Una juez tiene bloqueada año y medio la investigación contra el exjefe de Urbanismo que avaló el casoplón de 11 baños

Una juez de Azpeitia tiene bloqueada año y medio la investigación contra el exjefe de Urbanismo en Zarautz que avaló el casoplón de 11 baños, cuyo derribo ha sido decretado por la Justicia por contravenir la ley vasca de Suelo . El funcionario está imputado desde hace ya dos años por el allanamiento de un despacho municipal del grupo Podemos Equo Berdeak. El juzgado de instrucción 2 de Azpeitia ya le tomó declaración en febrero de 2024, pero desde entonces la investigación está parada.

La juez encargada del caso no ha realizado ninguna diligencia posterior, pese a que tanto la acusación como la defensa han pedido la declaración de testigos que puedan aclarar lo sucedido.

Primero fue la acusación de la denunciante del caso, la entonces concejal de Equo Berdeak, que, pocos días de la declaración del imputado, solicitó al juzgado la toma de declaraciones a dos trabajadores y el portavoz del grupo cuyo despacho fue allanado. Y, en septiembre de 2004, la defensa del exjefe de Urbanismo solicitó igualmente la declaración ante la juez de otros tres trabajadores municipales.

Sin embargo, la titular del juzgado 2 de Azpeitia ha prorrogado ya la investigación por dos veces (en septiembre de 2004 y en enero pasado) sin practicar ninguna de las declaraciones pedidas. En los dos autos en los que ha ampliado el plazo de la instrucción judicial ha utilizado la misma coletilla. “Se acuerda practicar las siguientes diligencias: estar a la espera de la resolución sobre las diligencias solicitadas”. La última prorroga concluye el 22 de julio y a día de hoy siguen sin practicar las declaraciones de testigo solicitadas.

Este mismo juzgado es el que, por su inacción,propició el archivo inicial del caso. En un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización al ex alcalde de Aia desde 2003 a 2015 Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo de 2019. Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios, lo que luego llevó al archivo provisional de la investigación. ….

Como ha informado este blog, la imputación por allanamiento al exfuncionario de Urbanismo de Zarautz se produce tras unos hechos ocurridos entre mayo y junio de 2023. La denunciante fue la entonces concejal de Podemos Equo Berdeak (ahora sin representación municipal tras perderla en las elecciones de mayo de 2023), Oihane Delgado, quien fue informada por la trabajadora de la limpieza que su despacho estaba revuelto. En concreto, había “dos muebles de ficheros abiertos y algunos documentos revueltos en estanterías”, según la denuncia presentada ante la Ertzaintza el 1 de julio de 2023. La formuló poco después de que el exfuncionario le admitiese que había entrado en su despacho.

El juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia abrió una investigación a finales de 2023 y, en febrero de 2024, tomó declaración como investigado al exresponsable de Urbanismo. Afirmó que entró “con dos personas” en el despacho el 31 de mayo sobre las 8.15 horas porque, como iba a quedarse libre al perder Podemos su concejal, quería “tomar medidas” para usarlo para otros empleados. “No estuvimos ni dos minutos”, declaró.

Agregó que la entrada, que requiere una tarjeta electrónica, la hizo con la tarjeta de otra empleada y que no “tenía intención de espiar, ni robar nada”. Atribuyó la denuncia a la “inquina enorme” de la concejal contra su persona y aseguró que “me he sentido acosado”.

Sin embargo, la investigación de la Ertzaintza cuestiona que el allanamiento se produjera el 31 de mayo, ya que el registro de entradas de la empresa que controla las tarjetas electrónicas certifica que solo hubo dos entradas ese día, a cargo de la empleada de limpieza y están fechadas hacia las 15 horas. En su declaración, el exfuncionario no supo explicar por qué no aparece en el registro su entrada sobre las 8.15 horas.

El imputado fue el empleado municipal que refrendó en concreto la licencia para la acometida del agua al palacete, con una orden de demolición dictada el pasado 17 de enero por la Justicia.

En un informe firmado el 3 de junio de 2020 (cuando el casoplón ya llevaba cinco años de investigación judicial con múltiples irregularidades), el funcionario de Urbanismo concluyó que sería “injusto y temerario no autorizar la acometida de agua”.

La concesión de la licencia de agua aprobada por el Consistorio en 2015 se tramitó con varias irregularidades, como la falta de la preceptiva licencia de primera ocupación del palacete. El propio ayuntamiento de Zarautz, en un informe de sus técnicos municipales municipal fechado el 8 de junio de 2015, reconoció que es necesaria ese documento, como establece el artículo 214 de la ley vasca del Suelo. Pero el consistorio otorgó el permiso del agua el 17 de agosto de 2015 sin dicha licencia de primera ocupación. Este permiso se tramitó el 13 de noviembre de 2017, es decir dos años y tres meses después de aprobarse la acometida del agua.

Y la licencia de ocupación fue un documento “fantasma”, ya que apareció después de cinco años, tras la queja de Podemos Equo Berdeak en esta localidad pidiendo anular el permiso de acometida del agua. Pese a todo ello, el Ayuntamiento de Zarautz acordó mantener dicha licencia, como refleja un documento municipal del 5 de junio de 2020.

Con la tramitación de la licencia de agua, existen otras anomalías, ya que el Ayuntamiento de Zarautz también ignoró un informe de la Diputación de Gipuzkoa que certificaba que la construcción del palacete incumplía la ley. El Consistorio pidió, en mayo de 2015 antes de emitir su informe sobre la licencia, información sobre el casoplón a tres departamentos de la Diputación de Gipuzkoa. La solicitud, fechada el 13 de mayo y firmada por el entonces concejal de Urbanismo Iñaki Eizagirre, se justificaba por la petición de varios vecinos y un grupo ecologista.

La petición de información sobre el casoplón por parte del Ayuntamiento de Zarautz fue respondida pocos días después por los tres departamentos. En uno de los informes, firmado el 7 de mayo de 2015 por el jefe de la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, se concluye que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y «es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente». Agrega que los nuevos edificios residenciales en suelo no urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que «es importante destacar» que la ley del Suelo «indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección». Una argumentación idéntica a la sustentada ahora por el Tribunal Superior para ordenar la demolición.

Pese a este informe que ya apuntaba irregularidades en la edificación, el Ayuntamiento de Zarautz no lo tuvo en cuenta y concedió en agosto de 2015 la licencia de acometida de agua.

Otra actuación sonrojante de la Justicia. Un juzgado de Azpeitia tiene parada la investigación contra el exjefe de Urbanismo de Zarautz que avaló el casoplón de 11 años por no practicar ninguna pesquisa. No ha tomado las declaraciones de testigos solicitados en una denuncia por allanamiento de un despacho municipal. Pero tampoco decide si las va a practicar o no. El resultado es que el caso está bloqueado año y medio. Y encima es el mismo juzgado que imputo a cinco personas hace siete años por la construcción del casoplón, que quedaron absueltas por no practicar igualmente pesquisas. Alguien de la cúpula judicial vasca debería preocuparse por qué ocurre esta mala praxis y tomar las decisiones correspondientes.