Bermeo mantuvo, con un informe ilegal, 6 años de acoso a un vecino que denunció un «pelotazo» urbanístico

El Ayuntamiento de Bermeo ha mantenido, basándose en un informe ilegal , el acoso durante casi seis años a un vecino que denunció un «pelotazo» urbanístico (y los tribunales le dieron la razón) . El Consistorio ha admitido ahora que el expediente abierto contra el residente José Antonio Erkoreka estaba caducado desde 2014. Con dicho expediente, las autoridades de Bermeo allanaron su vivienda en mayo de 2019.

Cualquier expediente urbanístico debe resolverse en tres meses y este ha sido el argumento esgrimido todos estos años para la defensa de Erkoreka para que acabara el acoso y lo que hubiera impedido cualquier allanamiento de la propiedad. 

El afectado ha ganado seis pleitos al ayuntamiento por sus denuncias de una recalificación urbanística en Bermeo, que convirtió unos suelos urbanizables en urbanos. Una sentencia en 2014 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, confirmada en 2016 por el Supremo, decretó la ilegalidad de los pisos construidos en el barrio de San Miguel. Pese a ello, las viviendas quedaron legalizadas por un acuerdo municipal, en un ejemplo de urbanismo a la carta. El Consistorio asumió que el que el suelo seguía como urbanizable, pero sin las cargas urbanísticas que obliga esta calificación. Es decir, sin el 65% de vivienda protegida, ni dotaciones docentes y deportivas. La «solución» fue traspasar esas cargas, y los costes económicos que conllevan para los promotores, a futuros bloques de viviendas en todo el municipio de Bermeo.

Esta la historia de alguien que denuncia un delito urbanístico y, en vez de ser protegido y más tras dictaminar los tribunales que se incumplió la ley, empieza a ser acosado por su ayuntamiento.

El vía crucis comenzó en 2013, cuando el vecino denunció la reclasificación de terrenos en el barrio de San Miguel.  Ercoreca tiene un solar en la zona y en 2008 le habían denegado la petición de que pasaran de la clasificación de urbanizables a urbanos (un cambio sustancial ya que evita gastos de urbanización, la entrega al ayuntamiento del 15% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre). En cambio, un constructor, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, logró en 2012 la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo que le beneficiaba a él, pero no al solar adyacente de Erkoreka.

Dos meses después de presentarse la denuncia, en abril de 2013, el constructor denunciado demandó al vecino por la construcción de un caserío a partir de, según su escrito, una caseta rural. En solo dos días, el arquitecto municipal emitió un informe contrario sobre la vivienda y en menos de un mes, el consistorio, entonces gobernado por EH Bildu, abrió un expediente disciplinario que, sorprendentemente, fue calificado de “penal” por la alcaldesa Idurre Bideguren (EH Bildu) en el Boletín Oficial de Bizkaia. A finales de ese año, en diciembre de 2013, sin realizar ninguna inspección ocular, el consistorio bermeano inició el expediente de demolición del caserío del vecino. Seis meses después el ayuntamiento rectificó y lo transformó en una inspección urbanística.

Entre 2015 y 2017, los tribunales rechazaron hasta en tres ocasiones la autorización de entrada al caserío. Pero, en abril de 2019, en plenas vacaciones de Semana Santa, la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Bilbao, Olatz Aizpurua, dictó un auto en el que permitió la entrada en el caserío sin aceptar ninguna alegación ni defensa por parte de José Antonio Erkoreka. Argumentó, sin examinar si el expediente era legal o no, que si una administración tiene abierto un informe de este tipo es suficiente para pedir una autorización judicial de entrada en un domicilio. El allanamiento se materializó el 22 de mayo de 2019, unos días antes de las elecciones municipales que supusieron un vuelco electoral: el PNV arrebató la alcaldía a EH Bildu.

El nuevo ayuntamiento, tras una petición del vecino, solicitó a la secretaria municipal un informe sobre el caso, que en julio de 2019 dictaminó que expediente estaba caducado desde principios de 2014 al haber “transcurrido más de tres meses sin dictar resolución”.

Ante este informe, el alcalde de Bermeo Aritz Abaroa dictó en agosto de 2019 un decreto en el que declara la caducidad del expediente abierto “ordenando su archivo”.

Como ha informado este blog, en este caso el Ayuntamiento deberá además indemnizar con más de 100.000 euros al constructor al que permitió esta reclasificación ilegal para construir 40 pisos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado que el Consistorio es responsable de aprobar una operación considerada ilegal por los juzgados que sin embargo benefició al constructor, que finalmente logró edificar 16 pisos. Concluye que el constructor incurrió en gastos de proyectos y urbanización por casi 109.000 euros que deben ser asumidos por el Ayuntamiento.

Es inaudito que una administración haya sostenido durante casi seis años un acoso a un vecino basándose en un expediente ilegal, puesto que estaba caducado. Ha tenido que cambiar el gobierno municipal (de EH Bildu, que impulsó las coacciones, al PNV) para que se “den cuenta” de la caducidad del expediente, que estaba en esa situación, nada más y nada menos, desde 2014. Y debe ser casualidad que el damnificado es una persona que denunció un “pelotazo” urbanístico cuya ilegalidad está confirmada por la Justicia. Una Justicia que también queda en entredicho por no haberse percatado de la caducidad y permitir el allanamiento de su morada. Pero no pasa nada: aquí tampoco hay culpable alguno.