El Tribunal Supremo investiga un polémico plan urbanístico que exige 2,1 millones de euros a 59 vecinos de Mungia

Desde hace 10 años, los propietarios de una urbanización en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. El Tribunal Supremo investiga desde el pasado año esta si es legal o no la pretensión del Consistorio, que ha mantenido oculta durante años esta petición económica, que supone una media de 42.000 euros por vecino. En nueve casos, se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros.

Esta historia se sitúa en el barrio de Larrabizker, una zona de 11 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación  del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 25 hectáreas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de los 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, ya se incluye un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no aparecía por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización.

Los vecinos afectados ya habían empezado a movilizarse contra estas actuaciones y, en sus primeros contactos con la entonces alcaldesa Izaskun Uriagereka (PNV), recibieron la información de que los costes serían mínimos, alrededor de 3.000 euros por familia. Pero la publicación oficial de las cargas millonarias en 2013 y la aprobación del proyecto de reparcelación, con la inclusión de esos costes, por el ayuntamiento en octubre de 2014 les llevó a iniciar un pleito judicial. Un juzgado en Bilbao, en 2016, y el Tribunal Superior vasco, en 2018, dieron la razón al ayuntamiento.

Los afectados recurrieron al Tribunal Supremo que, en contra de lo habitual en estos casos (suele archivar estas denuncias en la mayoría de las peticiones que recibe), ha abierto una investigación centrada en la caducidad del expediente de reparcelación. Dicho expediente se abrió en agosto de 2012 pero no se aprobó definitivamente hasta octubre de 2013. Es decir 14 meses después, cuando la ley de procedimiento administrativo fija un plazo máximo de tres meses.

El Supremo, en un auto dictado el 10 de diciembre de 2018, ha abierto una investigación sobre dicha caducidad que, de confirmarse, tumbaría el proyecto urbanístico en este barrio de Mungia.

Ante esta decisión del Tribunal Supremo, el Consistorio de Mungia encargó un informe a una catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco sobre este litigo. El experto, en un escrito firmado el pasado 17 de septiembre, ve justificado alcanzar un acuerdo extrajudicial con los vecinos. Considera que existen “un 50%” de posibilidades de que el Supremo dé la razón a los vecinos y, en este caso, cifra en hasta 700.000 el coste de los perjuicios económicos para el consistorio. Pero el Ayuntamiento lo ha rechazado.

Los costes para los vecinos se han ido incrementado, ya que de los 1,5 millones que aparecían en el inicial proyecto de reparcelación, ha subido hasta los 1,8 millones, a los que se deben incluir conceptos como gastos generales, beneficio industrial e IVA. Así, la cifra total supera ya los 2,1 millones. Todo ello sin contar el previsible incremento que suelen tener todas las obras.

De nuevo, una operación urbanística muy sospechosa. Un ayuntamiento que cambia sin ninguna transparencia una clasificación urbanística que afecta a 59 propietarios y que les oculta durante cuatro años el pago de cantidades millonarias, nada menos que en algo tan serio como el Boletín Oficial del territorio. Y el Tribunal Supremo que abre una inusual investigación en este tipo de casos. No pinta  nada bien, otra vez más, la gestión pública.