El “pelotazo” urbanístico de Erandio se frena tras costar más un millón de euros a las arcas municipales

El “pelotazo” urbanístico público-privado de más de 20 millones de euros en Erandio se ha frenado tras haber costado más de un millón de euros a las arcas municipales, cerca del 2,5% del presupuesto anual del consistorio. La empresa constructora que iba a edificar 148 viviendas en la única zona verde que queda en el municipio, conocida como Tartanga, ha abandonado el proyecto por falta de rentabilidad. Pero el ayuntamiento sigue empeñado en continuar con una enrevesada operación para solventar una chapuza: proporcionar viviendas a 66 familias desalojadas de sus pisos hace ya 19 años por la negligencia de una constructora y a costa de recalificar la única zona verde del municipio. En el alquiler de los realojos, se han gastado ya más de 9 millones de euros en la última década.

En esta historia hay dos beneficiarios: una constructora, que ha ido cambiando en todos estos años, que puede obtener plusvalías por más de 16 millones de euros, y una sociedad pública de la Diputación de Bizkaia, Azpiegiturak, que va a embolsarse al menos 4,5 millones de euros.

Esta historia se remonta a 2005, cuando en una zona central de Erandio (el barrio de Altzaga), empieza una promoción de viviendas a cargo de la constructora Abaroa. Al de unos meses empiezan a aparecer grietas en unos pisos cercanos y finalmente 66 viviendas deben ser desalojadas por riesgo de derrumbe. Se suscita un gran conflicto y el entonces alcalde de Erandio Mikel Arieta-araunabeña (PNV) se compromete públicamente, en un pleno municipal en 2007, a facilitar una vivienda nueva a todos los afectados.

El ayuntamiento convence a los vecinos a renunciar a emprender acciones legales contra la constructora, Abaroa, para evitar una larga espera. Lo que al final no se ha evitado, ya que han trascurrido 19 años. Se compromete al realojo de los afectados, que curiosamente gran parte de ellos se realizan en otros pisos de la constructora, que desde 2009 ha estado cobrando 200.000 euros al año por estos alquileres. Los seguros de la empresa y los afectados acuerdan en 2011 una indemnización de 6 millones de euros, insuficiente para construir las 66 nuevas viviendas. Entonces se calculaba que se requerirían 13 millones. Esos 6 millones ya terminaron de consumirse en mayo de 2001 en el pago de los alquileres.

El ayuntamiento idea entonces la recalificación de la única zona verde del municipio, conocida como Tartanga, con 20.000 metros cuadrados. En vez de gestionarlo directamente, decide delegar toda la operación en la sociedad foral de infraestructuras, Azpiegiturak, dependiente de la Diputación vizcaína. Ambas instituciones firman en 2011 un convenio para acometer la operación.

El acuerdo supone que Azpiegiturak se encargue del derribo de las viviendas afectadas y la construcción de las nuevas en el barrio de Altzaga. A cambio, la sociedad foral recibe gratuitamente el solar de 20.000 metros cuadrados de la única zona verde. Pero no solo eso: puede construir, además de las 66 viviendas para los vecinos afectados, otras 47 adicionales en su beneficio y se le cede otro solar municipal donde puede ejecutar 75 viviendas más.

La sociedad foral, con el suelo de la zona verde gratis, solo tiene que abonar tres millones de euros: 1,5 millones en realojos y otros 1,5 para la adjudicación de los terrenos de la zona verde de Tartanga, ya que el suelo se valora en cerca de 10 millones. En mayo de 2017, Azpiegiturak  adjudicó por 10,8 millones de euros, sin IVA, a la constructora Murias el derribo de los inmuebles afectados (las demoliciones empezaron en enero de 2018) y la edificación de las nuevas viviendas para los afectados y las 47 adicionales. Esta empresa, a cambio, podía construir, si ninguna carga y sin pago alguno por el suelo, 402 pisos en Erandio.

Es decir, la sociedad foral de la Diputación vizcaína obtendrá al menos 4,5 millones de euros de plusvalías, procedentes de los 47 pisos que se construyen de más en Altzaga. El dato procede de los precios de venta de esos pisos en la web, cuya suma ronda los 7,5 millones de euros. A ello habrá que añadir el dinero que obtenga de las otras 75 viviendas que puede edificar en el otro solar cedido, aunque esta operación es a medio plazo.

La constructora Murias iba a obtener, según fuentes del sector, unos beneficios de 28 millones de euros por los 402 pisos, que, descontando los 12 millones (incluyendo el IVA) del pago por las viviendas que debe construir Altzaga, le proporcionaban un “pelotazo” de 16 millones. Pero Murias quebró y entró otra constructora, Jaureguizar.

Mientras, debido a los grandes retrasos en la construcción de los nuevos pisos para los vecinos afectados, el Ayuntamiento tuvo que empezar a pagar por los realojos. Los seis millones del seguro acordado con la constructora causante de esta chapuza y los 1,5 millones de la sociedad Azpiegiturak, destinado al abono de los alquileres,se agotaron en junio de 2021.

Las nuevas viviendas tuvieron un considerable retraso: las obras empezaron en 2017 y no finalizaron hasta el pasado año.  La consecuencia es que el ayuntamiento ha tenido que pagar, para los realojos, de sus arcas más de un millón de euros: 771.000 en 2021, 429.000 en 2022 y algo más de 200.000 el pasado año, según los datos del Consistorio. Y el propietario de los pisos donde han sido realojados, y que ha hecho negocio con ello, ha sido Abaroa, la constructora causante de la chapuza.

Con las nuevas viviendas para los vecinos realojados, ahora quedaba el desarrollo del plan urbanístico en Tartanga, que ha generado un gran rechazo social. Desde 2017 existe una asociación, Tartanga Berdea, que pugna por anular el proyecto.

La operación se ha frenado este verano, cuando la promotora Jaureguizar abandonó el proyecto por falta de rentabilidad, como adelantó El Correo.  De las 148 viviendas previstas en Tartanga, 70 son de protección (que ya estaban vendidas) y otras 78 tasadas. Pero, de estas últimas, solo se vendieron el 40%, con lo que la promotora no tenía la financiación suficiente. Ha tenido que devolver el dinero de los que compraron los pisos protegidos y abandonar el plan. El Ayuntamiento de Erandio ha afirmado públicamente que se buscará otra constructora y que la operación seguirá adelante.

Esta operación urbanística es un auténtico despropósito. Primero la protección a la constructora que ocasionó el problema, Abaroa, que se libró de las demandas judiciales de los vecinos. Que además se ha beneficiado luego por el cobro de alquileres de los realojos durante estos 16 años. Poco comprensible resulta que el Ayuntamiento no haya gestionado directamente la solución, que podía pasar por construir solo viviendas de más en la zona afectada, como por cierto finalmente se ha hecho. Y más sorprendente el papel de una sociedad pública de la Diputación vizcaína, que hace negocio a costa de urbanizar un área verde. Para financiar la construcción de 66 viviendas, se facilita edificar hasta 575 viviendas, casi nueve veces más. Solo los cuantiosos millones que se mueven detrás parecen estar claros en este desaguisado.