El Ayuntamiento de Zarautz ignoró un informe oficial que veía ilegalidades en el casoplón de 11 baños

El Ayuntamiento de Zarautz se ve también salpicado por el caso del polémico casoplón del municipio de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. El Consistorio de Zarautz, ubicado al lado de Aia, ignoró un informe de la Diputación de Gipuzkoa que certificaba que la construcción del palacete incumplía la ley vasca del Suelo.

Y es que el Ayuntamiento de Zarautz pidió, en mayo de 2015, información sobre el casoplón a tres departamentos de la Diputación de Gipuzkoa. La solicitud, fechada el 13 de mayo y firmada por el entonces concejal de Urbanismo Iñaki Eizagirre, se justificaba por la petición de varios vecinos y un grupo ecologista.

Esas fechas coinciden con la tramitación de un polémico permiso de agua para la acometida del agua en el palacete. Un asunto que ha motivado una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos (el colectivo que impulsa desde hace cinco años las demandas contra el casoplón) por tratarse de un suelo no urbanizable, “no mencionar ninguna de las exigencias propias de una actuación en un Suelo No Urbanizable de Especial Protección” y carecer de la preceptiva licencia de primera ocupación del palacete. La denuncia ni siquiera ha sido aceptada por un juzgado de Azpeitia.

La petición de información sobre el casoplón por parte del Ayuntamiento de Zarautz fue respondida pocos días después por los tres departamentos. En uno de los informes, firmado el 7 de mayo de 2015 por el jefe de la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, se concluye que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y «es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente». Agrega que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que «es importante destacar» que la ley del Suelo «indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección».

Pese a este informe que ya apuntaba irregularidades en la edificación, el Ayuntamiento de Zarautz no lo tuvo en cuenta y concedió en agosto de 2015 la licencia de acometida de agua.

El caso del casoplón de 11 baños es investigado desde hace más de cinco años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente, a 250 metros de distancia; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia, aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón de 11 baños y que se trate de una nueva edificación.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo del pasado año.

Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios. Con esa situación, el actual titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia  (el tercero que se ha encontrado con el caso tras la salida de la juez María de Blas y su sustituta Arantzazu Brizuela), Adrián Camara, archivó de forma provisional la denuncia, en un auto dictado el pasado 28 de noviembre, con el argumento de que “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia, a la identificación de las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento”.

Los denunciantes presentaron entonces nuevos datos sobre las irregularidades en la licencia de acometida del agua y reabrir el caso, como establece la ley de enjuiciamiento criminal. Pero tras nueve meses sin respuesta, el juzgado de Azpeitia lo rechazó y así la vía penal queda archivada. El caso, sin embargo, seguirá en los tribunales con la intervención del juzgado de lo contencioso-administrativo, que había paralizado sus actuaciones mientras se investigaba el asunto penalmente.

La postura del Ayuntamiento de Zarautz de ignorar un informe contrario al casoplón, pedido por el propio consistorio, cuestiona de nuevo el interés general que deben defender las administraciones. El Ayuntamiento de Aia, donde se ubica el casoplón, ya permitió la construcción con informes contrarios del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa, obviando que se edificó a 250 metros del caserío original que estaba en ruinas y consintió la urbanización del palacete sin una licencia previa. Y el Consistorio de Zarautz pide datos a la Diputación sobre la situación urbanística y medioambiental y, cuando recibe indicios de ilegalidades, hace caso omiso y autoriza una licencia de agua. Parece una broma si no fuera un tema tan serio.