El juzgado de Azpeitia archiva la investigación del casoplón de 11 baños por “no practicarse” ninguna pesquisa en tres años

Un juzgado de Azpeitia ha archivado de manera provisional la investigación que había señalado cinco imputados en las obras del casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. Pero el motivo no se debe a la existencia o no de delitos sino porque “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos”. El juez no tiene en cuenta un informe de la Fiscalía de Gipuzkoa que, como informó este blog, pidió que siguiera la investigación.

En cambio, asume los planteamientos de la Audiencia de Gipuzkoa, que había argumentado que la investigación estaba concluida al haber finalizado el plazo. Un hecho debido a un flagrante error del juzgado y la Fiscalía que no pidieron la ampliación de las indagaciones. Durante los casi tres años desde que se abriera la investigación,  el juzgado número 2 de Azpeitia no ha practicado casi ninguna diligencia: la única adoptada fue la toma de declaración de los imputados, fijada para el pasado marzo y anulada por la Audiencia de Gipuzkoa por dictarse fuera de plazo.

El caso del casoplón es investigado desde hace cuatro años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa, que en una sentencia dictada el 4 de julio de 2018 por la Sección Tercera, se ratificó el archivo provisional al considerar que “no es una intervención constructiva de nueva planta” sino una “una intervención constructiva de sustitución”.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

Pese a que este juzgado quiso inhibirse del caso aduciendo que “se trataban de los mismos hechos” que la instrucción de la edificación del casoplón, recibió un fuerte tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa, que rechazó esta argumentación en un escrito firmado el 4 de septiembre de 2018.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, decidió por vez primera intervenir activamente y, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, citó como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo.

Los afectados recurrieron exponiendo diversas objeciones, entre ellas que el plazo de la instrucción había finalizado dos meses antes, en septiembre de 2018. Los recursos pasaron a ser examinados por la Audiencia de Gipuzkoa (y el juzgado suspendió las declaraciones cuatro días antes de la fecha fijada), que el pasado 24 de septiembre dictó un auto en el que anula la toma de los testimonios.

La Audiencia guipuzcoana señaló que la jueza María de Blas podía haber solicitado la ampliación de la instrucción judicial en septiembre del pasado año, cuando concluía el plazo fijado. Pero no adoptó esta decisión hasta febrero pasado, con lo que se incumple el plazo legal previsto. Ante ello agregó que la instrucción judicial terminó en septiembre de 2018 y, como la toma de declaraciones se acordó dos meses después (en el auto de diciembre de 2018), no se pueden realizar los testimonios de los cinco imputados.

La Fiscalía, en un escrito fechado el pasado 31 de octubre, rechazó esas argumentaciones de la Audiencia guipuzcoana y pidió una interpretación “flexibilizadora” de la ley para  que prosiguieran las diligencias.

Pero el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia lo ha rechazado. El actual titular (el tercero que se ha encontrado con el caso tras la salida de la juez María de Blas y su sustituta Arantzazu Brizuela), Adrián Camara, lo fundamenta en, un auto dictado el pasado 28 de noviembre, en que “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia, a la identificación de las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento”. El juez lanza una crítica a la magistrada que inició la investigación, María de Blas, al aludir a que la petición de toma de declaración de los cinco imputados se acordó “tardíamente”. En su auto, ni menciona la petición de la Fiscalía de que prosigan las indagaciones.

La consecuencia es que un caso con importantes indicios de irregularidades (la construcción de un palacete de 11 habitaciones y 11 baños en una ubicación diferente al caserío existente y duplicando la superficie en una zona de especial protección, con la urbanización acometida sin licencia) queda archivado, no por la inexistencia de delitos, sino porque se ha pasado el plazo sin practicar ninguna diligencia por parte de una juez….en casi tres años. Es decir, una actuación presuntamente delictiva queda en nada porque una jueza no ha hecho su trabajo. La Fiscalía de Gipuzkoa, también escasamente activa en las investigaciones, pide a última hora que prosigan y el nuevo juez ni siquiera le tiene en cuenta. ¿Es así como funciona la Justicia por estos lares?