La Fiscalía de Gipuzkoa exige que prosiga la investigación del casoplón de 11 baños y se tome declaración a los cinco imputados

El caso del casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo vuelve a enrevesarse.  La Fiscalía de Gipuzkoa rechaza, en contra de lo que pidió en septiembre la Audiencia de Gipuzkoa, que las diligencias judiciales sobre las irregularidades en las obras de urbanización del palacete (se acometieron sin licencia municipal) no puedan continuar y exige que prosiga la investigación, que incluye la toma de declaración de los cinco imputados: el ex alcalde de la localidad de Aia, el arquitecto y el aparejador municipales y dos miembros de la familia Garrastazu, los promotores del casoplón.

Ahora el juzgado número 2 de Azpeitia deberá decidir si hace caso a la Fiscalía o la Audiencia de Gipuzkoa, que había argumentado que la investigación estaba concluida al haber finalizado el plazo. Un hecho debido a un flagrante error del juzgado y la Fiscalía que no pidieron la ampliación de las indagaciones.

El juzgado número 2 de Azpeitia se ha mostrado poco activo en un caso en el que no ha practicado casi ninguna diligencia: la única adoptada desde que abrió las indagaciones hace ya más de dos años y medio era la toma de declaración de los imputados, fijada para el pasado marzo y anulada por la Audiencia de Gipuzkoa por dictarse fuera de plazo.

Como ha informado este blog, el caso es investigado desde hace cuatro años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa, que en una sentencia dictada el 4 de julio de 2018 por la Sección Tercera, se ratificó el archivo provisional al considerar que “no es una intervención constructiva de nueva planta” sino una “una intervención constructiva de sustitución”. El fallo no tuvo en cuenta los informes contrarios del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa a la construcción del casoplón en otro emplazamiento y cuestionó que la ley vasca de Urbanismo “permita únicamente el cambio de ubicación en el supuesto de reconstrucción por expropiación”.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

Pese a que este juzgado quiso inhibirse del caso aduciendo que “se trataban de los mismos hechos” que la instrucción de la edificación del casoplón, recibió un fuerte tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa, que rechazó esta argumentación en un escrito firmado el 4 de septiembre de 2018.

El ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio, Igor Iturain, uno de los cinco imputados.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, decidió por vez primera intervenir activamente y, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, citó como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo.

Los afectados recurrieron exponiendo diversas objeciones, entre ellas que el plazo de la instrucción había finalizado dos meses antes, en septiembre de 2018. Los recursos pasaron a ser examinados por la Audiencia de Gipuzkoa (y el juzgado suspendió las declaraciones cuatro días antes de la fecha fijada), que el pasado 24 de septiembre dictó un auto en el que anula la toma de los testimonios.

La Audiencia guipuzcoana señala que la jueza María de Blas podía haber solicitado la ampliación de la instrucción judicial en septiembre del pasado año, cuando concluía el plazo fijado. Pero no adoptó esta decisión hasta febrero pasado, con lo que se incumple el plazo legal previsto.

Ante ello señala que la instrucción judicial terminó en septiembre de 2018 y, como la toma de declaraciones se acordó dos meses después (en el auto de diciembre de 2018), no se pueden realizar los testimonios de los cinco imputados.

Ahora, la Fiscalía, en un escrito fechado el pasado 31 de octubre, rechaza esas argumentaciones de la Audiencia guipuzcoana y pide una interpretación “flexibilizadora” de la ley para “garantizar el ejercicio de la acción penal e impedir que el procedimiento penal pueda frustrarse indebidamente”.

El ciudadano de a pie tiene motivos para sentirse anonadado. Un caso con importantes indicios de irregularidades (la construcción de un palacete de 11 habitaciones y 11 baños en una ubicación diferente al caserío existente y duplicando la superficie en una zona de especial protección) en investigación desde hace dos años y medio sin practicar ninguna diligencia; una jueza que “no se da cuenta” que ha finalizado el plazo de instrucción y no acuerda la ampliación, como le permite la ley, y una Fiscalía que tampoco parece enterarse de ello. La Audiencia de Gipuzkoa ordena que se tome una decisión sin practicar ninguna prueba y la Fiscalía, que no hizo entonces su trabajo, contradice al alto tribunal y exige que siga la investigación judicial, incluyendo la toma de declaración de los cinco imputados. Parece poco serio.

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