El Superior declaró ilegal en febrero un caso casi idéntico al del casoplón de 11 baños en Gipuzkoa

El Tribunal Superior vasco declaró ilegal en febrero pasado un caso casi idéntico al polémico casoplón de 11 habitaciones y 11 baños construido en Aia (Gipuzkoa) por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. El alto tribunal decretó la ilegalidad de un proyecto de construcción de un nuevo caserío en la localidad vizcaína de Sopuerta por incumplir la ley vasca de Suelo. Al igual que el casoplón de 11 baños, se pretendía reconstruir una edificación en otro sitio. El Superior ha resuelto el pleito en poco más de un año, en contraposición al palacete de Aia, en el que el mismo tribunal lleva casi tres años sin decidir sobre su legalidad.

El Superior, en una sentencia dictada el pasado 7 de febrero sobre un proyecto de edificación en Sopuerta, ha concluido que la ley vasca de Suelo solo permite reconstruir caseríos (en suelos no urbanizables) en ubicaciones diferentes en casos de expropiaciones forzosas o por un desastre natural fortuito.

El caso de Sopuerta llegó a los tribunales porque los promotores de la vivienda compraron una casa de indianos después de realizar una consulta urbanística al ayuntamiento. Preguntaron si podían reconstruirla en otra ubicación (a unos 200 metros) y recibieron el visto bueno municipal.  Pero, tras las alegaciones de un grupo ecologista, el ayuntamiento denegó el permiso una vez que habían comprado ya la vieja casa.

Acudieron a los tribunales y el Superior, en la sentencia de febrero pasado, señala que, aunque la normativa urbanística municipal pueda permitir el cambio de ubicación, ese traslado está prohibido por la ley vasca de Suelo. “Es radicalmente contraria a la regulación de la Ley del Suelo y Urbanismo, en concreto a la regulación recogida en el artículo 30.2 en relación con los supuestos de reconstrucción de caseríos y edificaciones residenciales en suelo no urbanizable, bien por resultar inservibles por caso fortuito o por causa de fuerza mayor, bien por su demolición por causa de expropiación forzosa debida a la implantación de sistemas generales”.

Agrega que “no se ha dado el supuesto que pueda justificar esa reconstrucción, dado que no consta acreditada la expropiación forzosa y derivada y exigida demolición de la edificación”.

En el caso del casoplón de 11  baños de la localidad guipuzcoana de Aia, un juzgado de San Sebastián consideró legal la construcción del palacete basándose solo en la normativa municipal del Ayuntamiento guipuzcoano de Aia y sin hacer ninguna referencia a las leyes urbanísticas de rango superior, las del Gobierno vasco. Obviaba igualmente la opinión de la Diputación de Gipuzkoa y el Ararteko, contrarias al proyecto del palacete.

Mientras que el caso de Sopuerta apenas ha estado tres años en los tribunales (la denuncia se presentó en 2021, un juzgado de Bilbao lo denegó en 2022 y ahora ha quedado resuelto en el Superior), el casoplón de 11 baños está en pleitos desde hace nueve años. Además, con el agravante de que se ubica en un suelo no urbanizable de especial protección.

En 2015, se presentó una demanda por parte la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 30 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente. Se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu, aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Además, la Diputación de Gipuzkoa, en un informe firmado el 7 de mayo de 2015 por el jefe de la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, concluía que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y «es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente». Agregaba que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que «es importante destacar» que la ley del Suelo «indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección».

Durante estos nueve años, han salido a la luz nuevas irregularidades. La familia Garrastazu acometió obras de urbanización para acceder al palacete sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia y en un área de especial protección. Por estas irregularidades, un juzgado de Azpeitia, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo de 2019. Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios, lo que luego llevó al archivo provisional de la investigación.

En el expediente urbanístico de la construcción del casoplón, solo existe un informe técnico (no hay otro jurídico), sin firma, que avala la construcción con el argumento, entre otros, de que la «atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa» explica que haya 11 dormitorios. «Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”.

De hecho, el expediente se mantuvo oculto durante un año por parte del Ayuntamiento de Aia hasta el punto de que la Fiscalía de Gipuzkoa apercibió, en abril de 2016, al Consistorio de un «delito de desobediencia» por negarse a facilitar el expediente urbanístico tanto por la Ertzaintza como por los demandantes.

En esta instrucción en la vía contenciosa, los denunciantes han argumentado que tanto el casoplón como la urbanización son ilegales, mientras que el Ayuntamiento y los promotores sostienen que las normas urbanísticas municipales permiten la construcción del nuevo palacete en un lugar distinto y que la superficie construida es prácticamente la misma a la del caserío original. 

Resulta incomprensible que el más alto tribunal en Euskadi haya resuelto en apenas un año un caso casi idéntico al del casoplón de 11 baños, con el que lleva tres años sin pronunciarse. El Superior vasco concluye que es ilegal la reconstrucción de un caserío moviendo la ubicación, como ha pasado en el palacete de Aia. Un casoplón con multitud de irregularidades: se edificó en una zona protegida un caserío nuevo (a 250 metros de otro derruido) argumentando que es una reconstrucción; duplicando la superficie; acometiendo una urbanización sin licencia y con numerosas lagunas, de transparencia y falta de datos, en el expediente urbanístico. El Tribunal Superior vasco debería resolver sus contradicciones: ilegaliza un caso y tiene en el cajón desde hace tres años otro prácticamente idéntico.