El Gobierno vasco multa con 3.000 euros al Mundaka Festival por invadir espacio público

El Gobierno vasco ha impuesto una multa de 3.000 euros a los organizadores del suspendido Mundaka Festival por la invasión de espacio público. La Agencia Vasca del Agua, Ura, ha resuelto así el expediente que abrió hace ahora un año por no habilitar una franja de al menos tres menos de ancho junto a los acantilados de la península de Santa Catalina, donde desde 2015 a 2018 se ha celebrado el festival.

Aunque aún cabe un recurso, los sancionados, la asociación privada Emankor Sarea, ya ha abonado los 3.000 euros, según han confirmado a este blog fuentes oficiales.

Este fin de semana se celebra en Bermeo el festival que le ha sustituido, el denominado Bay of Biscay Festival, también con acusaciones de oscurantismo.

El expediente resuelto nació por la iniciativa de la asociación Zain Dezagun Urdaibai (en defensa de la reserva de la biosfera de Urdaibai), cuyos miembros, el pasado año, en el día de la inauguración del Mundaka Festival, trataron de acceder por la zona libre de acceso que había impuesto la Agencia Vasca del Agua. Esta entidad pública obligó en 2017 a que se habilitara un acceso junto a los acantilados para el uso público, hasta entonces cerrado totalmente. La existencia de un paso público, según la ley estatal de Costas, se debe, además de una protección del medio natural, a la obligatoriedad de disponer de un acceso para cualquier emergencia junto a la costa.

Los miembros de la plataforma ciudadana intentaron acceder por esa zona pero fueron parados por los guardas de seguridad del Mundaka Festival.

Esos días la plataforma ya comprobó que el acceso no cumplía los tres metros de ancho impuestos e interpuso una denuncia en la que señalaba, entre otras cuestiones, que «el escenario principal no cumple la norma de la distancia mínima al borde de la costa». La denuncia fue enviada al Ayuntamiento de Mundaka, la Agencia Ura, la Demarcación de Costas del País Vasco y el Patronato de Urdaibai.

Ura fue la única entidad que contestó. Se realizó una visita de comprobación y el  27 de julio del pasado año, un responsable de Ura anunció a Zain Dezagun Urdaibai que abría un expediente de queja (con el número de identificación DNZ-B-2018-0003) y mostraba su disposición a concertar una reunión «lo más rápido que podamos» para tratar el asunto.

Desde entonces se ha ido completando el expediente sancionador, que ha culminado este mes con la multa de 3.000 euros por “tránsito impedido en dominio público marítimo terrestre”.

El Mundaka Festival, tres días de conciertos  en la reserva de la biosfera de Urdaibai, en la localidad de Mundaka, ha estado envuelto en la polémica desde el principio. El primer año, en 2015, se incumplió la ley de Urdaibai, al rehusar  los organizadores a pedir el permiso tras un informe técnico del Patronato de Urdaibai, el órgano que gestiona la reserva de la biosfera, que cuestionaba el evento. En 2016, otro informe técnico del Patronato concluyó que el festival “no se adapta” a la ley de Urdaibai, al incumplir el artículo 89, debido a que las instalaciones “no presentan un carácter de titularidad pública”.

Tras el revuelo originado por el informe, se ideó un convenio entre el Ayuntamiento de Mundaka y los organizadores, mediante el que el consistorio subrogaba las instalaciones y así se salvaba su naturaleza privada. Un convenio especialmente beneficioso para los promotores: el Ayuntamiento de Mundaka suministra la electricidad, agua, recogida residuos e incluso seguridad policial a los organizadores sin cobrar ninguna tasa por ello. Todo lo contrario con cualquier actividad recreativa como son las barracas. A ello agrega la cesión del polideportivo municipal ubicado junto al área del Festival, cerrado tres días para los vecinos de Mundaka.

Además, tras cuatro años de oscurantismo total sobre su financiación, el pasado verano se conoció por primera vez los datos de ingresos y gastos de un festival que ha recibido hasta ahora casi 350.000 euros de ayuda pública. La conclusión más significativa es que apenas vende 2.000 entradas durante los tres días del festival, un tercio o incluso una cuarta parte de los asistentes según las cifras aportadas por la organización, la asociación privada Emankor Sarea.

En abril pasado, tras mantenerlo oculto durante dos meses, los organizadores anunciaron que el festival se trasladaba a Bermeo; las continuas ilegalidades obligaron a cambiar de ubicación y nombre.

Pese a que el Ayuntamiento de Bermeo (entonces gobernado por EH Bilbu, partido que ha sido descabalgado del poder por el PNV desde junio) se comprometió a informar al resto de grupos sobre las condiciones de celebración del controvertido festival, ha mantenido una actitud oscurantista. Únicamente transmitió que no habría el gratis total que pretendía Emankor Sarea, un privilegio del que se ha beneficiado en Mundaka durante las  tres primeras ediciones. Solo en 2018, tras la gran presión social, el ayuntamiento de Mundaka le giró tres facturas de casi 20.000 euros por el uso del polideportivo municipal (cerrado a los vecinos durante tres días), la ocupación de espacio público en la península de Santa Catalina y el disfrute exclusivo de aparcamientos públicos.

Tras cuatro años en que una zona pública de la costa ha estado cerrada a cal y canto para la ciudadanía, la Administración ha sancionado esa conducta. Aunque solo en relación a la anterior edición y con una multa no demasiado importante. Solo es una de las irregularidades de un evento que  ha incumplido la ley de Urdaibai, no ha pagado tasas municipales, ha dejado sin servicios a los vecinos de Mundaka y ha regalado la mayor parte de las entradas para camuflar la escasa asistencia de público. Veremos lo que pasa ahora en la nueva ubicación de Bermeo.