Mungia admite al juez que su polémico plan urbanístico carece de un estudio específico de impacto ambiental

El Ayuntamiento de Mungia ha admitido ante un juez que el polémico plan urbanístico de Larrabizker carece de un estudio de impacto ambiental específico. Asegura que solo existe un informe conjunto de 2006 sobre áreas urbanizables en el municipio, sin tener en cuenta que parte del área de Larrabizker está clasificada como urbana. Desde febrero, un juez de Bilbao investiga la falta de estudio de impacto ambiental (un requisito imprescindible para las urbanizaciones) y el sobreprecio de las cargas urbanísticas en este controvertido plan, que impone el pago de más de 2,1 millones de euros a más de medio centenar de propietarios en las cargas de urbanización.

Como ha informado este blog, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. Pero es que a 20 propietarios de las viviendas más nuevas (unos chalés adosados) solo se les impone un pago de alrededor de 600 euros por cada inmueble.

Desde hace 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación  del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, ya se incluye un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no aparecía por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esta cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los afectados presentaron una presentaron una demanda el 31 de enero y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao  inició una investigación el pasado 3 de febrero. Los denunciantes inciden, además de en el sobreprecio de las cargas urbanísticas, en la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización “que afectan a 36 hectáreas de suelo muchas de las cuales son de naturaleza rústica, soporte de diversos hábitats de especies arbóreas y llegan a afectar a zonas ambientalmente sensibles”. Agregan que solo se ha sometido a informe de evaluación ambiental la modificación de las normas subsidiarias, pero “no el proyecto de obras como tal”.

El Ayuntamiento de Mungia ha tratado de parar la investigación judicial por cuestiones formales pero, como ha informado este blog, esta pretensión fue rechazada, el pasado 12 de mayo, por el titular del juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao. Ante ello, el consistorio ha presentado sus alegaciones a la demanda.

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En un largo escrito de 81 folios formulado el pasado el 17 de junio, el Consistorio argumenta, sobre el estudio de impacto ambiental (ver página 68), que existe un informe de 2006 que cumpliría ese requisito. El estudio se refiere a un informe de impacto ambiental de toda el área urbanizable de Mungia, pero sin tener en cuenta que la zona de Larrabizker donde residen los vecinos denunciantes está clasificada como urbana.

El ayuntamiento argumenta que este proyecto “no necesita someterse a un nuevo procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental” y que las obras de urbanización solo requieren estudio de impacto específico cuando “afectan a zonas especialmente sensibles”, existe una transformación “del tipo de aprovechamiento del suelo” o la eliminación de la “cubierta arbustiva o arbórea”, circunstancias “que no concurren en el presente caso”. Los vecinos afectados aseguran, en cambio, que hay una afección ambiental, ya que existen acuíferos que, por las obras han provocado inundaciones, y se han destruido varias zonas de arbolado.

El juez debe determinar ahora si la carencia del estudio de impacto ambiental es motivo suficiente para anular el proyecto de Larrabizker. Un plan urbanístico que ha obligado al pago de unos costes de urbanización a vecinos que estaban en un suelo urbano, algo prohibido por la ley. Una nueva irregularidad en un caso llevado con escasa transparencia por el Ayuntamiento de Mungia.