio de 2021, la investigación para determinar si se ocultaron las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del exalcalde Iñaki Totorikagüena. Y es que el primer edil argumentó, cuando decidió prescindir de Irma Domingorena, que el Ayuntamiento de Iurreta “se encuentra inmerso en una serie de proyectos estratégicos especialmente complejos en el ámbito urbanístico, organizativo y de Administración electrónica que requieren para su consecución de la prestación de servicios por parte de personal especialmente cualificado; con experiencia y un adecuado conocimiento tanto de la organización como de la idiosincrasia municipal”.

En su sustitución, se nombró, por el llamado mecanismo de acumulación, a la secretaria de la localidad cercana de Amorebieta. Se trató de Aizbea Atela, quien fue juntera (miembro del Parlamento de Bizkaia) en representación del PNV durante 8 años, de 2003 a 2011. Permaneció en el cargo únicamente 13 meses, hasta que pidió ser sustituida. Su puesto fue ocupado por una administrativa, como secretaria accidental, y diplomada en Magisterio, una categoría nada habitual para este cargo, ya que suelen ser técnicos y no administrativos y además con una licenciatura en Derecho o Empresariales que le permite tener conocimientos jurídicos. Un perfil muy alejado del que argumentó el anterior alcalde cuando prescindió de la secretaria.

El puesto de secretario es clave en un ayuntamiento y un perfil “crítico” es molesto para determinados alcaldes que no quieren “obstáculos” legales en cuestiones como el urbanismo.

Hace más de un año, en febrero de 2023, el Tribunal Superior vasco dictó una sentencia que apreciaba desviación de poder por parte del ayuntamiento y declaró nulo el despido de la secretaria, con la restitución a su puesto y el abono de los salarios de la exsecretaria durante los dos años y medio que llevaba sin su trabajo.

Pese a que la sentencia, la afectada continuó sin su trabajo. Por ello, pidió la ejecución provisional de la sentencia referida a su reincorporación. Y de nuevo el Superior, en un auto dictado el 9 de julio de 2023, desestimaba los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Iurreta, que rechazaba la reincorporación, y ordenó su reincorporación inmediata. El entonces alcalde cumplió entonces el requerimiento y, desde agosto pasado, la secretaria está de nuevo reincorporada a su puesto, aunque actualmente se encuentra de baja laboral.

La sentencia del Superior solo fue recurrida por el Ayuntamiento ante el Supremo. La Diputación vizcaína, la institución que formalmente tramitó la destitución, no lo hizo. En un fallo dictado el pasado 24 de abril, el Tribunal Supremo rechaza la petición del Consistorio de Iurreta y hace firme el fallo del Superior vasco.

Eso supone el pago de los salarios atrasados a la secretaria municipal durante tres años y medio, que, sin incluir los intereses, suponen más de 200.000 euros. Una cantidad que, junto a otros conceptos y el pago de la cuota empresarial a la Seguridad Social, se acercará a los 300.000 euros, según fuentes municipales.

Ahora, el Tribunal Superior debe notificar la resolución al ayuntamiento antes del 9 de mayo y el consistorio tiene que abonar la deuda para el 8 de agosto, según establece la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Otro varapalo judicial al Ayuntamiento de Iurreta por el cese hace tres años y medio de la secretaria municipal, después de que desvelara graves irregularidades en la gestión municipal. Ahora es el Supremo quien confirma que hubo “desviación de poder” por parte del anterior alcalde, quien se resistió durante medio año a cumplir la sentencia. Tuvo que hacerlo y pocos meses después dejó su cargo tras 17 años al frente de la alcaldía. Ahora el ayuntamiento deberá pagar cerca de 300.000 euros, casi el 5% del presupuesto municipal anual. Y sin olvidar el calvario a una empleada municipal, un sufrimiento que no tiene resarcimiento alguno.