La Audiencia de Gipuzkoa ratifica el archivo de la investigación penal del casoplón de 11 habitaciones y 11 baños

Después de dos años, la Audiencia de Gipuzkoa ha archivado provisionalmente la investigación penal contra el del casoplón de Aia (Gipuzkoa), el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. El alto tribunal  estima que no hay pruebas suficientes para que existan delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la construcción del palacete, como sostienen los denunciantes.

Los principales argumentos de la sentencia, dictada el pasado 4 de julio por la Sección Tercera de la Audiencia guipuzcoana, son que  el casoplón, que se edificó a 250 metros de un viejo caserío, es una “intervención constructiva de sustitución” y “no una construcción de edificación nueva”; que la ley vasca del Suelo no determina claramente que se prohíba el cambio de emplazamiento original que si está amparada por la normativa municipal de Aia y que por tanto es “dificultoso de poder apreciar en la licencia concedida la concurrencia de un obrar arbitrario y doloso que da lugar a una actuación administrativa burdamente ilegal, que es en lo que consiste la prevaricación urbanística”.

Como ya ha informado este blog, los imputados han sido la familia de la concejal en Zarautz, Maite Garrastazu: aprovecharon un caserío en ruinas pero ejecutaron una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. Los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos.

La primera denuncia se interpuso en 2015, cuando la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente, se encontró con los accesos cerrados. Presentaron una denuncia en la Ertzaintza y un juzgado de Azpeitia abrió diligencias penales por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni  prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba  por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa.

La Audiencia de Gipuzkoa ha tenido desde hace justo dos años el caso entre sus manos hasta que lo ha resuelto ahora. El fallo se expone en 61 folios pero los argumentos principales se explican en los últimos siete folios. Sobre el cambio de ubicación, argumenta que “no es una intervención constructiva de nueva planta” sino una “una intervención constructiva de sustitución” y agrega: “siendo evidente que la actuación llevada no cumple las condiciones para ser considerada como intervención de reedificación”. Añade que está autorizada por las normas urbanísticas del municipio de Aia.

La Audiencia no tiene en cuenta los informes contrarios del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa a la construcción del casoplón en otro emplazamiento. “No revelan nada trascendente”, dice antes de asegurar que la ley vasca de Urbanismo “nada dice de la reconstrucción del caserío en la misma parcela pero en otro emplazamiento distinto. Y que ante la falta de regulación ha de estar a las NNSS de Aia”. Ante ello, reitera que no está claro que la ley vasca de Urbanismo “permita únicamente el cambio de ubicación en el supuesto de reconstrucción por expropiación”.

También asegura que “una nulidad de pleno derecho” de una actuación urbanística no implica que “la resolución sea constitutiva de delito”.

Con esta sentencia, que es firme, se reactivará la investigación por la vía contencioso-administrativo, parada desde hace dos años a la espera de la decisión de la Audiencia guipuzcoana. Y volverán a ponerse en marcha las pesquisas sobre el casoplón del  juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, que abrió en marzo de 2017 una investigación en este caso por las obras de urbanización de acceso al palacete. Se indaga un posible delito contra el patrimonio. En esta investigación, los denunciados son dos hermanas de la familia Garrastazu (quienes pidieron las licencias de obras de acceso), la alcaldesa y el anterior alcalde así como el secretario, el arquitecto y el aparejador municipales, que han avalado con sus informes las obras del casoplón.

Estas obras de urbanización se acometieron sin licencia, lo que provocó la apertura en el verano de 2016 de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Aia. Tras medio año sin tener noticias, la resolución dictada en febrero de 2017 fue rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convierte el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, califica el tipo de sanción (cuando tenía que haberla hecho en agosto), y cambia al instructor del expediente, que era el secretario municipal, por… otro funcionario del ayuntamiento cercano de Getaria. En vez de recurrir a la Diputación de Gipuzkoa, como establece igualmente la ley vasca de Suelo.

El fallo de la Audiencia guipuzcoana paraliza de momento la vía penal del caso, que seguirá ahora por la vía contencioso-administrativa. Llama la atención en cualquier caso que no califique como nueva vivienda algo que salta a la vista y no analice que el palacete tiene el doble de superficie respecto al viejo caserío. Y que interprete la ley vasca de Urbanismo, que permite un cambio de emplazamiento solo en casos de expropiación, como escasamente clarificante. Como no prohíbe lo acometido en el casoplón, tampoco se incumple la ley. Peligroso argumento que puede utilizarse en muchos supuestos.

Las sombras en cualquier caso siguen sin aclararse: cómo se pide un permiso para remodelar un caserío en ruinas en 2010, se modifica la licencia para ubicarlo 200 metros más allá en un área de especial protección y duplicando la superficie original, se acometen las obras de acceso sin licencia y todo ello con un sospechoso amparo municipal.