La familia de la ex alcaldesa de Lezama devuelve 1,5 millones por el frustrado pelotazo

A la familia del alto cargo de la Diputación de Bizkaia y ex alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia, su negocio inmobiliario le ha salido mal… por ahora. La frustrada venta del solar de los Etxeandia a dos constructoras, una recalificación que es investigada por segunda vez por la Justicia, les ha obligado a devolver 1,5 millones de los casi 2,2 millones de euros percibidos hace casi 9 años como adelanto de una operación que les iba a reportar unos beneficios de 5,5 millones de euros.

La historia arranca en 2007, ocho meses antes de que el Ayuntamiento de Lezama, entonces ya con Alaitz Etxeandia como alcaldesa, recalificara como urbanizable el solar familiar de Txupetxa, ubicado junto al río Asua y considerado inundable desde 1993. En concreto, el 16 de febrero de 2007, el padre de la ahora directora de la sociedad foral Biscaytik, una tía y cuatro primos firmaron un acuerdo de venta por 6 millones de euros. Ese mismo día recibieron 646.088 euros y el resto, que se abonaría también en metálico, lo percibirían una vez dispuesto el suelo para la edificación.

Al aprobarse el planeamiento  que recalificaba el solar, las empresas se percataron de que el terreno no pertenecía en exclusiva a los Etxeandia y empezaron las discrepancias Las constructoras exigieron renegociar el acuerdo pero los Etxeandia presentaron en 2009 una denuncia en los juzgados reclamando los 5,5 millones pendientes. Una demanda que, para desgracia de los promotores, permitió conocer la jugosa operación económica y que se plasmó en un auto del 2 de julio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao.

[pullquote]El pacto de compraventa supuso el pago en metálico y en especie, con viviendas, lonjas y garajes[/pullquote]

El pacto supuso supuso (añadiéndose a los 646.088 euros ya recibidos en 2007) el pago en metálico, en dos plazos materializados en abril de 2009, de 450.000 y 1.085.586 euros respectivamente. En esta última cantidad se incluía un piso en el barrio bilbaíno de Miribilla, que se valoraba en 300.000 euros, para uno de los primos de la alcaldesa. Con ello, los Etxeandia recibieron 2.181.674 euros. Los otros 3.095.212 euros restantes se ibana pagar en especie: 10 viviendas, una lonja y cuatro garajes del solar de Txupetxa.

El acuerdo tenía un plazo: para abril de 2011 el Ayuntamiento debía concluir todos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar. En caso contrario, la familia de la alcaldesa debería reintegrar a las constructoras los 2.181.674 euros cobrados, más lo estipulado por daños y perjuicios.

La denuncia presentada por la plataforma vecinal Lezama Bizirik  supuso la anulación en 2009 por el Tribunal Superior vasco de todo el planteamiento urbanístico del municipio y, por consiguiente, de la recalificación del solar de los Etxeandia. De ahí que, pese a la anulación, la alcaldesa se afanó en aplicar el plan urbanístico de Lezama pero solo impulsando los proyectos para urbanizar su solar. Fue (otro dato esclarecedor) la única actuación urbanística que se puso en marcha en Lezama. Y no salió gratis: el ayuntamiento se gastó en estos proyectos para el solar de los Etxeandia más de 100.000 euros. Hasta que, en tres fallos diferentes, en 2012,los tribunales declararon ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Con toda esta controversia, las constructoras empezaron a reclamar los 2,2 millones adelantados por no cumplirse los plazos para la ejecución del proyecto. Enviaron hasta seis requerimientos notariales a los Etxeandia pero sin respuesta y en 2013 presentaron una demanda civil para recuperar su dinero. Reclamaban la cantidad depositada, más otros 600.000 euros en concepto de intereses y costes: en total cerca de 2,8 millones. De esa cifra, la mitad se exigía al padre de la alcaldesa. Las empresas censuraron entonces que el Ayuntamiento “sigue maniobrando a su favor [de los Etxeandia]. En el nuevo plan urbanístico copia el Txupetxa anterior”. Agregaron que incluso recibieron un escrito de los Etxeandia, sin ninguna referencia a los 2,2 millones, en el que se dice que “se resucita [el plan urbanístico de Txupetxa] y que el contrato es válido”.

Pero el auto judicial de la compraventa apenas dejaba resquicios. Las constructoras reclamaron su ejecución y el padre de Alaitz Etxeandia y tres primos aceptaron devolver el adelanto económico: algo más de 1,5 millones de euros. Las empresas renunciaban a exigirles intereses. Pero una tía (ya fallecida) y otro primo han rehusado devolver su parte, un 28%, que supone 610.868 euros. Las constructoras ya son pesimistas en recuperar este dinero y tendrán que quedarse con esa parte del solar de nuevo recalificado.

Con el asunto de nuevo en los tribunales y los antecedentes, habrá que ver si los Etxeandia logran (o han logrado ya) otros compradores para sus terrenos. El empeño cumple ya 10 años. Llevarse 5,5 millones de euros debe ser razón suficiente para que un cargo público llegara a negar que los terrenos fueran de su familia y hasta en tres ocasiones votó a favor de la recalificación pese a sus intereses directos. Es lo que tenemos y seguramente nos merezcamos mientras este tipo de conductas sigan impunes.

 

 

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