Sopela mantiene su plan para reducir viviendas protegidas pese al informe contrario del Gobierno vasco

El Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia) mantiene su propósito de reducir las viviendas protegidas en el municipio, tras el informe del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco que ha frenado el cambalache urbanístico en el sector de Abaro. Un escrito del responsable de Ordenación Territorial había rechazado rebajar del 100% al 75% los pisos de protección en un barrio de este municipio, como pretende el Ayuntamiento. Se trata de un área de casi 7 hectáreas donde se preveía construir 520 viviendas protegidas.

La intención del alcalde Josu Landaluze (PNV) es redactar el primer plan general urbanístico (la localidad funciona con normas subsidiarias de hace más de 20 años) en el que se asuma que no se construirán el número de viviendas protegidas que exige la ley vasca. Así lo transmitió el alcalde, en una reunión celebrada el pasado 5 de noviembre con todos los grupos políticos municipales y técnicos y asesores externos.

Como ha informado este blog, en Sopela, el planeamiento urbanístico de la localidad se basa en normas antiguas de 1999 y en 2012 el Gobierno vasco y el Ayuntamiento firmaron un convenio en el que se fijaba que todas las viviendas protegidas (VPP) del municipio se iban a concentrar en un área de suelo urbanizable llamada Abaro. Es un modelo que beneficia a las otras áreas urbanizables que, al estar eximidas de construir VPP, tienen muchos más beneficios económicos con la venta de vivienda libre.

Ese mecanismo ya se aplicó en el municipio vizcaíno de Bermeo en la década pasada: el ayuntamiento introdujo toda la vivienda protegida en un área. “De esta forma nunca se hacen y la vivienda protegida se queda sin construir”, explica un experto urbanista.

En 2017, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya declaró ilegal una operación urbanística en Bermeo, al advertir que el  traspaso de la vivienda protegida de un solar a otro es un caso de urbanismo a la carta. “Evidencia una desproporción, una clara desigualdad de trato…y es expresiva de un urbanismo a la carta que no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad”, señaló el fallo del Tribunal Superior

El cambalache en Sopela está avalado por el arquitecto municipal y un informe externo urbanístico, con el argumento de que la ley de Suelo exige un 75% de vivienda protegida en una nueva área urbanizable y no el 100%. “Se mantiene la edificabilidad urbanística en los ámbitos, no se modifican las determinaciones del planeamiento estructural, habiéndose modificado únicamente el planeamiento pormenorizado”, justifica el arquitecto.

Pero esta medida fue recurrida por el concejal de Denok Batera Sopela, Jon Andoni Gerediaga, quien argumentó que incumple la ley vasca de Suelo. El Gobierno vasco le dio la razón. En un informe, firmado el pasado 26 de octubre por el responsable de Ordenación Territorial, se concluye que “no es posible” dicha reducción de VPP ya que al área de Abaro se ha “transferido aprovechamiento de vivienda protegida de otros ámbitos del municipio”.

El informe explica que una medida de este tipo “no puede ser modificada vía plan parcial. Una determinación de la ordenación estructural como es el estándar de vivienda protegida debe ser modificada a través de una modificación puntual de las normas subsidiarias”.

Esta problemática fue tratada en la reunión celebrada en el ayuntamiento de Sopela el pasado 5 de noviembre. El alcalde defendió que se reduzca al 75% la vivienda protegida en el sector de Abaro y que la vía para acometerla es aprobar un plan general (PGOU) que contempla esa reducción de VPO y, al mismo tiempo, desarrollar la operación urbanística en Abaro sin modificar nada. “Hay que dar el paso por que esta espada de Damócles (en referencia al incumplimiento de la construcción de vivienda protegida en el municipio) la vamos a tener siempre”, se expresa en el acta de la reunión.

En la misma reunión, la arquitecta municipal Eider Goia resaltó que la normativa sobre construcción de viviendas protegidas “no vamos a cumplir en ningún momento”. “Las normas subsidiarias hablan de 800 viviendas VPP y, si se calcula ahora mismo, igual se tenían que haber construido el doble y ese déficit no es compensable por ningún PGOU”.

De nuevo, la intención de un ayuntamiento de amoldar el urbanismo a unos intereses que pasan por reducir la cuota obligatoria de viviendas protegidas. Incluso reconociendo abiertamente que no se puede cumplir la ley. Otra vez se piensa más en los intereses privados que en los públicos.